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Bartolomé Clavero

Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha dedicado libros a historia de instituciones de Castilla, a derecho no estatal en España, a antropología jurídica preconstitucional europea, a constitucionalismo comparado entre Europa y América, a relaciones entre todo ello y a la increíble y triste historia de la memoria democrática en España (El árbol y la raíz, 2013; España 1978. La amnesia constituyente, 2014).

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Memoria democrática, callejero franquista, justicia amenazante

Un veterano comentarista político (Antonio Elorza) publica en prensa un artículo titulado Calles, placas y títeres en Madrid donde, sin venir mucho a cuento, deja caer que los sucesos a los que alude (cambio frustrado de denominaciones de las calles madrileñas de resabio franquista, tratamiento represivo desorbitado de los titiriteros que han acabado satirizando en carne propia usos policiales, judiciales y políticos del antiterrorismo…), “encajan en una mentalidad que ha ido extendiéndose entre la juventud disconforme desde el fin del comunismo y de la que Contrapoder fue ejemplo y vivero”. Más no aclara.

Contrapoder fue la divisa de un grupo universitario. Hoy es el distintivo de un grupo de opinión que publica en este medio, el diario.es, y ha sido además el título del libro que el mismo colectivo ha publicado en vísperas de las pasadas elecciones generales levantando acta del devastador efecto de las políticas del último gobierno sobre el orden constitucional de derechos y garantías, así como del reto pendiente en cantidad de asuntos respecto al necesario cambio de rumbo: Contrapoder. Desmontando el régimen (Roca Editorial, 2015). Elorza parece referirse sólo a aquel grupo, pero todo lo segundo representa una materialización viva de la consigna que cuadra igualmente como diana de la insinuación. Interesa más ahora el ataque mismo y el contexto desde luego en el que se comprende.

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La buena mala conciencia de la Constitución

El proceso constituyente español de 1976-1978 transcurrió condicionado por el peso de una dictadura institucionalizada que dejó alguna impronta en la Constitución resultante. Se tenía conciencia, aunque intentara disimularse, particularmente entre el sector no cómplice de la dictadura y partícipe en el proceso constituyente. Esto también dejó su huella en la Constitución, una huella no necesariamente negativa. La mala conciencia a veces produce alguna que otra buena consecuencia.

La herencia más evidente de la dictadura en la Constitución fue la monarquía, tanto por sí misma, por su naturaleza antidemocrática, como por lo que representaba. Una monarquía instaurada por el dictador servía de paraguas para una masiva impunidad no solo penal y política, sino también económica, de las empresas y otras corporaciones que habían hecho su agosto con la proscripción de libertades durante cuatro largas décadas. Para quienes habían luchado contra la dictadura o, al menos, no habían sido colaboracionistas y ahora, en 1978, aceptaban esa herencia, la mala conciencia estaba servida. Y motivos había más.

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Corrupción política e investigación parlamentaria en Perú y en España

Alejandro Toledo fue Presidente de la República del Perú entre 2001 y 2006 trayendo aires de nueva política. Economista formado en Estados Unidos, ofrecía una imagen de regeneración frente a una corrupción que había alcanzado su paroxismo durante la década previa con el gobierno de Alberto Fujimori, quien hoy cumple condena de veinticinco años. Durante la presidencia de Toledo hubo indicios de corrupción en su círculo cercano, particularmente por actividades de Eliane Karp, su esposa. Ambos están hoy sometidos a investigación parlamentaria, un procedimiento contra la corrupción que en Perú está funcionando y en España no hay manera de que lo haga.

Las elecciones que llevaron a Alejandro Toledo a la presidencia suscitaron esperanzas por su contraste con buena parte de la política peruana, no con toda ni mucho menos, pero sí bien marcado con aquella más representativa históricamente de sectores populares. Alan García, líder del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), volvía del exilio y se presentaba a las elecciones entre historias ensordecidas de extraños manejos económicos. Hoy también está sometido a investigación parlamentaria por corrupción contándose con bastantes más indicios de los que apuntan a Toledo. García fue Presidente de la República entre 1985 y 1990 y lo ha sido de nuevo entre 2006 y 2011. Las expectativas de política más limpia despertadas por Toledo en su momento puedo personalmente atestiguarlas pues fui director técnico de la observación electoral europea en 2001.

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Negacionismo judicial de derechos humanos

Como forma macabra de rememorar el genocidio armenio en Turquía cuando se cumple el centenario de su fase más álgida, el pasado 15 de octubre la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado la sentencia de su Sala Segunda que condenó a la Confederación Helvética por reprimir posiciones negacionistas. Ofender la memoria de las víctimas para negar responsabilidades de Estado por atrocidades cometidas contra su propia población es ejercicio del derecho a la libre expresión según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del mismo tribunal que ha eludido el asunto ante casos de responsabilidades del Estado español por crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista.

Dogu Perinçek, presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, impartió conferencias en Suiza a mediados de 2005 exponiendo la tesis de que el genocidio armenio es un “infundio imperialista”. La ocasión era señalada, pues visitaba Suiza para participar en una celebración del Tratado de Lausana de 1923, el tratado que creó la Turquía moderna como heredera del Imperio Otomano revalidando de paso no sólo el genocidio armenio, sino también otras políticas de limpieza étnica iniciadas por el segundo y proseguidas por la primera. La Asociación Suiza-Armenia presentó denuncia y Perinçek fue condenado por “discriminación racial” a treinta días de privación de libertad redimibles pecuniariamente totalizándose, con indemnizaciones, una pena por valor de algo más de tres mil euros. Sendos recursos de Perinçek fueron rechazados sucesivamente por los Tribunales cantonal y federal.

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Lucha de historias, lucha de memorias

Los años transcurridos de este siglo de han caracterizado en España por el esforzado intento de recuperación de una memoria histórica de signo democrático frente a la impunidad del sanguinario golpe de Estado y la no menos criminal dictadura del franquismo, así como frente al empeño de olvido y alarde de injusticia de casi todos los gobiernos, sin acepción de partidos, que se han sucedido en España desde el fenecimiento del régimen no constitucional. Excepción fue el primer Gobierno Zapatero, que cedió en todo lo sustancial. Ni asumió la responsabilidad del Estado ni abrió el acceso a la justicia.

Lucha de historias, Lucha de memorias. España 2002-2015 es una colección de escritos dedicados a dicha historia de presente. Se deben a Francisco Espinosa, autor que se singulariza por ser a un tiempo historiador, testigo y actor de tal intento de recuperación de historia y de memoria, un intento fallido finalmente o al menos hasta el momento. Mas Espinosa no se deja en absoluto vencer por la melancolía. Persiste en esas luchas de su nuevo título, por la historia solvente y por la memoria democrática.

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Plebiscito mediante elecciones en Cataluña

Para este inmediato 27 de setiembre están convocadas en Cataluña unas elecciones ordinarias con la particularidad de que concurren con buen pronóstico un par de candidaturas que las pretenden extraordinarias. Las plantean como un plebiscito. Servirían no sólo para la elección de parlamento y gobierno catalanes, sino suplementariamente, sin urna aparte, para el pronunciamiento de la ciudadanía entre dos opciones, la de un Estado independiente con vocación de permanencia en Europa o la de una Comunidad Autónoma en el seno de España bajo una Constitución común.

Señalemos de entrada que dichas candidaturas están indudablemente en su derecho. La ciudadanía catalana decide. El problema no radica en el planteamiento legítimamente partidista de una opción secesionista, sino en los términos como se formula para poder proceder de lograrse un respaldo significativo en las urnas. No está reclamándose, como correspondería a un plebiscito de independencia, una mayoría social suficiente que apoderare para abrir negociaciones con las partes principales afectadas, esto es, España y, desde luego, Europa, a fin de garantizar, para el eventual acceso a la independencia, derechos sin discriminaciones e intereses legítimos sin excepciones. Se anuncia en cambio que bastará para proceder mediante determinación unilateral una mayoría relativa erigida en absoluta gracias a los mecanismos electorales que priman la representación parlamentaria y al efecto del margen de abstención.

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Limpieza étnica en el paraíso caribeño

La República Dominicana, paraíso caribeño según la propaganda turística, está procediendo a una insidiosa depuración racista del censo de la ciudadanía para segregar población afrodescendiente. No escapa del todo a la opinión pública. Hay alertas y noticias. La cuestión es vieja. Surge con la obsesión constituyente dominicana por diferenciarse del Haití negro, su vecino isleño. Lo que ocurre ahora es que el segregacionismo se recrudece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le sale al paso y el Tribunal Constitucional dominicano reacciona avalando el racismo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Dominicana en 2005 por violar los derechos a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley con su política discriminatoria contra descendientes de trabajadores inmigrantes de procedencia haitiana mediante el expediente de considerarles “extranjeros en tránsito”. Es ésta una condición que, según el derecho dominicano, impide que la descendencia nacida en el país acceda a la nacionalidad, lo que la Corte Interamericana entiende como abusivo, tanto que viola derechos humanos. Esa cláusula de “extranjeros en tránsito” se introdujo en la Constitución de 1929. ¿Motivo? Una política de impulso a la inmigración extranjera mediante su integración en la ciudadanía no estaba consiguiendo su objetivo de blanquear la población. Lo impedía la demanda de mano de obra barata para plantaciones azucareras aprovechándose la permeabilidad de la frontera con Haití.

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Genocidio armenio, negacionismo turco, prejuicio alemán

Hoy, cumpliéndose un siglo, el genocidio armenio es un hecho histórico incontrovertible aunque el Estado responsable no lo reconozca así. Desde finales de 1914, durante la primera guerra mundial, más de un millón de personas de nación armenia fueron despojadas, deportadas y masacradas por determinación del partido gobernante en el Imperio otomano, hoy reducido a Turquía. Ahora, en Alemania, precisamente en Alemania, el reconocimiento por su presidente hay un significado comentarista que lo transforma en manifestación de escepticismo pretendiendo que el genocidio no está acreditado y proponiendo una comisión de la verdad para dilucidarlo. ¿Cómo es posible a estas alturas tal forma de negacionismo?

El asunto ha venido siendo ciertamente controvertido, aun sabiéndose de la masacre desde que se produjo. En su época nadie le llamó genocidio pues este término no fue acuñado hasta 1944 para significar el delito de intentar extinguir un grupo humano como tal, no necesariamente de eliminar a todos sus individuos. Desde que la expresión existe ha ido creciendo el reconocimiento del caso armenio como genocidio para sentarse la responsabilidad de Turquía cual Estado sucesor del Imperio otomano. Estaríamos ante un genocidio de gente cristiana, los armenios, por gente musulmana, los turcos. Digámoslo en términos religiosos pues fueron decisivos.

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Corrupción y justicia en España

La corrupción en España parece extremadamente difícil de erradicar. No basta la investigación policial y persecución penal caso por caso. Concurriendo agentes políticos de signo diverso, como el popular, el socialista o el nacionalista catalán, los casos no resultan ocasionales ni desconectados, sino replicantes y hasta sistémicos. Hay en el sistema elementos que alimentan la corrupción. Por mucho que se procese y condene a gente corrupta, la justicia resulta inoperante si lo que de verdad se persigue es extirpar la infección. Hace falta la vacuna enérgica de una política comprometida con la rendición íntegra de cuentas. Pero también se necesita otro tipo de justicia.

Hay precedentes de justicia activada frente a fenómenos de fuerte y resistente delincuencia colectiva, como el de las mafias clásicas, poniendo en juego principios y procedimientos un tanto distintos a los habituales. Lo ilustraré con un caso extremo y, por ello, más elocuente, el de la justicia de la última posguerra mundial frente a los crímenes nazis o frente al monstruoso crimen contra la humanidad que fue en sí el nazismo. No me voy por la tremenda como espero que enseguida se compruebe.

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¿Debe el rey pedir perdón por Mauthausen?

El pasado 12 de mayo el pleno del Congreso de los Diputados ha debatido una interpelación al gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya para que se instase al rey a pedir perdón por “las responsabilidades del Estado español” en relación al internamiento y muerte de republicanos españoles en campos de concentración nazis, principalmente en el austriaco de Mauthausen. Los partidos del turno, el Popular y el Socialista, impidieron su aprobación. El argumento más mendaz lo expresó el portavoz socialista: “la democracia debe hacerse responsable de las deudas de la dictadura, pero no puede hacerse responsable de sus culpas”, lo cual supondría asumir, “aunque sea vicariamente”, “la autoría del crimen”. Cuando ni siquiera se han saldado debidamente las cuentas de la dictadura, ¿cabe eludir así la responsabilidad del Estado? ¿Y así, por ensalmo, se esfuma la culpa?

Responsabilidad hubo por la participación efectiva del régimen franquista en el genocidio nazi, el cual, por cuanto respecta a españoles, representó la prosecución de la política de exterminio selectivo iniciada por el golpe de Estado franquista en África el 17 de julio de 1936, a la que se había sumado enseguida, provocada la guerra, la de matanza más indiscriminada para someter la retaguardia mediante el terror. Aunque no se tenga todavía prueba documental definitiva, pues hay archivos expurgados y otros españoles aún cerrados a la investigación, en la misma elección del campo de Mauthausen como destino final de la mayoría de los republicanos huidos a Francia y caídos en manos alemanas hubo de pesar la decisión del franquismo. En el universo concentracionario nazi Mauthausen ocupaba una posición especial. Hubo campos de concentración (Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen...) y campos de exterminio (Treblinka, Belzec, Sobibor...), éstos dedicados a dispensar la muerte en cámaras de gas o por otros procedimientos aún más brutales. La posición de Mauthausen era intermedia, similar a la de Auschwitz-Birkenau, sólo que éste derivó durante un último tiempo en mucha mayor medida a campo de exterminio.

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