La Delegación Española del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, ha acusado al Gobierno de incumplir la legislación con la expulsión a Marruecos de los siete inmigrantes que alcanzaron el martes las islas españolas de Chafarinas al no permitirles solicitar formalmente asilo en nuestro país, tal y como establece la legislación.
En un comunicado difundido a última hora de este miércoles la organización confirma que las siete personas expulsadas habían expresado a las autoridades, a través de su abogada, su voluntad de solicitar formalmente asilo en nuestro país. Al tener conocimiento de esta situación, según explica el texto, la propia ACNUR se puso en contacto con el Ministerio del Interior “a fin de que se permitiera a estas personas presentar de manera oficial su solicitud de asilo conforme establece la ley”.
En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, la portavoz de ACNUR en España, Rosa Otero, ha señalado que, tras ser informado de la voluntad de los inmigrantes, “el Gobierno confirmó que haría todo lo posible para poder seguir lo dispuesto en la ley y que se les permitiría pedir asilo de manera oficial”.
A pesar de ello, y tras más de 30 horas en territorio español, la Delegación del Gobierno de Melilla, encargada de dirigir la operación puesto que las Chafarinas se encuentran a 50 kilómetros de la ciudad autónoma, procedió a la expulsión de las siete personas. En su comunicado, ACNUR indica que estos hechos implican“una denegación del acceso alprocedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos” por nuestro país.
Aunque la Delegación del Gobierno justificaba este miércoles en un comunicado oficial que “todo se hizo bajo la legislación vigente”, la Ley de Extranjería establece que “si una persona accede a España de forma irregular, los encargados de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros los conducirán a la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Además, el extranjero “tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete”. Nada de esto se ha cumplido.
No atender una solicitud de asilo incumple tratados internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los refugiados de Ginebra, suscritos por nuestro país.