El nuevo decreto contra el acoso inmobiliario aprobardo por el Gobierno valenciano, que entró en vigor el pasado martes 28 de febrero tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) cuenta ya con tres denuncias para tramitar.
Todas ellas las presentaron el pasado martes 21 de marzo las tres personas víctimas de acoso inmobiliario por parte de diferentes fondos buitre acompañadas y asesoradas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València.
Los fondos buitre Promontoria Coliseum, Global Pantelaria y Global Zappa se enfrentan a multas de hasta un millón de euros en virtud de la nueva normativa que define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.
Uno de los casos denunciados ha sido el de la mujer de 82 años de Cullera, cuya ausencia aprovechó el fondo Global Pantelaria para acceder a su vivienda sin orden judicial, tirar todas sus pertenencias y cambiarle la cerradura. El caso está judicializado, tal y como informó elDiario.es.
Otro de los casos denunciados es el de María Victoria Pedrajas, de 46 años, vecina de la Fuensanta con un hijo de 5 años y otro de 17. En su caso es el fondo Promontoria Coliseum el que se dedica a llamarle por teléfono todas las semanas para amenazarla con el objetivo de que se vaya de la vivienda, e incluso le han enviado a algún empleado para hacer lo propio: “Cada vez que salgo de casa tengo que dejar dentro a mi hijo el mayor porque me da miedo que vengan y me cambien la cerradura. Primero me ofrecieron 4.000 euros y como me negué, me empezaron a decir que cuando saliera me podrían una reja de hierro para que no pudiera entrar. No puedo más, vivo con el miedo en el cuerpo”.
Pedrajas firmó un alquiler social de 136 euros con el Banco de Sabadell, pero luego la vivienda se transfirió al fondo buitre, que a un año de finalizar el contrato le mandó un burofax para advertirle de que al finalizar, en 2020, tenía que abandonar la vivienda, a lo que hasta ahora se ha negado sin haber dejado de pagar ni un solo mes el alquiler: “Mi abogado ha conseguido un permiso del juez para frenar el desalojo al ser una persona vulnerable con menores a mi cargo, acogiéndome a la moratoria aprobada por el Gobierno. Pero es una angustia vivir así, aguantando burlas y amenazas por teléfono casi a diario”.
La tercera afectada que ha presentado denuncia, en este caso contra Global Zappa, es Andrea Florea, vecina del barrio de Beteró en València, con tres hijos de 8, 10 y 13 años. Su marido tuvo un trasplante de riñón, por lo que perdió el trabajo y cobra una pensión. Según explica, entre 2014 y 2015 dejaron de pagar la hipoteca de 500 euros por falta de recursos e Ibercaja traspasó la vivienda a Global Zappa, que a su vez la puso en venta en un portal inmobiliario: “Primero nos ofrecieron 1.500 euros para que nos fuéramos pero nos negamos. Poco después empezó a llamar gente para venir a ver el piso, incluso ha habido quien se ha presentado aquí. Llamamos para que retiraran el anuncio pero no lo han hecho e incluso nos han acusado de okupas”.
Según explica, de momento se han podido acoger a la moratoria del Gobierno para frenar el desahucio al menos hasta 2024, pero la situación sigue siendo desesperante porque además de haber perdido la vivienda como consecuencia de los impagos, aún les están reclamando el pago de 30.000 euros “cuando el valor real de la vivienda, que al ser protegida era de 30.000 euros, ya está más que abonado con todas las cuotas que pagamos; además, no solo nos quitan el piso que cubriría de sobra esa cantidad, sino que nos siguen reclamando dinero”.
El portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) de València, José Luis González, ha comentado que estos son solo algunos ejemplos de numerosos casos de familias vulnerables que son víctimas de este tipo de prácticas: “Solo en el barrio de la Fuensanta estamos en contacto con 70 familias que tienen problemas, por eso pedimos que las viviendas de los bancos y de la Sareb se destinen a alquileres sociales, teniendo en cuenta que tenemos 13.000 personas en lista de espera en la Comunitat Valenciana”.
Precisamente, la PAH de València está tratando de frenar el desahucio de H. A., un hombre de Ecuador de 65 años que perdió la vivienda que compró tras perder su empleo y no poder pagar la hipoteca. Aunque negoció un alquiler social con el banco de Sabadell, la vivienda pasó a manos de Promontoria Coliseum. Con el cambio de propiedad incurrió en impagos del alquiler, lo que ha aprovechado el fondo para iniciar el proceso de desahucio, cuya fecha ya está fijada y ahora se trata de frenar garantizando el pago de las cuotas pendientes.