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La investigación judicial desmiente a Barberá: en Valencia hubo mordidas de hasta 20 millones

La exalcaldesa negó que en sus 24 años en el Ayuntamiento se amañara contrato alguno, pero el juez que instruye el 'caso Taula' ha acabado por poner cifras a una parte de la corrupción del PP

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La senadora valenciana Rita Barberá poco antes de comparecer ante los medios de comunicación

Rita Barberá, en la concurrida rueda de prensa que ofreció en marzo.

"No se ha amañado ningún contrato, ni ha habido mordidas, ni desviación para financiar nada". Así de tajante era Rita Barberá en declaraciones a Carlos Herrera, en la COPE, el pasado mes de enero. Según la exalcaldesa de Valencia, en sus 24 años al frente del Ayuntamiento no hubo corrupción alguna.

Barberá reiteró esa negativa varias veces, entre ellas en la primera de las multitudinarias ruedas de prensa que ofreció cuando el escándalo del denominado 'caso Taula' la involucraba progresisvamente (hasta el punto de que ahora mismo está pendiente la decisión de levantar su aforamiento para que pueda ser investigada, lo que la convertiría en imputada como todos sus concejales del PP en Valencia excepto uno). En la segunda rueda de prensa, el pasado marzo. ya matizó más: ella no sabía nada. De las grabaciones que se fueron conociendo emergía una realidad escandalosa.

Con el levantamiento del secreto de sumario de otra de las piezas de esa 'caso Taula', que se derivó de la compleja investigación iniciada con el 'caso Imelsa' (un asunto que afectaba al exdirigente provincial del PP Alfonso Rus y otros cargos públicos del partido), el juez Víctor Gómez ha puesto ya una cifra a lo que Barberá negaba con énfasis hace solo unos meses. Aunque "es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico", señala el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la cantidad detraída por los imputados se sitúa entre los 10 y los 20 millones de euros.

Precisamente esa consideración avala los movimientos del juez al embargar bienes de los imputados, con los que eventualmente deberán responder a sus responsabilidades. El juez considera que la exconcejal de Cultura de Barberá, María José Alcón; su entonces pareja, Vicente Burgos, que dirigía la fundación Jaume II el Just; el gran corruptor desde la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, y el asesor municipal Pedro Aracil recaudaron sobornos de varios contratos del Ayuntamiento de Valencia. En esta pieza de la causa están imputados también varios empresarios que habrían pagado las mordidas.

La pieza se instruye por separado de la que afecta a casi todo el grupo municipal del PP, por la que se ha pedido que sea desaforada Barberá y que se centra en el supuesto blanqueo de dinero de la caja B del partido en Valencia. Pero la investigación avanza sobre la previsible vinculación de ese dinero negro con el cobro de comisiones ilegales.

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