¿Comisión de la Verdad en Colombia?

En La Habana, sede de las negociaciones de paz entre gobierno y guerrilla colombianos, el martes 10 de febrero se presentaron los trabajos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una comisión formada por doce expertos y dos relatores, trece hombres y una mujer, todos ellos académicos y todos ellos nombrados por las partes negociadoras. Colombia es especialista, desde mediados del siglo pasado, en comisiones de investigación sobre acontecimientos cruentos que no sirven ni para esclarecer hechos ni para determinar responsabilidades. Esta última no es excepción.

Los trabajos se editan con el título discreto de Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Han debido realizarse en corto tiempo. Fue a comienzos de agosto del pasado año cuando, según reza el arranque del acta, “el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acuerdan la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno y para proveer insumos para las delegaciones” en las conversaciones de paz. A ello responde el mandato: “El Informe de la Comisión deberá ser insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad”. Pero verificación y responsabilidad se aplazan: “En esa medida (el Informe de la Comisión) será un insumo básico para una futura comisión de la verdad y contribuirá a la reconciliación”, la cual ya contaría “con la participación de todos y en particular de las víctimas”.

La CHCV no es por tanto una Comisión de la Verdad que esclareciese hechos para determinar responsabilidades. De ahí su planteamiento. Para lograr autoridad, una Comisión de la Verdad ha de producir un informe colectivo aunque sea sólo de mayoría. El mandato de la CHCV prevé en cambio que pueda producir tantos dictámenes como expertos con una relatoría de los mismos cual informe final. El resultado es aún más disperso. Los relatores presentan recapitulaciones distintas, una cada uno. En singular no hay informe. El procedimiento no ha dado lugar a indagación, análisis y reflexión en común, sino a una serie de dictámenes de despacho en los que además pesa la política del conflicto más que la ciencia de la academia. “El Informe” sólo constituye en suma una contribución más a la victimología y a la pazología, expresiones éstas así unidas de uso en Colombia con una dosis peyorativa merecida a veces, no digo siempre.

Jefferson Jaramillo, autor del libro Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las Comisiones de Investigación (1958-2011), identifica unas pautas en la sucesión de iniciativas oficiales de indagación en equipo. Comenzó en 1958 con una comisión de formación partidista, eclesiástica y militar para irse evolucionando hacia la composición académica a la que ahora responde la CHCV. Ninguna de las habidas ha sido Comisión de la Verdad. Más que la averiguación de hechos para la asignación de responsabilidades, lo que han perseguido las comisiones colombianas es sentar como verdad histórica narrativas interesadas. Y siendo presidenciales o gubernativas, no parlamentarias, abrigan más fácilmente agendas ocultas. La novedad que Jaramillo ha apreciado en la CHCV desde el momento de su formación es la de las caras nuevas: a los comitentes del gobierno se unen los comandantes de la guerrilla.

Es más difícil componer narrativas convenientes para dos partes, pero en algo hay confluencia, algo en lo que ya había acuerdo. Obsérvese el nombre de la CHCV: Comisión sobre el Conflicto y sus Víctimas. Las víctimas lo son del conflicto y no de agentes humanos. ¿Responsables según la CHCV? La economía o la sociedad, como si entre los problemas y las armas no mediasen decisiones, o el Estado en su totalidad, como si en su seno no pudieran y debieran distinguirse poderes e instancias culpables e inocentes. La criminalidad ha llegado a permear al Estado colombiano, pero no a todo él y no en el mismo grado a todas las instituciones implicadas. La guerrilla repica campanas porque se atribuya la responsabilidad a la economía o al Estado, pero lo que está realmente celebrando es el camino hacia la impunidad abierto con la neutralización de responsabilidades. El gobierno tampoco desdeña esa disolución de culpas en la economía, la sociedad o el propio Estado. Las dos partes tienen cementerios en el armario. ¿Está fraguándose una piñata de la impunidad? Ante tales perspectivas, unos temores no sólo proceden de la derecha como está dándose por hecho.

Problemático con todo resulta que la CHCV vaya a tener la prosecución de una Comisión de la Verdad respecto ni siquiera al esclarecimiento, no digamos a responsabilidades. ¿Cómo es que no se ha empezado por ella? Si estamos ante una operación de fingimiento para imponerse previamente narrativas de la irresponsabilidad, los comisionados no son sus principales factores. No dudo de su solvencia académica, sino de su prudencia política. Buscar causas objetivas para tanta sangre derramada y tanta gente desposeída ofrece coartada a tantos y tantas criminales, inclusive personal inversor y ejecutivo de empresas agroindustriales y extractivas impulsoras de ilícitos para apropiarse de tanto territorio despoblado por la acción cruzada de guerrilla, ejército y paramilitares. Y dudo de su sensibilidad. Impersonalizan a las víctimas. Contribuyen al intento de enmudecerlas y suplantarlas. Una cosa es ser experto y otra, ventrílocuo. En Colombia las víctimas supervivientes tienen sus voces colectivas organizadas. Salvo audiencias no decisorias y comunicación por internet, quienes conversan, se asesoran y negocian en La Habana son gobierno y guerrilla. La propaganda oficial llama participación a las salvedades. No le va a la zaga en descaro la publicidad guerrillera.

El resultado de la CHCV arroja sombras sobre las negociaciones. Sus acuerdos van a comprometer a toda la ciudadanía colombiana y muy neurálgicamente a las víctimas sin que haya habido participación apropiada. Se prevé la realización de un referéndum sobre los acuerdos, pero éste será forzosamente del tipo de plebiscito bajo chantaje: paz con tales condiciones y no con otras ni sin ellas. ¿Quién va a votar por la alternativa que preste excusa para seguirse asesinando y despojando por motivaciones políticas e intereses económicos? Tampoco es que la labor de la CHCV sea la única sombra que se cierne sobre La Habana. El primer acuerdo prácticamente cerrado, el de materia agraria, sitúa por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas muy por debajo, si en algún sitio, del nivel alcanzado por la actual Constitución y por el derecho interamericano e internacional vigente en Colombia. El proceso de renuncia a la guerra como instrumento político pudiera culminarse bajo acuerdos que afectasen a los derechos fundamentales y a sus garantías judiciales. No es aventurado pensar que gobierno y guerrilla comparten el interés por debilitar los unos y limitar las otras. De parte presidencial no han faltado intentos fracasados gracias a la eficacia de unos controles de constitucionalidad. No todo el Estado merece ser tenido por culpable.

Soy ciudadano español y estoy pronunciándome sobre asuntos colombianos. No soy nadie para juzgar si, por concluirse una guerra de décadas, ceder al chantaje plebiscitario compensaría. ¿Han compensado en España los dos referéndums de la transición que permitieron la impunidad franquista? Además de la masiva injusticia, ¿no hay secuelas? ¿No había alternativas? ¿No habrá remedio? ¿Se tiene conciencia? Pues las respuestas no son sencillas, opinemos y debatamos por encima de fronteras. Los asuntos de derechos no se someten a ellas. Internet asiste. Y Colombia ha internacionalizado el proceso de paz. Se desarrolla bajo los auspicios de dos Estados garantes, la propia Cuba y Noruega, y otros dos acompañantes, Chile y Venezuela. Otros respaldan. La ola llega a España en alas de la propaganda oficial.

Más seriamente están involucradas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos marcando objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Justicia transicional, excepcional para el caso como en otros semejantes, se admite por estas instancias, pero ha de ser precisamente justicia y no un sucedáneo. Transicional no significa transaccional.

De lo que debemos cuidarnos es de no suplantar voces ajenas. No emulemos a los comitentes y comisionados de la CHCV. Por internet también se encuentran materiales de colectivos más afectados. ¿Ejemplos? El Foro de Paz de los Pueblos Indígenas o la Ruta Pacífica de las Mujeres. Con razón se habla de víctimas invisibles.