Las grabaciones de la reunión clave en el centro de emergencias durante la tarde del 29 de octubre, que han permanecido 10 meses ocultas, han provocado una auténtica tormenta política. El grupo socialista en las Corts Valencianes pone el foco en la dirección de la radiotelevisión pública valenciana, que defiende que no emitió los brutos por deontología profesional, al haberse comprometido durante la grabación a no difundir el sonido, y que finalmente ha salido a la luz a través de Radiotelevisión Española diez meses después. El PSPV ha registrado una batería de peticiones en la comisión parlamentaria que debe abordar la gestión de la dana, entre las que está la comparecencia del presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y el director de la cadena pública, para que expliquen por qué no se entregó la grabación a la causa judicial.
La diputada Mercedes Caballero reclama a la cúpula de À Punt una “explicación minuciosa” sobre “cómo es posible que À Punt tuviera un audio que demuestra que los hechos relatados en su declaración judicial por la exconsellera Salomé Pradas no responden a la verdad y no los pusiera a disposición de la jueza.”. “¿Qué es más importante, el compromiso de no difundir un audio grabado o un proceso judicial que investiga la muerte de 229 personas?”, plantea la parlamentaria en una serie de escritos en los que cuestiona el proceder de la radiotelevisión pública. En concreto, pide que se explique “la filtración” del vídeo. La diputada también quiere que los dos directivos “aclaren también quién, cómo y por qué se decidió y elaboró el comunicado leído en el Notícies Nit del jueves, atribuyéndolo a la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras, cuando se ha sabido después que partió de la dirección”, sostiene.
El PSPV no hace ninguna referencia en sus peticiones a la actuación de la anterior presidencia y dirección de la corporación pública valenciana, que fueron quienes respondieron al primer requerimiento de la jueza instructora de la causa. La actual presidencia, que ejerce Vicente Ordaz, atribuye a su antecesor, Miquel Francés, la decisión. En un comunicado emitidio tras la emisión del contenido en Televisión Española, la corporación valenciana apuntó: “La anterior dirección de À Punt, representada por Miquel Francés (presidente de CVMC) dio íntegro cumplimiento a este requerimiento con fecha 19 de febrero de 2025. En relación con ello, la actual Dirección de CACVSA respalda plenamente esta actuación del Presidente de la CVMC, ya que cumple en su totalidad dicho requerimiento emitido por la jueza”. Se refiere a la petición que realizó la instructora en febrero, en la que requirió las declaraciones de políticos de la noche del 29 de octubre, imágenes de desbordamiento del barranco del Poyo y declaraciones a cámara de los responsables de emergencias. La dirección emitió un comunicado posterior en el que apuntaba que no se aportaron estas imágenes del Cecopi porque no se requirieron y ha anunciado acciones legales por la filtración. El pasado 12 de septiembre la jueza pidió a À Punt la aportación voluntaria de la grabación.
Los socialistas apuntan también a la Conselleria de Emergencias por otra grabación, la realizada por la productora que presta servicios audiovisuales a la empresa pública de emergencias. La mercantil contratada filmó una parte de la reunión, como se muestra en las imágenes captadas por À Punt y confirmó el titular de Emergencias después de la publicación en elDiario.es de esta información. En una iniciativa, el PSPV pregunta si “ha escondido el Consell alguna información relevante, que tenga en su poder, respecto al procedimiento judicial abierto al juzgado por los hechos sucedidos en la provincia de València el día 29 de octubre de 2024”. El PSPV reclamó en la comisión de investigación estas imágenes en bruto, que según las condiciones de contratación de la productora se deben guardar y custodiar por la Generalitat. El Ejecutivo autonómico siempre ha defendido que no constaba soporte documental ni grabación alguna sobre la reunión, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, lo califica como un soporte periodístico, que enviará a la jueza si esta lo requiere.
Caballero ha criticado “el cerrojo a la transparencia y la verdad del Consell de Mazón” tras negar el acceso a las imágenes grabadas en el CECOPI por una productora externa y ha señalado que “la ciudadanía merece conocer lo que ocurrió entre esas cuatro paredes”: “Deben entregar las imágenes a Les Corts Valencianes”. El PSPV-PSOE pidió en vano que se incorporara la “copia de las grabaciones (brutos incluidos) realizadas por la empresa” audiovisual subcontratada por Emergencias. PP y Vox tumbaron la petición de unas imágenes que, hasta la fecha, son el soporte audiovisual más extenso de una reunión clave.