Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante

“Se deroga parcialmente el Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas, en todo lo relativo a las viviendas protegidas de promoción privada, quedando en vigor por lo que respecta a las viviendas que forman parte del patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat”.

El punto dos de la Disposición Derogatoria Única del decreto de 10 de diciembre de 2024, del Consell del expresidente Carlos Mazón, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana se expresa en estos términos. La derogación parcial del mencionado decreto aprobado por el Gobierno del Botánico implica, en la práctica, dejar en manos de los promotores privados que construyan vivienda pública todo el proceso de adjudicación hasta el momento de escriturar las casas, momento en el que la Conselleria sí que se encarga de supervisar que todos los adjudicatarios cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a niveles de renta y demás condicionantes.

El marco normativo del Botánico establece que el objetivo del Registro de demanda de vivienda “es facilitar el acceso a la vivienda garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas para las distintas modalidades de vivienda protegida” y añade: “Con esta finalidad se establece la obligatoriedad de la inscripción para ser persona adjudicataria de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada”. Además, también obligaba a presentar una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos para poder acceder a según qué tipo de viviendas protegidas. Esta declaración incluye multitud de datos sobre el demandante (ver imagen). Si bien es cierto que en el caso de las promociones privadas seguían siendo las empresas las encargadas de organizar la adjudicación, también lo es que todos los candidatos debían estar dados de alta con su correspondiente declaración, cosa que desde finales de diciembre de 2024 ya no sucede.

Se trataba de una suerte de primer filtro que luego debía confirmar la conselleria en la última fase de visado, en la que se acredita que todos los adjudicatarios cumplen las condiciones, un paso previo a la escritura de compra definitiva del inmueble. “La formalización de la declaración responsable supondrá la incorporación al registro y la adquisición de la condición de demandante con derecho a la participación en los procedimientos de adjudicación”, establece el decreto de 2021.

El decreto de 2021 también regula el “Registro de oferta de vivienda en el que deberán inscribirse tanto las viviendas del patrimonio público de vivienda de la Generalitat, como las viviendas protegidas de promoción privada” con el objetivo de dar publicidad y transparencia a las diferentes promociones: “La obligatoriedad de inscripción de las viviendas de promoción privada responde a la voluntad de promover su movilización para dar respuesta a la demanda de vivienda, así como a la necesidad de seguimiento por parte de la administración del cumplimiento de los requisitos para la venta o alquiler de este tipo de viviendas. La combinación del Registro de oferta y del Inventario de viviendas de protección pública harán posible la consecución estos objetivos”, dice la normativa.

Sin embargo, la aprobación del decreto de 2024 por el Gobierno de Carlos Mazón elimina todos estos mecanismos de control solo en lo que a promociones de vivienda privada se refiere, como por ejemplo la que ha sido objeto de polémica en Alicante al haberse adjudicado a diferentes cargos del PP y técnicos del Ayuntamiento de Alicante.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda que procedía separar a los demandantes de vivienda protegida pública de la privada porque van a públicos diferentes, con rentas, necesidades y características diferentes y que realmente, ni el registro de demandantes ni la declaración responsable implican un mayor control sobre el proceso de adjudicación: “De hecho todos los adjudicatarios de la promoción de Alicante estaban en el registro de demandantes porque cuando empezó el proceso sí que era obligado inscribirse”, si bien es cierto que el cambio legal que eliminó este trámite se produjo después, a finales de 2024.

En esta línea, han puesto en valor que el decreto de 2024 incrementa la fiabilidad y el control del visado sobre los adjudicatarios, es decir, el momento en el que se comprueba si cumplen las condiciones para adquirir una vivienda protegida. En este sentido, el decreto establece que “la solicitud de visado incluirá la autorización expresa de la persona adquirente y persona arrendataria o cesionaria para que los servicios territoriales puedan comprobar que se cumplen los requisitos de acceso a la vivienda protegida de que se trate, en particular la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente en el marco de la colaboración que se establezca con las administraciones tributarias o con otras administraciones públicas competentes”.

A estos controles adicionales se sumarán, a raíz del caso de Alicante, que el proceso de visado se hará a partir de ahora por órgano colegiado en lugar de por un único funcionario. Además, han explicado que están trabajando en una plataforma digital del Plan Vive en la que se dará información de todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta para que todos los interesados tengan la información de primera mano y puedan apuntarse a los diferentes procesos de adjudicación que seguirán gestionando las promotoras. En este punto también han asegurado que trasladarán a las mercantiles una serie de criterios objetivos para hacer las adjudicaciones de forma transparente.

El PSPV acusa al PP de “facilitar la especulación”

La diputada del PSPV en las Corts, María José Salvador, ha criticado que “el PP ha implantado un sistema para facilitar la especulación con la vivienda, y hacer negocio con lo que es un derecho fundamental”.

Según Salvador, “el caso de Alicante ha evidenciado las costuras del modelo de mercantilización de la vivienda optando por la venta-permuta de suelo público, eliminando la calificación permanente de la VPO de iniciativa privada, y eliminando para la VPO de iniciativa privada los controles que existían sobre los procesos de adjudicación en la ley de función social de la vivienda y en el decreto de 2021”.

A su juicio, “todo esto ha sido eliminado por el Decreto de VPO del PP de 2024 y el plan Vive, por tanto los que han creado el problema no lo pueden resolver, no están legitimados” y ha advertido al presidente Pérez Llorca que “tendrá que explicar cuál era el objetivo con estos cambios”.