El Ayuntamiento ha contestado a la demanda interpuesta por Libertad VCF contra el otorgamiento de la licencia de obras aprobada por los servicios municipales para reiniciar las obras del nuevo estadio del Valencia CF ubicado en la avenida de las Corts Valencianes.
La asociación, opositora a la gestión del máximo accionista de la entidad, Peter Lim, considera en el recurso presentado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de València que existen diversas circunstancias que impiden la concesión de la licencia otorgada al club en julio de 2024. Principalmente, alega “la inexistencia de la condición de solar para la parcela objeto de licencia” y que “la necesidad de ejecutar cierta obra urbanizadora de forma simultánea a la obra de edificación debe de conllevar la prestación de garantías de ejecución y los compromisos de no utilización hasta la conclusión de la obra de edificación”, garantías que según Libertad VCF no se han exigido.
La respuesta del Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llama la atención por la contundencia con la que arremete contra la asociación cuestionando su legitimidad para recurrir y acusándola de querer “entorpecer o retrasar la actuación”. Así, antes de entrar en el fondo de la cuestión, en su escrito el Ayuntamiento dedica un amplio apartado a este asunto. Entre otras cosas afirma que “en ningún momento la actora [Libertad VCF] aporta justificación alguna donde muestre su derecho subjetivo o interés legítimo afectado en el presente asunto”.
Así, afirma que “en todas las instancias que presenta la actora en nombre propio, se limita a denunciar aspectos urbanísticos de las obras sin señalar cuál es el daño que le produce o el interés que le mueve, más allá del cumplimiento de la legalidad” y añade: “Aunque la legitimación se encuentra determinada por la acción pública en materia urbanística, en el presente caso y a la vista de los motivos alegados para la impugnación del acto administrativo de concesión de licencia, cabe pensar que la actora lo que realmente pretende con su actuación procesal es entorpecer o retrasar la actuación del demandado, sin que se vislumbre beneficio o resultado positivo alguno ni para el demandante, ni para el codemandado, ni para el interés público”.
Además, afirma el Ayuntamiento que la impugnación de la licencia de obras “en nada afecta a la edificación aprobada por la licencia concedida, limitándose a cuestionar aspectos de tramitación administrativa, por lo cual lo máximo que puede conseguir es ralentizar la ejecución de las obras del estadio, obras que ya han permanecido mucho tiempo paradas, siendo voluntad de este Ayuntamiento (y entendemos de interés general) que el destino urbanístico fijado por el planeamiento se cumpla y las obras se finalicen definitivamente”.
Sobre los motivos alegados para impugnar la concesión de la licencia, sostiene el Consistorio que “no existe impedimento legal alguno para que las obras de edificación puedan simultanearse con las obras exigidas en el proyecto de obras ordinarias de urbanización que en su momento se apruebe”.
Además, sobre la pretendida exigencia de fianza o caución, asegura que “la parcela donde se ha concedido la licencia para la edificación sí tiene la condición de solar” por lo que “no procede exigir la garantía que señala la actora como obligatoria” y en todo caso, recuerda que la licencia concedida expresa que “no se podrá utilizar la edificación hasta que no se finalicen las obras de urbanización”. Por último, afirma que “aun en el supuesto de que sí fuera exigible, esto no supondría la anulación del acto administrativo recurrido sino únicamente la inclusión de tal exigencia en la licencia concedida”.
Admitida a trámite otra demanda
El colectivo de Últimes Vesprades a Mestalla, partidario de rehabilitar el centenario estadio y renunciar a marcharse al nuevo, ha anunciado en sus redes sociales que ha sido admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentaron contra el Ayuntamiento de València, ante la falta de respuesta a sus escritos en los que alertaban de supuestos incumplimientos del proyecto del nuevo estadio por parte del Valencia CF. Así, consideran que la administración local está siendo pasiva en su función de garantizar el cumplimiento del convenio urbanístico.