Más de 300 activistas fueron asesinados en 2017, según Front Line Defenders
El pasado verano, las balas silenciaron las voces de Alphonse Luanda Kalyamba y Alex Tsongo Sikuliwako, en el este de la República Democrática del Congo. El primero luchaba por los derechos de los niños soldados en la zona, el segundo estaba ayudando a una víctima de extorsión y arresto arbitrario. En Filipinas, unos meses antes, dos disparos acabaron con la vida del líder indígena Renato Anglao, quien había denunciado los abusos en las tierras ancestrales de su tribu.
Sus nombres figuran en una lista que, cada año, se hace más larga. Al menos 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados por su labor en 2017, según el último informe de Front Line Defenders.
De acuerdo con los datos recopilados por la ONG, la impunidad de estos ataques y la falta de protección continúa alimentando el aumento de la violencia. Solo en el 12% de los casos de activistas asesinados se detuvo a algún sospechoso. La gran mayoría, además, ya sabía que su vida corría peligro: el 84% de los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte antes de ser asesinados.
“En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte”, señala Andrew Anderson, el Director Ejecutivo de la ONG.
Cuatro países engloban casi la totalidad de homicidios (80%): Brasil, Colombia, México y Filipinas. Por otro lado, más de dos tercios del número de personas asesinadas, el 67%, se dedicaban a defender los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas y las grandes empresas.
La criminalización, la estrategia más usada
Sin embargo, el asesinato fue, un año más, la punta del iceberg de ataques que reciben quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo. La criminalización fue, según el documento, la estrategia más utilizada para obstaculizar su labor.
Así, miles de activistas fueron detenidos en 2017 bajo “acusaciones falsas, sometidos a procesos legales prolongados, costosos e injustos o condenados a largas penas de prisión”, señala la ONG. Las autoridades los acusan de cargos como “librar una guerra contra el Estado”, secesión, terrorismo o espionaje.
Los ataques físicos y el “hostigamiento judicial” fueron en muchos casos precedidos por campañas de difamación y desprestigio que persiguen, a juicio de la organización, “alejarlos del público en general, creando una brecha entre ellos y aquellas personas por cuyos derechos luchan”. “De esta forma, los Gobiernos pueden retratarlos como enemigos públicos, desviando convenientemente la atención de sus propias deficiencias”, explican.
Estas campañas fueron, además, más recurrentes contra las defensoras que contra sus compañeros hombres. El 23% de los llamados urgentes emitidos por la ONG en 2017 se referían a amenazas o intimidación a las defensoras, frente al 10% en el caso de los hombres.
Además, en Europa, la organización pone el foco en los ataques contra los defensores de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. “Se difundió un discurso que relacionaba la trata de personas con las ONG para desacreditar a los defensores que asisten a las personas refugiadas”, sentencia Front Line Defenders. Como ejemplo, el informe se hace eco del caso de la activista española Helena Maleno Garzón citada a declarar en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo.
