El Gobierno no dará ayudas para promociones de VPO como la de Alicante si la protección no es permanente
Ni la Comunitat Valenciana ni ninguna otra autonomía recibirá fondos procedentes del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 del Gobierno dotado con 7.000 millones de euros para financiar viviendas protegidas sobre suelo privado que sean susceptibles de ser descalificadas y por tanto perder su protección con el paso de los años.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo remarcó así este miércoles en declaraciones a TVE, a colación del escándalo de la promoción de 140 casas de protección desarrollada en Alicante, la primera en 20 años, que se han adjudicado algunos cargos del PP y del Ayuntamiento y que se investiga en la Fiscalía.
Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.
Estas viviendas fueron promovidas por una cooperativa que compró los terrenos al Consistorio alicantino tras concurrir a un concurso de enajenación, por el que finalmente y tras un largo proceso judicial se adjudicó en propiedad la parcela por 6,6 millones de euros. Así pues, este tipo de promociones en los que la administración pierde la propiedad del suelo no podrán recibir fondos del estado para su financiación. La única excepción se abriría si las viviendas se dedicaran a alquiler asequible o si siendo para venta, la protección fuera permanente y no limitada en el tiempo.
Según la ministra, Isabel Rodríguez, “no va a haber ni un euro ni un suelo de la Administración General del Estado que no esté protegido para siempre” y añadió: “Por ejemplo, el nuevo barrio que vamos a hacer aquí en Madrid y como él, otros muchos en otras ciudades, Campamento, son 10.000 viviendas, una parte son de carácter protegido para las personas a las que van dirigidas y el otro 100% asequible, pero la titularidad de esos suelos y por tanto el futuro de esas viviendas será siempre público y en el ámbito del plan estatal de vivienda claramente queda reflejado que no va ni un euro ni un suelo a las comunidades autónomas que no protejan estas viviendas, de manera que lo que instamos a las comunidades autónomas es a cambiar su normativa. Nosotros en la Ley de Vivienda escribimos esa protección permanente para siempre”.
Fuentes de Vivienda han explicado al respecto que las promociones de vivienda protegida desarrolladas por promotores privados y en suelo privado sí que pueden tener un plazo limitado de protección, de 30 años como norma general, pero en ningún caso son susceptibles de ser financiadas. Así pues, en los casos de cesión de derechos de parcela en la que el promotor privado construye y explota las viviendas durante un plazo de tiempo, pero tanto las casas como el suelo son de titularidad pública, la protección será permanente y podrán recibir financiación estatal. Los casos de permuta o enajenación, en los que la administración pierde la propiedad de los terrenos, no serán financiables con el Plan Estatal de Vivienda.
En la Comunitat Valencia, el decreto aprobado por el Consell de Carlos Mazón en diciembre de 2024 eliminó la protección permanente de promociones privadas, una calificación que mantendrán durante entre 15 y 30 años, según el caso.
Estos son los nuevos programas de promoción de vivienda que podrán recibir financiación estatal, según ha informado el Ministerio de Vivienda a elDiario.es:
- Adquisición de viviendas para incrementar el parque público asequible o social de viviendas, que se vayan a destinar al alquiler o cesión en uso.
- Adquisición de viviendas por las organizaciones sin ánimo de lucro o de lucro limitado especializadas en vivienda para ser destinadas al alquiler o cesión en uso asequible.
- Promoción directa de viviendas, sobre suelo público, para ser destinadas al alquiler social o asequible, incluso si se trata de la rehabilitación de un edificio previamente existente.
- Promoción de viviendas, mediante fórmulas de colaboración público-privada, para ser destinadas al alquiler social o asequible.
- Gestión y explotación pública de viviendas desarrolladas sobre suelo de titularidad pública o privada destinadas al alquiler social o asequible, a través de colaboración público- privada, mediante la cesión de uso a una administración u organismo público, competente en materia de vivienda, para su gestión durante un plazo mínimo de 50 años.
- Promoción de viviendas en suelo privado con algún régimen de protección pública, con calificación permanente.
- Fomento de la vivienda cooperativa en cesión de uso, de alojamientos y de soluciones residenciales diseñadas en torno a la interrelación de las personas, destinadas al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal en cualquier régimen admitido en derecho, ya sea de titularidad pública o privada.