La falta de transparencia con el concejal de contratación de València comienza a atragantársele al consistorio. El Síndic de Gregues reclama al Ayuntamiento de Valencia que aclare si tiene información sobre las empresas con las que trabaja el concejal José Marí Olano, responsable desde abril de la Mesa de Contratación, que oculta a la oposición las firmas con las que mantiene un vínculo profesional. El edil no tiene dedicación exclusiva, compagina su actividad de político con la de abogado, y este régimen le permite evitar pedir declaraciones de compatibilidades específicas.
El defensor del pueblo valenciano ha abierto una investigación sobre la opacidad del edil, que se ha abstenido en numerosos procesos de contratación para evitar incompatibilidades, pero que elude sistemáticamente desvelar con qué empresas trabaja en calidad de abogado. Marí Olano argumenta que se debe al secreto profesional de la abogacía, pero la oposición insiste en que se trata de una cuestión de transparencia y prevención del fraude. El Síndic inició las pesquisas tras una queja presentada por la concejala del PSPV Elisa Valía, que considera que las negativas del consistorio vulneran derechos fundamentales de la oposición y la ciudadanía.
El órgano que dirige Ángel Luna acordó abrir una investigación el pasado julio y pedir documentación al Ayuntamiento sobre la actividad del concejal. En concreto, solicitó “un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado”.
En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el consistorio argumenta que el concejal no está obligado a decir con qué personas físicas o jurídicas trabaja, sino que el reglamento hace referencia a información sobre la actividad genérica del concejal que le reporte ingresos. En un punto del texto, el consistorio reconoce que la información solicitada “no ha sido declarada, comunicada, manifestada o de cualquier otra forma revelada al Ayuntamiento de Valencia” y por tanto, no se le puede proporcionar a la oposición. El Ayuntamiento de PP y Vox interpreta que ni el reglamento ni ninguna otra norma obliga a desvelar “la identidad de las personas físicas o jurídicas con las que se relaciona laboral o profesionalmente, como tampoco le obliga a comunicar, declarar, manifestar o de cualquier otra forma revelar al citado Ayuntamiento los pormenores de la relación laboral o profesional correspondiente, tales como su objeto, contenido, duración, carácter retribuido o no, forma e importe de la retribución, categoría laboral o profesional, o incluso la identidad de su empleador, en caso de que el concejal sea trabajador por cuenta ajena”.
A la institución estatutaria no le ha servido este argumento y ha dado un paso más. El Síndic ha emitido una nueva resolución que pide al consistorio que aclare si posee esta información o no. En concreto, dice el texto, se exige un informe a la Secretaría General del Pleno sobre “si la información objeto de la pregunta presentada con fecha 13/6/2025 consta en el Registro de Actividades y si dicha información tiene el carácter o la naturaleza de información pública”.
La resolución fuerza al pleno a manifestar si se le ha requerido al concejal información que para la oposición resulta clave. PSPV y Compromís llevan meses insistiendo en que el edil, que tiene una extensa trayectoria laboral como abogado en una consultoría privada, de las más potentes de la ciudad, debe aclarar qué vínculos mantiene con las empresas que optan a la contratación pública. Marí Olano se ha abstenido en más de seis procesos en cinco meses para evitar una incompatibilidad, algunos de ellos con millones de euros públicos en juego.