La plataforma cívica denunciante será acusación pública en la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el rescate de la concesión de Boluda en el Puerto de València

Primera investigación judicial abierta como consecuencia de las modificaciones introducidas en el proyecto de ampliación norte del Puerto de València, que se mantiene paralizada por Puertos del Estado, entidad que debe determinar si sigue siendo válida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007.

El Tribunal de Cuentas ha abierto una pieza de acción pública para investigar presuntas irregularidades de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en lo operación aprobada para rescatar la concesión de los astilleros de Unión Naval de Valencia S. A. a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima S. L., donde el empresario y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, tiene previsto construir un edificio de oficinas de 13 alturas.

El tribunal, en el documento a la que ha tenido acceso elDiario.es, requiere a la plataforma ciudadana denunciante, la Comissió Ciutat-Port, para que manifieste si ejercita la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, algo que la entidad llevará a cabo, aunque debe estudiar la fórmula jurídica más adecuada para ello. Además, el Tribunal ha dado traslado del escrito de los denunciantes al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado.

Como informó elDiario.es en exclusiva, la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades como la Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes Grau-Port, Per l'Horta y Ecologistes en Acció, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el consejo de administración de la APV el pasado mes de diciembre.

La plataforma vecinal y ecologista considera que no se ajustan a derecho las compensaciones otorgadas a Boluda Corporación Marítima S.L., propiedad de Vicente Boluda, para rescatar la concesión de Unión Naval de Valencia S. A. y ejecutar en esos terrenos la nueva terminal de cruceros, a cambio de otra concesión en otra parcela de 4.700 metros para construir un edificio de oficinas de 13 alturas.

Esta operación viene como consecuencia de los cambios introducidos en la ampliación del Puerto del València con respecto al proyecto original que obtuvo la DIA en 2007. El nuevo plan aprobado por el consejo de administración de la APV que preside Aurelio Martínez implica el traslado de la terminal de cruceros, ubicada actualmente junto a los diques de abrigo, a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

Los denunciantes consideran que el expediente por el cual se aprueba el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval de Valencia S. A. (22 de junio de 2018) ha sido concebido 'ad hoc' para favorecer a Boluda Corporación Marítima S. L. sin causa alguna de justificación y que las concesiones eran susceptibles de una declaración de caducidad y de un rescate sin ningún tipo de coste o contraprestación.

En cambio, el consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones, que valora en 2,9 millones de euros para las instalaciones y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas, mientras la nueva concesión otorgada por un plazo de 35 años en compensación se valora en 1,8 millones, atendiendo al flujo neto actualizado presentado por Boluda Corporación Marítima S. L.

El segundo aspecto que la plataforma cuestiona está basado en el artículo 83 de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según el cual, se podrá otorgar una concesión de forma directa a un solicitante “cuando la supeficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros cuadrados o para instalaciones lineales”.

Por último, la denuncia cuestiona la valoración del precio de las concesiones rescatadas, puesto que al superar todas los 40 años de vida útil (fueron otorgadas entre 1940 y 1941), no tienen más derecho que el valor residual del 5%. Sin embargo, la indemnización reconocida de 2,9 millones supone un 18% del presupuesto de ejecución material y un 13,35% del valor de reposición bruto, siempre por encima del valor residual.

El escrito advierte de que “Vicente Boluda, administrador único de Boluda Corporación Marítima S. L., era en el momento en que adoptaron los acuerdos, miembro del consejo de administración de la APV (lo sigue siendo en representación de los empresarios), concurriendo en él un claro conflicto de intereses que no consta si fue o no resuelto”.