Un informe del Ayuntamiento de Alicante alertó sin consecuencias de que funcionarios que tramitaron las VPO se quedaron pisos
“El Servicio de Gestión Patrimonial elaboró un informe (...) en el que se alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”. Un informe interno del Servicio local de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante se pronunció en estos términos al detectar posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de la polémica promoción de viviendas públicas (VPP) en la Playa de San Juan.
Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.
El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada este martes por el Consistorio ante la Fiscalía Provincial de Alicante, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal y, de ser así, se depuren las responsabilidades. Fuentes municipales han informado a este diario que el mencionado informe se recibe en el correo de Secretaría el pasado 27 de enero y se firma dos días más tarde.
En el escrito, de nueve páginas, se informa de que concluida la construcción de las viviendas de La Condomina 'Les Naus', en la cotizada Playa de San Juan de Alicante y con piscina, gimnasio y pistas de pádel-tenis, y estando muy próximo el cierre del expediente, la cooperativa remitió al consistorio un listado de los inmuebles VPP entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplía los requisitos legales.
Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.
Y pese a que todos ellos cumplen los requisitos exigidos por la normativa, esa concurrencia de los vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.
Además, el informe de Patrimonio también señaló “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.
Deber legal de abstención
De esta manera, se elaboró un informe que señalaba estos posibles conflictos de interés apuntando el deber legal de abstención en los casos con interés personal en un asunto de competencia de los empleados o cargos públicos. El informe incluyó que, al menos, un arquitecto municipal adjudicatario “participó activamente” en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa “sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente” la normativa, la Ley 40/2015.
Por todo ello, el Servicio de Gestión Patrimonial concluyó que podían derivarse responsabilidades a las personas implicadas al tiempo que se podría “afectar a la imagen” del ayuntamiento.
A la vista del contenido del informe, el alcalde, Luis Barcala, del PP, pidió el pasado 29 de enero un expediente de averiguación de hechos que concluyó que había tres casos concretos de personas relacionadas directamente con el ayuntamiento como adjudicatarias: La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que ya ha dimitido; otra la directora general María Pérez-Hickman también dimitida por ser beneficiarios sus dos hijos y un sobrino, y un arquitecto municipal, Francisco Nieto.
Incógnitas no esclarecidas
Pese a que en el expediente de averiguación de hechos se establece que ninguno de los tres intervinieron en los actos nucleares del expediente (ni en la mesa de contratación ni en las resoluciones de adjudicación ni licencias), el ayuntamiento cree que persisten “incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos” durante la investigación interna.
“Preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente” que “pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados”, sin descartarse que pudieran haber aprovechado “la posición o información privilegiada de los empleados municipales vinculados” a su cargo. Por ello, el ayuntamiento denuncia los hechos a la Fiscalía con el objetivo de que, “sin señalar a priori responsables concretos”, éste evalúa la posible relevancia penal.
Rastreo de la plantilla municipal en Alicante
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha anunciado que el Ayuntamiento cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas investigadas con la plantilla actual de funcionarios municipales. El objetivo es detectar si existen más empleados públicos relacionados con el reparto de estos inmuebles, tras las dimisiones de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman.
Desde el Consell, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha avanzado que se intensificarán los controles en las adjudicaciones de promoción pública y privada.
La oposición denuncia “dejación de funciones” y una “trama criminal”
Pese a los anuncios de investigación oficial, la oposición ha elevado el tono de sus críticas. La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha recordado que su formación ya ha llevado el caso a la Fiscalía por cinco presuntos delitos, incluyendo prevaricación y estafa, y ha acusado al alcalde Barcala de una “dejación de funciones total” por no controlar las adjudicaciones sobre suelo municipal.
Barceló ha criticado que el informe encargado por Barcala no analiza lo que ha pasado y no resuelve las incógnitas sobre la polémica adjudicación de viviendas. “Barcala reconoce ante Fiscalía que puede haber habido un conflicto de intereses, pero el informe interno que el propio alcalde ha solicitado y que solo relata hechos no llega a ninguna conclusión y pretende exonerar al gobierno del PP de cualquier responsabilidad”.
Por su parte, Compromís ha calificado los hechos de “trama criminal organizada” y ha exigido que la policía verifique si los adjudicatarios viven realmente en los inmuebles o si los están realquilando. Finalmente, Esquerra Unida Podem ha señalado directamente al Consell por elevar los límites de renta hasta los 66.000 euros, permitiendo que cargos del PP accedieran a VPO mientras miles de familias quedan fuera del sistema.
Finalmente, Esquerra Unida ha revelado que el Ayuntamiento ya disponía de informes del servicio de Patrimonio desde 2025 que alertaban sobre posibles incompatibilidades en las adjudicaciones de Les Naus. Según el portavoz Manolo Copé, el alcalde Barcala decidió ignorar estas advertencias técnicas, una decisión que califican de “irresponsabilidad política intolerable” dado el contexto de emergencia habitacional que atraviesa la ciudad de Alicante.