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La declaración de A Coruña como ciudad tensionada, una de las primeras autorizaciones de una administración del PP para aplicar la ley estatal de vivienda, lleva a los vecinos de València a insistir a su ayuntamiento en esta vía. La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha reclamado al consistorio, que dirigen PP y Vox, que declaren toda la ciudad como zona tensionada para controlar los precios del alquiler de la vivienda y “proteger a los inquilinos en una situación que se hace cada vez más insostenible en la ciudad”.
La Federación emitió un comunicado después de que el Boletín Oficial del Estado publicara las nuevas declaraciones de zonas tensionadas, donde se incluyen las ciudades de A Coruña, San Sebastián y 21 municipios de Navarra, que el evan a 300 los municipios que se acogen a esta prerrogativa de la ley de vivienda. Este mecanismo, previsto en la ley estatal, y al que se resisten los territorios del PP, busca la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos hayan sido desproporcionados. La presidenta de las entidades vecinales, María José Broseta, expuso que “sin duda, en la ciudad de València venimos experimentando esta situación desde hace varios años habiendo llegado a unas cifras en los precios de los alquileres que son totalmente inaceptables y con unas condiciones para alquilar que son realmente humillantes”.
Broseta subrayó que la vivienda es “un derecho político, como el derecho de voto o la libertad de expresión. El sentido de pertenencia a un grupo o a una sociedad lo da el arraigo y la seguridad, y sin vivienda no hay comunidad que pueda perdurar”. Las entidades vecinales y la oposición municipal llevan desde que se aprobó la norma instando al consistorio a aplicar este artículo, subrayando el éxodo de jóvenes de la ciudad hacia el área metropolitana, derivado del incremento de precios que no tiene visos de frenar. El último barómetro municipal insiste en que para los vecinos la vivienda es el principal problema.
Por ello, la Federación insta directamente al PP valenciano a que “se abandone la línea de Vox y se aplique aquí una medida que se está demostrando que es totalmente necesaria y urgente también para la ciudad de València”, como han realizado ya otros municipios. La respuesta del consistorio pasa por la construcción de más vivienda y apuntar a las ocupaciones irregulares, un problema que, según las estadísticas, es minoritario.
La representación de las entidades vecinales denuncia que en la ciudad de València “se haya institucionalizado una forma de vida en habitaciones que ya no solo afecta a estudiantes, sino también a personas en edad avanzada y familias enteras que están viviendo en condiciones lamentables”. Se refiere a compartir pisos “parcelados en los que tienen que utilizar baños y cocinas como zonas comunes con desconocidos”. Insiste la federación en que las condiciones que se exige a los arrendatarios son “abusivas y humillantes con demasiada frecuencia”.
En paralelo, la entidad aboga por incrementar los impuestos sobre las viviendas vacías para incentivar su incorporación al mercado. Esta fue una de las claves de la norma de vivienda aprobada por el gobierno del Botànic en la Generalitat (PSPV, Compromís y Unides Podem) y del mandato de Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento, que gravaron estos inmuebles a través del IBI. También incluye entre sus reivindicaciones la Federación vecinal la posibilidad de la bonificación fiscal y las ayudas directas en el caso de que estas viviendas se destinen al alquiler a un precio tasado, que facilite el acceso a la vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes.