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Dejen ya el Monopoly

La temeraria y prolongada alianza entre las finanzas y el ladrillo ha tenido en España consecuencias devastadoras que, de una forma u otra, acabamos pagando las gentes de a pie.

Pagamos el vergonzoso episodio de un rescate bancario que ha costado, al menos oficialmente,  a la Hacienda pública -la de todos- setenta y siete mil millones de euros. Pero también las consecuencias, en forma de recortes en servicios públicos, de la atención preferente a la deuda pública y de la crisis recaudatoria derivada del alto desempleo, trabajo precario y bajo consumo interno. Los efectos de esta situación han arruinado el presente y comprometido el futuro de millones de personas que se creían seguras en el espejismo de las “clases medias”.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado lugar además a una insostenible paradoja. Mientras el parque de viviendas vacías en España ronda los dos millones de unidades, más de 300.000 de ellas en la Comunidad Valenciana, la alarmante cifra de desahucios sigue siendo un síntoma de que algo falla en el sistema en lo que al derecho a una vivienda digna se refiere.

Durante los tres primeros trimestres de 2017, los desahucios afectaron a 230 familias por día hábil, 31 cada día en la Comunidad Valenciana y los derivados de arrendamientos empiezan a superar ya a las ejecuciones hipotecarias. Esta es una realidad insoportable para una sociedad avanzada. Se trata de una verdadera emergencia social.

Tal y como reivindica la PAH, urge un marco legal general en materia de vivienda para evitar el drama de los desahucios, reforzar la posición de la ciudadanía frente a la prepotencia de las entidades financieras, combatir el sobreendeudamiento con medidas como la dación en pago retroactiva y facilitar el alquiler asequible. Es necesario actuar para dar cumplimiento real a la previsión constitucional de impedir la especulación urbanística, evitando nuevas expansiones innecesarias, pero también para impedir la expulsión del vecindario y la gentrificación de barrios y centros históricos.

Los indicadores anuncian una nueva burbuja que afectaría al alquiler. El precio medio subió un 15,9% en 2016 y encadena ya tres años consecutivos de subidas. A esta escalada de precios se une el endurecimiento de las condiciones para acceder a un alquiler, tal y como han denunciado organizaciones de consumidores como FACUA.

España presenta uno de los peores índices de vivienda en alquiler de la Unión Europea. Solo un 17’3 % según la última Encuesta Continua de Hogares publicada por el INE, frente a una media europea que ronda el 30%. Pero en oferta de alquiler público descendemos hasta compartir las últimas posiciones entre Letonia y Rumania.

A pesar de ello, el pasado noviembre el ministro Iñigo de la Serna se felicitaba en el Senado por la evolución global del sector inmobiliario. Una actitud irresponsable alentada por la vana ilusión de que puedan regresar aquellos “buenos tiempos” del pelotazo.

Frente a la obstinada oposición del gobierno de Rajoy a cualquier regulación que afecte a las lógicas de mercado, son necesarios cambios legales profundos, en la línea de la iniciativa de la PAH.

Pero además es necesaria una acción decidida desde los poderes públicos territoriales. El margen para políticas públicas autonómicas que estimulen el arrendamiento privado y aumenten la oferta de viviendas para alquiler público sigue siendo amplio. Para actuar basta con voluntad política, capacidad de gestión y presupuesto.

Por ello hemos introducido en el Presupuesto de la Generalitat para 2018 y sucesivos, una dotación inicial de setenta y cinco millones de euros para la compra de viviendas a particulares para ofrecerlas en alquiler a familias en situación de necesidad habitacional, además de otras partidas para pasar a alquiler social alrededor de 350 viviendas públicas que permanecían sin vender y cerradas desde hacía años. Hemos incorporado deducciones fiscales para las familias con menores ingresos y que vivan en régimen de alquiler. Son acciones políticas de choque cuya aplicación vamos a vigilar estrechamente.

No será posible un cambio de modelo productivo sin desactivar los fundamentos de un sistema  que, con la entusiasta complicidad del capital financiero, ha apostado durante décadas por el monopoly del suelo y la vivienda en propiedad, como elementos dinamizadores de una economía altamente especulativa.

Una política que ha dibujado un país donde millones de familias se ven atrapadas en la jaula de las hipotecas, ya sea como titulares o avalistas. Un país cuajado de viviendas vacías mientras centenares de miles de familias y jóvenes carecen de acceso  a una vivienda digna.

La vivienda es una necesidad básica para una vida digna y los derechos humanos no se juegan al monopoly. El alquiler público merece ocupar una posición central en la estrategia frente a la especulación, como instrumento para contribuir a hacer ciudades más humanas y sostenibles. Una política clave para construir una sociedad más inclusiva.

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