El Gobierno alega a la ley valenciana del suelo al permitir vivienda pública en zona no urbanizable pese a las “catástrofes naturales”

El Gobierno considera especulativa y hasta presuntamente inconstitucional la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana cuyo anteproyecto publicó el pasado 8 de enero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). También considera que pretende “situar las viviendas públicas en los peores suelos”, al permitir su construcción en zonas no urbanizables.

Así consta en las alegaciones que ha presentado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a las que ha tenido acceso elDiario.es, según las cuales, la mencionada normativa está basada en un modelo que obvia “la exigencia constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, ya que, más bien, parece que defiende todo lo contrario”.

Como informó esta redacción, la nueva normativa sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobado en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico, y entre otras cosas recoge la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que permitirá al Consell, “a iniciativa pública, privada o mixta, declarar proyecto de interés autonómico aquella inversión de carácter terciario, industrial o logístico que, por su impacto supramunicipal y relevancia estratégica, favorezca de forma duradera al desarrollo económico, social y ambiental de la Comunitat Valenciana” y añade: “El proyecto de interés autonómico podrá localizarse en cualquier clase de suelo. Cuando afecte a suelo no urbanizable protegido o integrado en la infraestructura verde, el Consell valorará la compatibilidad territorial y ambiental”. Para el vicepresidente segundo y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, la futura ley “nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística”.

Sin embargo, desde el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez tienen una visión radicalmente opuesta. En sus alegaciones, desde el ministerio ponen de relieve que se permite la construcción de viviendas en suelos no urbanizables cuando sean de iniciativa pública: “La intención velada del anteproyecto es limitar al máximo los posibles suelos no urbanizables en favor de los urbanizables. El no urbanizable debe justificarse y motivarse, mientras que el urbanizable solo debe justificarse con el argumento de que es el suelo de expansión. Todo ello, como se indicaba antes, supone un claro error y en nada cumple el mandato constitucional de impedir la especulación. Entre otras cosas, incluso se permite directamente la construcción de viviendas en los suelos no urbanizables, simplemente mediante la aprobación de un Plan Especial de iniciativa íntegramente pública. Esto es llamativo y chocante en un territorio recientemente azotado por catástrofes naturales, y parece una clara declaración de intenciones que puedan ir a suelos no urbanizables precisamente las viviendas de iniciativa pública. Es decir, se pretende situar lo público en los peores suelos, precarizando la figura de las viviendas públicas, y dejando los mejores y más seguros suelos para el sector privado”.

Además, han alegado que los PIA están concebidos “como instrumentos de pura inversión especulativa” y advierte de que “en una situación como la actual, este planteamiento no puede entenderse, y se configura total y absolutamente alejado de la realidad, especialmente en un territorio que en el pasado ha padecido excesos urbanísticos por la falta de regulación y control”. Además, “no se exige que sean compatibles con la dimensión territorial y ambiental, sino que solo se señala para casos muy limitados que ambas dimensiones se valorarán, pudiendo por lo demás, llevarse a cabo en todo tipo de suelos, incluso no urbanizables protegidos o de infraestructura verde”.

Vivienda pone de relieve además la falta de seguridad jurídica puesto que algunas cuestiones quedan pendientes de desarrollar. Según el documento, “se realizan numerosas remisiones a un desarrollo reglamentario que dejan incompleta la norma, y provocan una gran inseguridad al deslegalizar una parte importante de la regulación, sustrayendo cuestiones esenciales del debate parlamentario”.

Reducción de suelo para equipamientos y VPP

Otra de las cuestiones que no gustan al Ministerio es la reducción de suelo dotacional en determinados desarrollos. En concreto, alega que se limita “la obligación de crear dotaciones cuando el planeamiento incremente la densidad urbanística”. Unido a ello, “incluso cuando sí deban crearse suelos dotacionales, se reducen un 15%, sin justificación, y provocando que las ciudades vayan a perder calidad urbanística y servicios tan esenciales como los equipamientos escolares, médicos, bibliotecas, o incluso las viviendas públicas dotacionales”.

Igualmente, “se reduce a la mitad el porcentaje que corresponde a los ayuntamientos de aprovechamiento de suelo, lo que les limita claramente la posibilidad de construir viviendas de protección pública, al contar con menos suelo disponible. Todo ello en el marco de un consenso claramente alcanzado a nivel nacional y europeo de que lo que falta es precisamente vivienda pública”.

Por último, alega el departamento de Vivienda del Gobierno que “se continúa la línea liberalizadora y desreguladora, que solo promueve la especulación, no solo en el ámbito del suelo con lo ya señalado, sino incluso dando un poder excesivo a las entidades colaboradoras urbanísticas”. Así, “no solo se desregula, sino que se dimite de la función de control público, haciendo a entidades privadas convertirse en juez y parte en muchas ocasiones, con el peligro de excesos urbanísticos que ello puede suponer”.

Simultáneamente, se permite iniciar obras “a partir de una declaración responsable únicamente, sin exigir un proyecto definitivo y una revisión administrativa previa, todo lo cual termina de completar el escenario de especulación institucional que la Comunidad está promoviendo con el anteproyecto de Ley del Suelo presentado”.

En definitiva, considera el departamento de Isabel Rodríguez que “la norma propuesta tiene como fundamento principal promover intereses especulativos, no solo por la vía de ampararlos, sino por la vía de la supresión de los controles administrativos, convirtiendo a promotores y entidades privadas en jueces y parte de los procesos de urbanización”. Todo ello “a la vez que se toman medidas que no solo no favorecen el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino que claramente lo perjudican”.