Más ventajas del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón para los promotores y constructores. El jefe del Consell ya presentó el pasado mes de septiembre el nuevo decreto de vivienda protegida que incrementa el precio máximo por módulo, al pasar de 2.200 euros metros cuadrados a 2.400 euros.
Además, ha optado por priorizar la fórmula de la permuta de suelo a la cesión temporal de parcelas por la que las promotoras construyen vivienda asequible que al cabo de los años revierten al patrimonio de la Generalitat. Con la permuta, el constructor se queda el suelo en propiedad a cambio de un número de viviendas a determinar que van al parque público de la administración.
Por si no era suficiente, en la ley de acompañamiento que se aprobó el pasado mes de mayo junto a los presupuestos autonómicos se aprobó la derogación de las llamadas normas de diseño y calidad en edificios de vivienda DC-23 (documento completo al final de la información), un catálogo de requisitos negociado con los colegios de arquitectos y de aparejadores para garantizar unos mínimos estándares de calidad en la construcción de nuevas viviendas.
A pesar de que las normas se aprobaron, no llegaron a entrar en vigor puesto que el actual Gobierno valenciano las ha ido aplazando hasta su derogación definitiva.
Según expertos consultados, como ejemplos más destacados de los cambios que implicaba esta normativa, entre otras cosas, obligaba a que las plazas de aparcamiento debían ser más grandes, en concreto, la dimensión mínima por plaza debía ser de 2,30 metros de anchura y de 4,50 metros de longitud.
Como cambios para las viviendas se establecía que las cocinas, los salones y los comedores debían tener un tamaño acorde a los habitantes para los que estuviera concebida la vivienda. Actualmente no es así puesto que una vivienda de un dormitorio puede tener un salón de las mismas dimensiones que una vivienda de cuatro o cinco dormitorios. Sin embargo, las normas DC-23 obligaban a que los espacios como el salón, el estar o la cocina tuvieran que ser más grandes en función de los residentes para los que estuviera diseñada la vivienda. Además, todos los baños de las viviendas pasaban de 3 metros cuadrados a como mínimo a 4 metros cuadrados.
La ventaja para los promotores derivada de la eliminación de estas normas, según las mismas fuentes, se explica en que de una misma edificabilidad pueden sacar más viviendas reduciendo las estancias de cada vivienda, con el mayor beneficio económico que puede conllevar: “La diferencia está en que de una misma edificabilidad puedes vender 10 viviendas a 280.000 euros u ocho viviendas por 300.000 euros, es decir, pasarías de poder facturar 2,8 millones en el primer caso a quedarse con 2,4 millones en el segundo, una diferencia de 400.000 euros”.
Reto de sostenibilidad y eficiencia energética
El Gobierno del Botánico aprobó las normas de diseño y calidad ahora derogadas mediante un decreto. Las normas estaban basadas en el principio de calidad en la arquitectura (Ley 9/2022 de calidad de la arquitectura) y en los principios generales de viviendas colaborativas (Ley 3/2023 de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana).
Concretamente, las nuevas normas se concentraban en diez principios: entre ellos, el primero es el principio de función social de la vivienda que desarrollaba el tamaño y accesibilidad en relación con la persona o unidad de convivencia destinada; el segundo principio abordaba la flexibilidad para su adecuación según necesidad y funciones de las personas usuarias de la vivienda.
El decreto recogía también el reto de la sostenibilidad ambiental en razón a la eficiencia energética, reducción de emisiones, instalación de energías renovables, economía circular y reducción de residuos, y relación con el entorno, en cuanto a la relación de los edificios y viviendas con la ciudad y ambiente exterior. También se perseguía el objetivo de incorporar los avances científico-tecnológicos y la implantación de la digitalización.