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REPORTAJE

Suciedad, la herencia de Castedo y Barberá que lastra a la izquierda

Los recortes y los desequilibrios en las inversiones de limpieza de la etapa del PP hacen insuficiente el plan de choque aprobado por el tripartito en Valencia. Los vecinos reiteran sus protestas de que la ciudad está sucia

Alicante empezará esta semana una reestructuración del plan de limpieza tras ganar el gobierno municipal la pugna con jefe de 'Brugal', Enrique Ortiz, a cuenta de quien debía sufragar el incremento de la actividad de la concesionaria

Un camión barre delante del Ayuntamiento de Valencia

Un camión barre delante del Ayuntamiento de Valencia

Era su reclamo común. “Que bonita está Valencia”, “Alicante, que guapa eres”. Tanto la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como la exalcaldesa de Alicante y doblemente imputada en el caso 'Brugal', Sonia Castedo, presumían de la belleza de su ciudad. Constituía uno de sus lemas. Aunque la situación real fuera otra.

Por la aplicación con dureza de la sacrosanta austeridad presupuestaria y por hacer la vista gorda ante los incumplimientos del principal contratista de la ciudad, Castedo y Barberá dejaron sus ciudades con un problema común: la suciedad. Los dos gobiernos progresistas que se alzaron con el poder en las dos capitales se encontraron con las calles descuidadas, y con la evidencia de que en los barrios más periféricos la limpieza brillaba por su ausencia.

Alicante: fin a la 'barra libre' del 'capo' de 'Brugal'

En la capital de l'Alacantí, todos los caminos conducen al mismo nombre. Dueño de facto del Hércules, acusado de financiar irregularmente al PPCV y doblemente imputado en 'Brugal', Enrique Ortiz, es uno de los empresarios más poderosos de Alicante. Propietario del grupo empresarial Cívica, ha labrado su imperio gracias a las adjudicaciones que ha recibido de la administración públicas. Muchas de ellas están bajo la lupa de los tribunales.

En 2013 ganó la denominada contrata del siglo, referente a la limpieza viaria y la recogida de basuras. Valorada en 435 millones de euros, tenía una duración de doce años. Resultó adjudicatario junto a FCC y a Ferrovial, sus socios en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que recibió la concesión por vía de urgencia. Y con la sombra de que los criterios subjetivos hacían del pliego “un traje a medida de Ortiz”, en palabras de los socialistas alicantinos. El servicio fue adjudicado, además, en medio de la polémica por la reducción presupuestaria a la partida de la limpieza.

Según denuncia el actual concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar Alacant), “el contrato establecía una reducción del coste que incidía en un peor servicio público”. “Como consecuencia, los barrios fueron los más castigados, quedando prácticamente desatendidos”. De hecho, las condiciones del contrato afectaron a los trabajadores de la adjudicataria. Y Alicante padeció un huelga de recogida de residuos.

Tras la reconquista del Ayuntamiento por la izquierda 20 años después, el tripartito resultante -formado por el PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís- se encontró con una ciudad sucia. Solo el centro estaba decente. La limpieza en los barrios estaba ausente. En enclaves como Gran Vía Sur, El Pla o Las Carolinas la situación era mucho peor.

“Nos encontramos con una ciudad sucia y con una adjudicataria que incumplía su labor, y que no podíamos controlar”, apunta Domínguez. A los pocos inspectores que tenía el departamento competente, Castedo les impidió que pudieran inspeccionar de noche. Justo el momento en que se realiza más del 80% de la actividad de limpieza. Asimismo, las condiciones de la concesión hipotecaban a la ciudad, ya que durante 2015 y 2016 se abonaban 32 millones, pero en los años posteriores serían 36 millones de euros. La primera acción fue aprobar pequeñas sanciones.

Con esta situación, el tripartito exigió a la UTE que realizará mayor limpieza y que el coste lo sufragara ella. Para eso, se acogía al artículo 2.1 del pliego que establecía que “si para alcanzar un grado de limpieza adecuado fuere necesario aumentar los medios, se debía realizar de inmediato sin coste adicional para el Ayuntamiento”. Ortiz, sin embargo, negó todo. Pero, sus socios, por presión de los responsables de Madrid, asumieron la negociación, desplazando al enlace de Ortiz. Tanto FCC como Ferrovial reconocieron la suciedad de la ciudad e impulsaron el plan de choque pedido por el gobierno municipal.

Un operario limpiando mientras al fondo camina el alcalde de Alicante, Gabriel Echévarri

Un operario limpiando mientras al fondo camina el alcalde de Alicante, Gabriel Echévarri

Los barridos han aumentado, se han instalado nuevos contenedores de recogida selectiva y se realizará una mayor mecanización de las tares para aumentar la actividad, que deberá empezar esta semana. Además, Dominguez ha quitado el cuarto turno de recogida con el que Ortiz tenía beneficios millonarios extra. Los trabajadores que lo realizaban se han incorporado al turno normal. Y se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización de la ciudadana.

También se ha creado una mesa ciudadana de limpieza donde están integrados la concesionaria, el Ayuntamiento, los vecinos y los comerciantes. “Nos dicen que el esfuerzo hecho es positivo, que se está solucionado poco a poco la situación”, asegura Domínguez. El ejecutivo local liderado por el socialista Gabriel Echévarri, ha conseguido, de momento, burlar la herencia de Castedo.

Valencia: quejas vecinales pese al esfuerzo

La falta de limpieza de Valencia viene de lejos. La diferencia entre el centro y los barrios periféricos es larga. Una situación que tiene su origen durante los primeros años de la crisis. Su causa: el hachazo de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la partida de limpieza viaria y mantenimiento cifrada en 27 millones de euros desde 2009 a 2014, según los socialistas. Las consecuencias fueron tan graves que vecinos de Orriols o El Cabanyal tuvieron que hacer patrullas para limpiar las calles ellos mismos.

De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó en abril de 2015 un informe demoledor. Situaba Valencia como la ciudad española donde había empeorado más la limpieza en cuatro años. La capital suspendía en todos los aspectos evaluados por los encuestados. Benicalap, Torrefiel, El Cabanyal, Marxelenes, y el enclave de la avenida del Puerto eran consideradas las zonas más sucias de Valencia. La OCU cifró el recorte en limpieza de 2011 a principios de 2015 en 17 euros por vecino.

Una situación que ha heredado el gobierno de izquierdas -formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú. Y que le está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza. “El problema es presupuestario, fruto de los recortes de los años anteriores y de las subidas en el presupuesto ejecutadas en periodo electoral”, afirman desde la concejalía. “El funcionamiento de la contrata es completamente correcto”, aseguran. La concesión está en manos de tres empresas y es la segunda de mayor cuantía del Ayuntamiento, 900 millones de euros por 15 años.

Cada una de las tres concesionarias se dedica a una zona determinada de la ciudad. SAV se ocupa de la zona uno, antes llamada sur, y tiene el 44% de la contrata, por lo que le corresponden 26 millones de euros anuales. FCC controla la zona dos, antes llamada norte. El montante que le corresponde de la concesión es de 22 millones de euros anuales, un 40%. Secopsa se ocupa de la zona tres, que se ubica en Poblats Marítims y Quatre Carreres. Controla el 16% de la concesión con una valoración de 9 millones de euros anuales. Esta área fue creada en la contrata de 2005. Gracias a que el pliego exigía que ninguna empresa podía gestionar dos zonas, Secopsa pudo entrar en un servicio que antes solo prestaban FCC y SAV.

Para paliar la situación el tripartito aprobó un plan de choque para las zonas uno -del Jardín del Turia hacia el norte, incluyendo pedanías- y dos -del río hacía el sur, incluyendo pedanías- de cerca de un millón de euros para limpiar las calles. A él, se suma los más de 200.000 que destinó para adecentar la zona tres -Quatre Carreres y Poblats Marítims-. Más operarios, más cisternas de baldeo y más barredoras mecánicas para combatir la suciedad. Todo, financiado, según la edil del ramo, Pilar Soriano (Compromís), con la permuta de un dinero que se pagó irregularmente a la contrata por el anterior gobierno local. 

Pese al esfuerzo, la suciedad persiste. La basura se acumula junto a los contenedores y hay ausencia de baldeo, denuncian los vecinos. Barrios como Torrefiel, Beteró, Saidía, Orriols, La Illa Perduda, Nou Moles o el Bulevar Sur-San Vicente son algunos de los que más han protestado. Orriols, por ejemplo, ha reclamado en una carta al alcalde Joan Ribó (Compromís) una mejora de la limpieza, más personal y más maquinaria de barrido. “No se ha notado mucho el esfuerzo del Ayuntamiento. La ciudad continúa estando sucia”, critica María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

El tripartito ha aumentado un 3% el presupuesto en limpieza para este año. “Es insuficiente, lo sabemos. Pero es un esfuerzo importante dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos debido a la pesada herencia del PP”, reconocen fuentes municipales. Con ese aumento, el presupuesto para limpieza se recupera a niveles de 2012. “Es aún insuficiente”, critica el líder de Ciudadanos en Valencia, Fernando Giner, que ha reclamado un incremento de 4 millones de euros en la partida. El PP también critica su insuficiencia, pese a sus tijeretazos cuando gobernaba. La suciedad es la herencia de Barberá más pesada que afronta el tripartito. Y a juzgar por las quejas de los vecinos, de momento, no le ha ganado la batalla. 

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