La Fiscalía ve posible responsabilidad contable del Puerto de València en el rescate de la concesión de Boluda para la ampliación norte

El naviero Vicente Boluda con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez.

El investigación abierta por el Tribunal de Cuentas para esclarecer si la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) cometió alguna irregularidad en el rescate de la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítim para construir un edificio de oficinas de 13 alturas, ha superado el primer trámite de alegaciones al apreciar la Fiscalía posible responsabilidad contable.

Según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, "el Ministerio Fiscal, mediante escrito de 25 de febrero de 2021, manifestó que la irregularidad denunciada podría ser constitutiva de responsabilidad contable y que debía ser objeto de aclaración en fase de actuaciones previas". Además, interesó "la remisión de las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, a efectos de que se propusiera a la Comisión de Gobierno el nombramiento de Delegado Instructor".

Esto ha sido lo que finalmente ha resuelto el Tribunal, que admite así "la acción pública ejercitada por el representante de las asociaciones Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Ecologistes en Acció València y Associació Per L'Horta". De esta forma, como solicita la Fiscalía, traslada las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para "el nombramiento de un Delegado Instructor, para que por éste se practiquen las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu)". La resolución tiene un plazo de cinco días para presentar recurso ante el Consejero de Cuentas.

El Tribunal desestima así la petición del Abogado del Estado, que solicitaba el archivo directo de la causa: "El archivo de las actuaciones en la fase de Diligencias Preliminares, en la que ni siquiera se ha procedido a llevar a cabo una investigación de los hechos, únicamente procede cuando, de una manera manifiesta, los hechos denunciados no revistan los caracteres de alcance (...) por tanto, no cabe el archivo 'ex' artículo 46.2 de la LFTCu si las cuestiones planteadas son inherentes a la gestión de fondos públicos y a un posible menoscabo del erario público".

En el caso que se investiga relacionado con el rescate de la concesión de una empresa de Vicente Boluda a cambio de otra para otra compañía del mismo empresario y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), según el auto, los hechos "podrían constituir un concreto menoscabo en los fondos públicos susceptible de dar lugar a la existencia de responsabilidad contable por alcance, en los términos acuñados en el artículo 72 de la LFTCu".

La operación de rescate de esta concesión viene como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de ampliación norte del Puerto de València, que se mantiene paralizada por Puertos del Estado, entidad que debe determinar si sigue siendo válida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007.

Entre esos cambios aprobados por el consejo de administración de la APV que preside Aurelio Martínez figura el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual en los diques de abrigo, a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

Entre otras cuestiones, los denunciantes consideran que el expediente por el cual se aprueba el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval de Valencia S. A. (22 de junio de 2018) ha sido concebido 'ad hoc' para favorecer a Boluda Corporación Marítima S. L. sin causa alguna de justificación y que las concesiones eran susceptibles de una declaración de caducidad y de un rescate sin ningún tipo de coste o contraprestación.

En cambio, el consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones, que valora en 2,9 millones de euros para las instalaciones y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas, mientras la nueva concesión otorgada por un plazo de 35 años en compensación se valora en 1,8 millones, atendiendo al flujo neto actualizado presentado por Boluda Corporación Marítima S. L.

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