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Las informaciones sobre los currículums y títulos falsos han provocado una revisión exhaustiva de los méritos académicos que los políticos y cargos públicos dicen tener. También una revisión de los portales de transparencia y la normativa sobre buenas prácticas y publiciadad activa, que obliga a los representantes públicos a informar a la ciudadanía sobre cuestiones como su formación, renta, patrimonio o incompatibilidades. Dos semanas después del inicio de las polémicas sobre los currículums de parlamentarios y altos cargos, que arrancó con la dimisión de la diputada del PP Noelia Núñez, y que se ha cobrado la carrera del comisionado del gobierno para la dana, José María Ángel, y de que elDiario.es apuntara que una veintena de cargos del Gobierno valenciano incumple la ley de transparencia autonómica, aún quedan la mitad de los responsables públicos con lagunas en sus perfiles.
La normativa de Buen Gobierno vigente obliga a todos los altos cargos a aportar en la página web de la administración “la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo”, algo que tras dos años de Gobierno todavía no han hecho ocho de estos cargos, mientras que más de una docena lo ha realizado con un notable retraso.
Esta decena de incumplidores lleva en el puesto desde el verano de 2023, entre la primera y la segunda tanda de los nombramientos de Carlos Mazón. Al parecer, en dos años, ningún responsable de Transparencia les ha exigido publicar sus titulaciones. No consta que se les haya expedientado, pese a que la ley indica que deben acreditar los principales méritos de su trayectoria profesional.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, apuntó en rueda de prensa que “no sabían” que tenían que hacerlo, y lo atribuyó, sencillamente, a un descuido. Sin embargo, una batería de ex altos cargos del Gobierno del Botánico se han apresurado a recordar que los trabajadores de Transparencia -antes conselleria, ahora departamento adscrito a Presidencia- vigilan y requieren constantemente que los altos cargos cumplan sus obligaciones y actualicen sus declaraciones.
Los altos cargos que todavía no han justificado sus títulos son:
- Davinia Bono, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres. Es Técnico Superior en Administración y Finanzas. Postgrado de Inversiones y Asesoramiento Financiero en Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dice su CV. Fue nombrada en julio de 2023.
- Bárbara Congost, directora general de las Personas con Discapacidad. Nombrada en junio de 2023, y dos años desde que está en el cargo, no ha acreditado las titulaciones que asegura tener. En su currículum indica que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Construcción, por la Universidad Politécnica de Valencia en 2001 y máster en Urbanismo por ESIC, titulo que obtuvo en 2002.
- José Vicente Anaya, director general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales. El también alcalde de Ayora indica que es experto universitario en residuos por la Universidad Miguel Hernández, sin concretar si posee titulación. Tampoco la enseña.
- Venancio Aguado, secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social. Es Diplomado en el Mando de Tropas de Montaña, un distintivo de las fuerzas armadas, e indica que es perteneciente a la XL Promoción de la Academia General Militar. Tampoco aporta ningún documento.
- Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente. Presenta un extenso currículum plagado de reconocimientos, en el que no concreta formación. Tampoco la acredita. Dice: “Profesionalmente dedicado ininterrumpidamente a la Protección de los Animales, a la Conservación de la Biodiversidad y a la Defensa del Medioambiente desde 1995. Naturalista y Ambientalista. Miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental. Escritor, Conferenciante, Educador y Divulgador. Especializado en Medio Ambiente, Zoología, Derecho Animal, Veterinaria, en la lucha contra el Tráfico Ilegal de Especies y en la Dirección y Gestión de actuaciones y Centros para la Protección Animal, el Medioambiente, la Sostenibilidad y la Conservación de la Biodiversidad”, entre otras cuestiones. Fue nombrado en julio de 2023.
- Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras. Es Auxiliar Administrativo de formación profesional. En su currículum sigue indicando que tiene un máster en alta dirección, aunque el Consell ha reconocido que es un curso de una escuela privada de negocios que se impartió por parte de la Diputación de Alicante, en la que era responsable de Emergencias con el PP. No ha acreditado ninguna de las dos cuestiones. También lleva en el cargo desde julio de 2023.
- Montserrat Tello, directora del Instituto Cartográfico de Valencia. Es, según su currículum, Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza. Agente Propiedad Inmobiliaria (Universitat de Barcelona), Técnico Intermedio en Riesgos Laborales, Máster en Recursos Humanos (Universidad-Empresa) y Máster en Dirección General (ESADE). No ha publicado ni uno de estos títulos en el portal de Transparencia. Y eso que lleva nombrada desde junio de 2023.
- Israel Martínez, director general de Turismo. Es Técnico Superior en Administración y Finanzas. Fue nombrado en julio de 2024, en la primera crisis de gobierno de Mazón tras romper con Vox. No acredita nada en el portal de Transparencia.
Por contra, desde la publicación por parte de este diario de que una veintena de altos cargos incumplían la ley al no acreditar sus títulos, prácticamente la mitad se apresuraron a corregir esta laguna y han cumplido su obligación de transparencia, tras un pánico inicial en las consellerias. En los últimos días, se suman a la lista el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, que ha subido copia de su título del grado en Ingeniería Civil, y el Secretario autonómico de Economía, Jesús Gual, que ha publicado un justificante de su título como Licenciado en Derecho. Estos documentos se pueden solicitar en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Como ya han demostrado otros altos cargos, se tarda apenas unos minutos en hacerlo.