La Pobla de Vallbona asfixia a los agricultores del norte del municipio por el bloqueo de una depuradora
La gestión urbanística en la denominada zona norte de La Pobla de Vallbona ha derivado en un conflicto social y económico que mantiene bloqueadas a más de 1.200 viviendas y 350 parcelas. La Unió Llauradora denuncia una situación de “parálisis administrativa” y “opacidad” por parte del Ayuntamiento que afecta gravemente a los agricultores del sector clasificado como suelo urbano extensivo, un ámbito que en su gran mayoría proviene históricamente de suelo rústico.
Los propietarios de la zona norte denuncian que se encuentran en un estado de indefensión jurídica y económica que califican de “desrecalificación de hecho encubierta”. El malestar es especialmente profundo entre aquellos agricultores que adquirieron parcelas al propio Ayuntamiento en el año 2004 a precios de mercado urbano —unos 80 euros por metro cuadrado— pero que sufren un bloqueo de licencias desde el año 2017, y han visto cómo su patrimonio perdía todo valor comercial.
La razón que se da desde el Ayuntamiento es que hasta que no se construya la EDAR (Estación de Aguas Residuales) del Carraixet, que engloba también a Bétera, Serra y Olocau, no se pueden dar licencias. Los afectados afirman que esta situación impide cualquier planificación de futuro o relevo generacional, ya que las fincas, mayoritariamente cultivadas con cítricos y hortalizas, están atrapadas en un vacío administrativo donde no se permite ni la edificación de nuevas viviendas ni la rehabilitación de las existentes, por muy deterioradas que estén.
Ante esta parálisis los agricultores exigen poder urbanizar de forma provisional mediante sistemas de autodepuración estancos o fosas sépticas homologadas, tal y como afirman que se permite en municipios colindantes como Olocau o Serra que comparten el mismo acuífero y el mismo retraso en la depuradora. Sostienen que el silencio del Ayuntamiento ante sus escritos oficiales es “inadmisible” y reclaman un calendario realista que ponga fin a una década de incertidumbre que está arruinando proyectos familiares y empresariales en el Camp de Túria.
La defensa de Urbanismo: “La pelota está en el tejado de la Conselleria”
Este problema es lidiado desde 2015 por Juan Aguilar, concejal de Urbanismo del partido independiente CUPO que en sus primeros ocho años estaba en un gobierno con Compromís y desde 2023 está con el PP. Aguilar ha defendido la gestión municipal asegurando que el Ayuntamiento ha hecho los deberes pero se encuentra atado de pies y manos por la administración autonómica: “La pelota está en el tejado de la Conselleria desde hace mucho tiempo”, y es que es la EPSAR de competencia autonómica quien tiene que construir previamente la depuradora.
El edil explica que hasta que la EPSAR no entregue el proyecto definitivo de la depuradora, el consistorio no puede aprobar los proyectos técnicos de los colectores locales. Por otro lado insiste en que no se pueden aceptar soluciones provisionales como las fosas sépticas, ya que una consulta realizada a la Conselleria en 2017 -entonces con el gobierno progresista del Botànic- confirmó que la ley prohíbe este sistema para otorgar la condición legal de solar. Además Aguilar señala que su uso masivo “es insostenible medioambientalmente para los acuíferos, y económicamente para los los propios afectados por los costes de vaciado”.
El portazo municipal a la devolución del IBI y la revisión catastral
Respecto a las reclamaciones económicas de los propietarios, el Ayuntamiento ha emitido una resolución desestimando íntegramente la devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la revisión del Catastro. El informe jurídico municipal sostiene que el IBI grava la titularidad del derecho de propiedad y no la prestación de servicios urbanísticos, por lo que el hecho de no tener alcantarillado no exime del pago del impuesto en suelo urbano . Además, el consistorio aclara que los valores catastrales vigentes desde 2011 ya incorporan coeficientes reductores de valor (0,60 para UA y 0,80 para NU) precisamente por tratarse de terrenos con el desarrollo urbanístico pendiente.
El Ayuntamiento recuerda que aquellos valores fueron “actos firmes y consentidos” que los propietarios no impugnaron en su momento, por lo que ahora no cabe una revisión con efectos retroactivos.
El proyecto definitivo, antes del verano
Por su parte, la Conselleria de Territorio ha afirmado que ya se ha desbloqueado el proyecto de la furutra Depuradora del Carraixet, una infraestructura de gran inversión con un presupuesto de 30 millones de euros. Así el gobierno autonómico señala que el proyecto definitivo ya ha sido entregado para su supervisión, por lo que “el reloj empieza a contar”, y justifica el retraso por la complejidad de la estación depuradora que también se plasma en el coste económico.
Según el cronograma previsto, el documento técnico revisado será entregado a los alcaldes de los municipios implicados antes del verano de 2026. El objetivo es que, tras completar el proceso de aprobación y las expropiaciones necesarias, la maquinaria comience las obras sobre el terreno antes de que finalice el año 2026. Con esta infraestructura se espera resolver el déficit de saneamiento que impide legalmente el desarrollo urbanístico y la concesión de licencias en la zona norte.