Informes de iniciativa oficial sobre las víctimas en el País Vasco (I)

El Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco ha evacuado recientemente el informe encargado por la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco para analizar y evaluar “los contextos históricos del terrorismo en Euskadi y la consideración social de sus víctimas”. Es un informe que contrasta con la línea seguida por otros que vienen promocionándose por instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco bajo el gobierno actual. De atenernos a las declaraciones públicas ya adelantadas por el Secretario General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, no ha producido entusiasmo en los medios de la Lehendakaritza. Y con razón.

El Informe Foronda: Los contextos históricos del terrorismo en Euskadi y la consideración social de sus víctimas, 1968-2010, elaborado por Raúl López Romo en colaboración con Luis Castells, Antonio Rivera y José Antonio Pérez, todos ellos investigadores del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, responde al encargo recibido. Se sitúa en las antípodas de la posición representada por la secretaría de Jonan Fernández y asumida, obviamente, por el gobierno presidido por Iñigo Urkullu. Para irnos ubicando, conviene recordar que en abril de 2014 el lehendakari se deshizo, a requerimiento precisamente de Jonan Fernández, de su asesor para víctimas del terrorismo Txema Urkijo, persona muy vinculada a los grupos que en los años del plomo se posicionaron con claridad y contundencia contra el terrorismo etarra. Por decirlo de manera clara: con este movimiento el lehendakari optó por confiar su política relacionada con el final del terrorismo y la reconstrucción de la convivencia a una persona que provenía de Herri Batasuna y que fundó después Elkarri, una organización que siempre defendió la contextualización de ETA en un “conflicto vasco” diluyendo responsabilidades terroristas.

Recuérdese también que durante los gobiernos de Juan José Ibarretxe el discurso público del ejecutivo insistía en hacer del terrorismo etarra una expresión más de un largo conflicto originado, se decía entonces, en 1839. Ese argumento servía, con una ETA en activo, para proponer que el final del terrorismo pasara por un reajuste constitucional en el sentido deseado por el nacionalismo vasco. Ahora, con los pistoleros de ETA en la reserva (parece que con intención de jubilación definitiva) la interpretación de la violencia terrorista como una de las expresiones de un “conflicto” sirve para construir un relato del pasado donde el terrorismo ultranacionalista no adquiere sentido por sí mismo sino únicamente como una violencia entre violencias. Así lo recoge, expresamente, el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 elaborado por la secretaría del mismo nombre al proponer tratar de la violencia de ETA (de sus causas y de sus víctimas) en un contexto en el que aparecen igualmente otras violencias, entre ellas las del Estado, ya sea en la etapa dictatorial o en la constitucional en términos prácticos de continuidad.

No es, por tanto, casual que la Secretaría para la Paz y la Convivencia encargara previamente un informe, al que habremos de referirnos en una segunda entrega de este artículo, sobre “Vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, 1960-2013”. Así, en paquete conjunto con casos de torturas policiales y militares, de terrorismo parapolicial con o sin dirección política, de grupúsculos terroristas de corto recorrido o, incluso, de policías borrachos que asesinaban tras disputas en la calle o en clubes de alterne, la actividad de ETA puede presentarse como violencia entre violencias. Sobre todo si a todos se les apellida igual: “violencia con intencionalidad política”. Aunque no se diga expresamente, la metodología es aquí también parte del mensaje: ETA puede explicarse por el “conflicto” y en un escenario de varias “violencias con intencionalidad política”.

La razón por la que el Informe Foronda no ha gustado en la Secretaría dirigida por Jonan Fernández es porque metodológicamente enmienda la plana al núcleo duro del discurso público sostenido por el gobierno vasco actual. Y lo hace con un acopio, una depuración y una articulación de datos inéditos hasta ahora en informes de iniciativa oficial. A diferencia de otros, el Foronda es el primero que se elabora con criterio historiográfico con sus correspondientes exigencias críticas. No quiere ello decir que sea neutro en cuanto a su posicionamiento: claramente se sitúa en una línea de denuncia y señalamiento de responsabilidades del pasado terrorista y de las actitudes ante el mismo. Sí quiere decir, y esto es importante, que es un informe informado, es decir, realizado desde el principio historiográfico de la consulta directa y contraste de fuentes.

Tampoco es un informe que se deje cegar por su posicionamiento de manera que no vea otras vulneraciones de derechos; muy al contrario, con detalle se da cuenta de la actividad de otros grupos terroristas y de la actividad criminal de servidores públicos sin encubrir en caso alguno la que apunta hacia altas instancias del gobierno español. Más aún, en varios lugares el Informe Foronda se detiene a detallar y denunciar el ninguneo al que el propio Estado sometió durante mucho tiempo a las víctimas (extremo reconocido, por otra parte, en las recientes piezas legislativas sobre reparaciones a víctimas del terrorismo producidas tanto en Vitoria como en Madrid).

Si la metodología es discursiva en el caso de los informes y propuestas de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, también lo es aquí, pero con resultados antagónicos. De las cifras, de las imágenes, de las experiencias y opiniones recogidas en este informe se destila un argumento bien diferente del que acomoda al poder público vasco: ETA sí tiene una explicación en sí misma y su violencia, la más dañina y prolongada en el tiempo de las que acompañaron al proceso de salida de la dictadura. Si no en sus orígenes, claramente desde el momento en que comienza a vislumbrarse una vía constitucional, los asesinatos, extorsiones y demás actos criminales protagonizados por ETA no obedecieron a una reacción defensiva frente a otras violencias sino a una deliberada voluntad de imponer un proyecto totalitario en el País Vasco.

Dicho de otro modo, ETA no debe interpretarse como una violencia entre violencias, aún habiéndolas desigualmente en el tiempo, sino como un proyecto criminal en sí mismo. La prueba más evidente está en los datos materiales de este informe: el terrorismo de ETA no solo no ha necesitado el combustible de otras violencias sino que su actividad más mortífera se produjo contra la consolidación del sistema constitucional, autonomía vasca incluida. El proyecto promovido en su día por Herri Batasuna de extender una suerte de Gran Miedo (la infame “socialización del sufrimiento”), avalando el asesinato y acoso de sus “enemigos” políticos tomó cuerpo una vez que ETA era ya desde hacía algún tiempo el único grupo terrorista activo en el País Vasco. La cuidadosa reconstrucción de la cronología de todas las violencias en sí e interrelacionadamente por parte del Informe Foronda pone suficientemente de relieve tan decisiva circunstancia.

En un medio profundamente imbuido de ambigüedades, el Informe Foronda presenta la virtud de la claridad en sus análisis y en sus conclusiones. Éstas son sus palabras conclusivas respecto a responsabilidades: “La principal responsable ha sido ETA, la organización más longeva, más mortífera, con mayor apoyo social y cuya actividad (principio, desarrollo y final) ha configurado el marco del proceso histórico del terrorismo en Euskadi (incluyendo la acción tanto de sus satélites como de sus oponentes también terroristas). En ese sentido, otras organizaciones han contribuido a sembrar la violencia como forma de intervención en política y, entre ellas, las hubo que fueron impulsadas o amparadas desde aparatos del Estado. Estas contaron con un respaldo social residual en Euskadi, lo que no les exime de sus responsabilidades, sino que las coloca en su contexto”. En su contexto se dejan justamente ubicadas todas las violencias.

El Informe Foronda marca una diferencia. No tiene que ver con resarcimiento y reparación de víctimas que, por supuesto, se entiende que han de ser indiscriminados, sea cual fuere el victimario, sin excluir en absoluto los casos en los que concurre responsabilidad criminal de Estado. La diferencia tiene que ver con otra reparación que atañe no sólo a las víctimas, sino también a la sociedad toda: la memoria, la manera como vamos a recordar lo que pasó y lo vamos a contar a las generaciones futuras, el modo como honremos públicamente esa historia. Un informe no puede determinarla, pero cabe que aporte elementos valiosos para que la sociedad lo haga.