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El Ayuntamiento de València mantiene el silencio sobre las relaciones profesionales de su concejal de Grandes Proyectos, uno de los fichajes del mandato en el consistorio de signo popular. Desde la oposición, el PSPV lleva semanas preguntando si el concejal José Marí Olano, que desde abril es el delegado de contratación, ha tenido relaciones laborales con las empresas que concurren a procesos de contratación públicos, dada su polifacética carrera, y cuáles son esas mercantiles. Marí Olano es abogado del Estado de profesión y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la consultora KPMG, una firma que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio, especialmente relevante en el sector financiero. El consistorio reconoce de facto que el edil ha tenido relación laboral con varias mercantiles, pero evita aclarar cuáles.
Marí Olano es el único edil de los populares que no tiene dedicación exclusiva, así que no ha de pedir compatibilidades específicas para seguir ejerciendo actividad privada. El concejal dejó formalmente la consultora KPMG en noviembre de 2023, pero mantiene una dedicación del 75% al ayuntamiento, lo que le permite otras actividades retribuidas.
Pese a las preguntas registradas por los socialistas, el pleno municipal evita aclarar esta cuestión. El pasado mayo, la concejala Elisa Valía registró una pregunta al edil para saber si ha tenido relación laboral “directa o indirecta” en alguna de las empresas que han concurrido al macrocontrato del agua en València de 240 millones de euros, uno de los más cuantiosos que ha adjudicado la ciudad, aunque el concejal no participó en esta mesa de contratación, que es previa a su nueva responsabilidad. La respuesta proporcionada por Marí Olano se limitó a señalar que “Cuando el concejal delegado de Contratación ha tenido relación profesional con una empresa interesada en un procedimiento de contratación se ha abstenido de intervenir en el procedimiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.1 y 2.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”. Posteriormente, en la repregunta, el edil popular insistió en que se ha abstenido cuando legalmente ha debido hacerlo y consideró que la socialista se estaba excediendo en sus consideraciones, que pertenecían al ámbito privado. “Pretende requerir una manifestación personal sobre cuestiones de naturaleza privada que no constan en ningún expediente administrativo ni en archivo municipal alguno. No existe, por tanto, ni base normativa ni obligación legal que justifique o habilite la emisión de una respuesta en tales términos”, apuntó este departamento.
Abstención en dos procesos de contratación
La concejala del PSPV volvió a preguntar sobre la participación de Olano en las Mesas de Contratación en las que se ha abstenido. Hasta la fecha, el edil se ha apartado de dos procesos, uno de ellos relativo a las obras de eficiencia energética del polideportivo de Natzaret, financiadas con fondos europeos, y otra sobre las obras de la Avenida Pérez Galdós. En el acta de la sesión, se especifica que “el presidente de la Mesa manifiesta su abstención en este punto por haber prestado servicios profesionales en los dos últimos años en una de las entidades que participan en la licitación” y se apunta que el punto se tratará en otro momento, sin el presidente.
Interpelado por esta cuestión, el consistorio continúa guardando silencio. “El Ayuntamiento de València no dispone de los datos necesarios para responder a la pregunta formulada”, dice la respuesta remitida a la concejala socialista, a la que derivan a los estatutos de la Abogacía Española relativos al secreto profesional. “El deber y derecho de secreto profesional del profesional de la Abogacía comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional”, dicen los estatutos recogidos en la respuesta a la concejala, que indican, a continuación, que el secreto profesional prevalece aún finalizada la prestación de servicios al cliente. En los documentos, Marí Olano reconoce tener relación con mercantiles que concurren a procesos públicos, pero evita aclarar cuáles.