Con la ampliación norte en el aire, sin declaración de impacto ambiental (DIA) y con un litigio judicial en trámite sobre el fallido rescate de la concesión de los astilleros de Boluda. A pesar de todo ello, la Autoridad Portuaria de València (APV) tenía previsto aprobar en el consejo de administración de este viernes la adjudicación de la concesión para la construcción y explotación de una nueva terminal de pasajeros en los mencionados terrenos.
Sin embargo, a última hora este punto se dejó fuera del orden del día definitivo. Preguntado el presidente de la APV, Aurelio Martínez, sobre las causas de este cambio explicó que “finalmente no ha dado tiempo, en este proceso hay dos partes que son el adjudicador y el adjudicatario y se han presenado una serie de temas adicionales que se presentaron esta misma semana y se están estudiando, pero no ha habido ningún problema”.
En cuanto a la situación judicial de los terrenos en los que se pretende desarrollar el proyecto, pendientes de que la Justicia se pronuncie sobre el proceso de rescate de la concesión de Boluda, cuestionado por la Intervención y la Abogacía del Estado, Martínez aseguró que este tema no influye en el proceso administrativo de adjudicación ya que los terrenos ya están a disposición de la APV, independientemente de la resolución judicial. Tanto es así que afirmó que lo más normal es que la concesión se apruebe en el próximo consejo de adminsitración previsto para el 10 de noviembre.
Sin embargo, la Comissió Ciutat-Port, integrada por colectivos vecinales y ecologistas, remitió este mismo viernes una carta a la APV en la que advierte de que si se lleva a efecto la adjudicación se podría incurrir en un presunto delito de prevaricación, “dado que se ha omitido el trámite esencial de evaluación ambiental”.
En la carta, la entidad recuerda que esa actuación está fuera del ámbito de la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2007: “Además, los terrenos sobre los cuales está prevista la construcción de la terminal son los que ocupaban los astilleros de la Unión Naval de València, y que la Autoridad Portuaria de València recuperó mediante un rescate pagado a Boluda Corporación Marítima. Esta operación está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas después de la denuncia interpuesta por la Comissió”.
Además, destaca que “la Intervención General del Estado y la Asesoría Jurídica del Estado han emitido también informes que ponen en cuestión la operación”. La Comissió Ciutat-Port considera que “la Autoridad Portuaria de València vuelve a abusar de la política de hechos consumados y arrastra al conjunto del consejo de administración a incurrir en una posible responsabilidad por la vulneración de la legislación ambiental”.
También afirma que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se pronuncie sobre la ampliación norte del puerto de València. La Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret, que forma parte de la Comissió, se quejó al Defensor del Pueblo por la pretensión de la Autoridad Portuaria de València de trasladar la terminal de cruceros desde el dique norte a los astilleros de la Unión Naval, junto al barrio de Natzaret.
En su escrito, la entidad vecinal destacaba que ese traslado no estaba previsto en el proyecto inicial de ampliación norte del puerto y, por lo tanto, no estaba amparado por la DÍA de 2007. La asociación denunciaba que los grandes barcos “son una grave fuente de contaminación atmosférica y acústica» y reivindicaba su derecho ”a respirar aire limpio“.
Sobre la resolución del Defensor del Pueblo, Martínez aseguró que ya se le ha trasladado toda la información requerida y en el caso de la ampliación norte comentó que siguen a la espera del informe de compatibilidades marinas que debe hacer el Ministerio de Transición Ecológica. Una vez lo tengan, afirmó, convocarán un consejo extraordinario para aprobar el proyecto.