Denunciado el Puerto de València ante el Tribunal de Cuentas por el cambio de concesión que permite a Boluda un edificio de 13 plantas

La polémica ampliación del Puerto de València que se mantiene paralizada por Puertos del Estado, entidad que debe determinar si sigue siendo válida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007, basada en un proyecto radicalmente diferente, ya ha dado lugar a un primer recurso judicial.

Uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto presentado por la Autoridad Portuaria de València (APV) al organismo estatal de puertos, dependiente del Ministerio de Transportes, con respecto al que obtuvo la DIA favorable en 2007, es el traslado de la terminal de cruceros, ubicada actualmente junto a los diques de abrigo, a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

La Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades como la Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes Grau-Port, Per l'Horta y Ecologistes en Acció, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el consejo de administración de la APV.

Según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la plataforma vecinal y ecologista considera que no se ajustan a derecho las compensaciones otorgadas a Boluda Corporación Marítima S.L., propiedad del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, para rescatar la concesión de Unión Naval de Valencia S. A. y ejecutar en esos terrenos la nueva terminal de cruceros, a cambio de otra concesión en otra parcela de 4.700 metros para construir un edificio de oficinas de 13 alturas.

En concreto, la Comissió Ciutat-Port estima que se han cometido tres presuntas ilegalidades y las argumenta aportando una extensa documentación que la APV retuvo en un primer momento y que finalmente se vio abligada a facilitar tras una resolución del Consejo de Transparencia.

En primer lugar, los denunciantes consideran que el expediente por el cual se aprueba el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval de Valencia S. A. (22 de junio de 2018) ha sido concebido 'ad hoc' para favorecer a Boluda Corporación Marítima S. L. sin causa alguna de justificación, puesto que según consta en las cuentas de 2018 depositadas en el Registro Mercantil por Unión Naval de Valencia S. A., “el objeto social de la sociedad consiste en la construcción naval y mecánica de toda clase de buques, la cual cesó durante el ejercicio 2012”.

Según el artículo 98 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es causa de caducidad de la concesión la falta de actividad o de prestación del servicio, durante un periodo de seis meses, en caso de autorizaciones, y de 12 meses en el caso de las concesiones, a no ser que, a juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causas justificadas“.

Por tanto, “las concesiones eran susceptibles de una declaración de caducidad” según la denuncia y de un rescate sin ningún tipo de coste o contraprestación.

En cambio, el consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones, que valora en 2,9 millones de euros para las instalaciones y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas, mientras la nueva concesión otorgada por un plazo de 35 años en compensación se valora en 1,8 millones, atendiendo al flujo neto actualizado presentado por Boluda Corporación Marítima S. L.

Así, según la denuncia, “la APV, pudiendo elegir, ha optado por favorecer a un ciudadano determinado renunciando a la tramitación de un expediente de caducidad, que se sustituye por un rescate, más la configuración de una nueva concesión, con cambio de uso que no se justifica, pasando de la actividad de astilleros y talleres a la de oficinas, a la carta de necesidades manifestadas por el solicitante durante la negociación, donde una actividad inexistente genera la posibilidad de acceder a la promoción inmobiliaria de un edificio en el dominio público marítimo-terrestre, para albergar los servicios centrales de Boluda Corporación Marítima S. L., que la obtiene por concesión directa sin pública concurrencia”.

El segundo aspecto que la plataforma cuestiona está basado en el artículo 83 de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según el cual, se podrá otorgar una concesión de forma directa a un solicitante “cuando la supeficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros cuadrados o para instalaciones lineales”.

En el caso de la concesión otorgada a Boluda Corporación Marítima S. L. para el edifcio de oficinas, argumenta la APV que no se trata de una concesión otorgada de forma directa, sino del pago de un rescate. Sin embargo, con este argumento ha concedido a un tercero (Boluda Corporación Marítima S. L.) una concesión nueva, para distinto uso, con una superficie de 4.700 metros cuadrados que parece concebida 'ad hoc' para satisfacer las aspiraciones de esta empresa en particular.

Es decir, la concesión rescatada estaba a nombre de Unión Naval de Valencia S. A., que a su vez pidió que el pago del valor del rescate se hiciera mediante el otorgamiento de otra concesión a Boluda Corporación Marítima S. L., lo que lleva a cabo la APV sin que conste documento de transmisión del crédito generado con el rescate entre ambas sociedades, ni que se haya exigido al solicitante la acreditación previa del pago, exención o no sujeción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

Por último, la denuncia cuestiona la valoración del precio de las concesiones rescatadas, puesto que al superar todas los 40 años de vida útil (fueron otorgadas entre 1940 y 1941), no tienen más derecho que el valor residual del 5%. Sin embargo, la indemnización reconocida de 2,9 millones supone un 18% del presupuesto de ejecución material y un 13,35% del valor de reposición bruto, siempre por encima del valor residual.

El escrito advierte de que “Vicente Boluda, administrador único de Boluda Corporación Marítima S. L., era en el momento en que adoptaron los acuerdos, miembro del consejo de administración de la APV (lo sigue siendo en representación de los empresarios), concurriendo en él un claro conflicto de intereses que no consta si fue o no resuelto”.

Baleària se queda con la terminal

El consejo de administración de la APV seleccionó el pasado viernes 13 de noviembre la oferta presentada por Baleària para la construcción y gestión de la nueva terminal pública de cruceros del Puerto de València.

La infraestructura se ubicará en los terrenos de la Unión Naval de Valencia. La terminal ocupará aproximadamente 100.000 metros cuadrados y su concesión se otorgará por un plazo de 35 años, prorrogables hasta un máximo de 50 años. La inversión prevista por la compañía asciende a 12 millones de euros.

La naviera Baleària fue la única empresa que presentó oferta para hacerse con la construcción y explotación de la nueva terminal de pasajeros en los mencionados astilleros.

Baleària, con sede en Dénia, se ha convertido en una de las principales empresas de la Comunitat Valenciana y es un ejemplo de gestión, liderada por su presidente Adolfo Utor. Además, el exalcalde de Gandia y exasesor del presidente Ximo Puig, José Manuel Orengo, abandó el gabinete de Presidencia en octubre de 2018 para entrar en la naviera como director corporativo de Expansión.

Utor y Orengo se conocen desde la etapa del primero en el PSPV -el empresario llegó a ser candidato municipal al ayuntamiento de Dénia en las listas socialistas-.