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La mano derecha de Fabra atribuye a su hija la compra de un solar donde se ubicaría una depuradora

Francisco Martínez niega cualquier participación para enriquecerse con la instalación de Borriol

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón firmó los informes técnicos sin leerlos: "No hay ningún diputado que se lea ningún proyecto"

Francisco Martínez, exnúmero dos de Carlos Fabra, durante el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Castellón

Francisco Martínez, exnúmero dos de Carlos Fabra, durante el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Castellón

Mientras la prensa le fotografiaba este lunes en el banquillo de los acusados, Francisco Martínez mantuvo la mirada fija en el frente. Su gesto serio contrastaba con las sonrisas y carcajadas que exhibió en algunos momentos de su vida política. Concretamente, en los Plenos de la Diputación de Castellón de la pasada década, en los que ejercía de vicepresidente primero y mano derecha de Carlos Fabra, presidente de la institución hasta 2011 y ahora en prisión por corrupción. Entonces, reía a mandíbula batiente cuando su jefe ridiculizaba a los portavoces de la oposición que le preguntaban por sus chanchullos, o cuando les retiraba la palabra con brusquedad. 

Los tiempos han cambiado para Martínez, que estos días está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Castellón por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de cárcel. Se le acusa de comprar unos terrenos en el pueblo castellonense de Borriol donde iba a construirse una depuradora para beneficiarse de la expropiación. En el banquillo le acompañan todas las personas que le ayudaron presuntamente en la operación. Están sus hijos, con los que compartía la empresa familiar propietaria de la finca. También el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, que supuestamente amplió el proyecto para dar cabida a ese terreno. Y su amigo Raúl Babiloni, que le vendió las tierras, y habría actuado de intermediario para que no se conociera que Martínez iba a obtener un lucro personal de esta obra, que la propia Diputación financiaba. 

El exvicepresidente provincial declaró hoy lunes como acusado. Afirmó que él no supo que una de sus empresas familiares era dueña de una parcela destinada a la depuradora hasta 2014, cuando el asunto se conoció por los medios de comunicación. Preguntado por si su hija no le consultó ni comunicó en ningún momento que iba a adquirir los terrenos, repitió que "de eso se encarga mi hija Andrea". “Mi hija es autónoma desde los 18 años y toma sus propias decisiones”, remachó. 

Sus  hijos dicen que no le contaban nada 

Reconoció que él era el presidente de la comisión que se encargó de aprobar todas las modificaciones del proyecto que le beneficiaban, pero explicó que los expedientes venían "informados por los técnicos" y que él firmaba todos los informes que estos le remitían sin leer jamás ninguno de ellos: "No hay ningún diputado que se lea ningún proyecto". La razón, dijo, es que confían en la competencia de los técnicos. También que a lo largo del día tenía que firmar "100 ó 200 documentos" y era imposible leerlos todos. Mucho más cuando cada uno de ellos podía tener "2.600 folios", como era el caso de la depuradora. 

Por su parte, los dos hijos de Martínez corroboraron con sus declaraciones que su padre no sabía nada de la adquisición de las tierras de Borriol, ni en general de la actividad de las empresas que compartían. Cada acusado descargó en otro miembro del banquillo cualquier responsabilidad. El hijo varón, Francisco, apuntó a Andrea, y ella, por su parte, explicó que compró la parcela por consejo de Raúl Babiloni, amigo y compañero de negocios de la familia. Está por ver cuál es la versión de Babiloni, cuyo turno para declarar como acusado llegará el martes. Durante la mañana del lunes, este empresario mantuvo una actitud afable y cercana tanto con Martínez como con sus dos hijos, de forma que se presume una estrategia de defensa conjunta. 

Afición familiar por la acumulación de fincas 

En el escrito de la Fiscalía, se puede observar que la acumulación de fincas era una constante en la actividad empresarial de la familia Martínez. Como ejemplo, la empresa que comparten el exvicepresidente y sus dos hijos pasó de un capital social de 6.000 euros en 2009 a casi 600.000 en 2013. Buena parte del crecimiento de este patrimonio llegó gracias a la aportación de terrenos por parte de los socios. 

Según la oposición socialista de Vall d'Alba, sólo en este municipio, Francisco Martínez tenía a su nombre a principios de este año 19 inmuebles y un millón de metros cuadrados en fincas rústicas y urbanas. Entre ellos, al menos 80.000 metros cuadrados en el terreno donde estaba previsto construir un complejo de golf, afirman desde el PSOE. El alcalde los adquirió antes de su recalificación.

El exvicepresidente provincial iba a embolsarse unos 50.000 euros de la operación de la depuradora de Borriol. Sin embargo, el mismo día en que el Pleno del Ayuntamiento iba a aprobar el proyecto, una denuncia de Compromís lo evitó, y abrió de paso este proceso judicial.

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