Antes del asesinato de un activista, hay acoso en Twitter

Miriam Rodríguez Martínez no paró hasta dar con los restos de su hija desaparecida. Los encontró en una fosa común en 2014, dos años después de que fuera secuestrada y asesinada por el cártel de droga de los Zetas, que controlaba por aquel entonces el municipio de San Fernando, al noreste de México. Lejos de abandonar la causa, Rodríguez se convirtió en la representante de más de 600 familias víctimas de la violencia en la zona. La semana pasada fue asesinada a tiros en la puerta de su casa.

La activista sabía que su vida corría peligro. Había solicitado protección a las autoridades cuando, en el mes de marzo, el asesino de su hija se fugó de la cárcel, pero no recibió respuesta. “Un policía me dijo que iba a estar encargado. El viernes le hablé como 30 veces, pero no me contestó. De hecho, mi negocio está cerrado desde la fuga del reo. No estoy contando ni siquiera con una patrulla que me dé la seguridad para ir a trabajar”, denunció Rodríguez unas semanas antes de su asesinato en un vídeo difundido por redes sociales.

El asesinato de defensores de derechos humanos “rara vez se trata de un hecho aislado, sino que suele ser la culminación de una sucesión de advertencias” que, “en muchos países”, no son investigadas por las autoridades, tal y como ha recogido el nuevo informe Amnistía Internacional (AI). En el estado de Chihuahua, también al norte de México, familiares de desaparecidos sufrieron el año pasado “ataques directos, incluidos amenazas y hostigamiento, como represalia por sus demandas de verdad y justicia”, señala la ONG. 

El nombre de Miriam Rodríguez se suma al de las 281 personas que en 2016, perdieron la vida por defender los derechos humanos en todo el mundo, 125 más que el año anterior, según la ONG Front Line Defenders. La “persecución cada vez más letal”, la intimidación y la violencia contra estos activistas han alcanzado “niveles inéditos”, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado la campaña global Valiente para detener esta ola de ataques “sin precedentes” y pedir a los Estados que apoyen el trabajo y protejan a quienes luchan contra la injusticia.

El 75% de los homicidios de activistas contabilizados en 2016 ocurrieron en América, según la ONG. Casi la mitad de las personas se dedicaban a la defensa de la tierra y el medio ambiente, como la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del año pasado.

“Mi territorio está de luto, porque acaban de asesinar a varios líderes”, resume Pascual Bernabé Velázquez, líder indígena maya q'anjob'all que se ha opuesto a la instalación de hidroeléctricas en Huehuetenango (Guatemala). “Ha habido encarcelamientos, acaban de salir siete presos políticos y hay más órdenes de captura. Pero el Gobierno, con sus propias leyes para las transnacionales, está reprimiendo a la población sin escucharla”, relata el activista, quien ha viajado a España para participar en la presentación de la campaña.

Gobiernos, empresas y grupos armados utilizan, según la ONG, todo tipo de medidas “para silenciar” a los activistas en todo el mundo. A los asesinatos, las desapariciones forzadas, las amenazas y las palizas, se le unen, de acuerdo con el informe, “el uso de la legislación para criminalizar” su labor, los métodos de vigilancia a sus actividades, las restricciones a sus derechos de reunión pacífica, asociación y a su libertad de circulación, así como las “campañas de desprestigio” por parte de las autoridades.

“Se les llama terroristas o antipatriotas, se dice que van en contra del desarrollo y de la economía, a las mujeres se les dice que van en contra de los valores tradicionales”, asegura Maribel Tellado, responsable de la campaña. “Se busca generar un clima de hostilidad en su contra, hasta tal punto que a veces es la propia gente quien los ataca”, apunta en referencia al programa de televisión pakistaní Aisay Nahi Chalay Ga, donde se ha calificado a varios activistas y periodistas de blasfemos o de “anti Pakistán”. Varios de ellos recibieron amenazas de muerte tras la emisión. 

Las mujeres que defienden los derechos humanos están expuestas, según la organización, a una violencia “adicional” que va desde las agresiones sexuales a las amenazas contra sus hijos para disuadirlas de continuar con su labor. También son difamadas públicamente no solo por su activismo, sino por el hecho de ser mujeres. “Las describen como sexualmente promiscuas para inducir a que se les haga el vacío en sus comunidades”, critica la ONG. En El Salvador, por ejemplo, activistas por los derechos sexuales y reproductivos han sido acusadas de ser “capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria”, detalla AI en su investigación.

La organización también ha documentado violaciones del derecho de reunión, ataques y homicidios de activistas LGTBI motivadas por “la discriminación homófoba y transfóbica”. Es el caso de la defensora de los derechos transgénero Hande Kader, que fue asesinada en agosto del año pasado en Turquía. “Su cadáver fue hallado al borde de una carretera en Estambul; había sido violada, mutilada y quemada”, precisa el texto. 

Persecución judicial, censura y ciberacoso

La activista egipcia Azza Soliman fundó un centro para ofrecer asistencia jurídica y clases de alfabetización a mujeres pobres y supervivientes de violencia de género. Según Amnistía Internacional, tras someterla a una campaña de desprestigio, las autoridades del país podrían condenarla a hasta 15 años por cargos como “mancillar la imagen de Egipto por afirmar que las mujeres del país están expuestas a la violación”.

El informe concluye que los defensores son a menudo perseguidos en los tribunales con “cargos infundados” y otras violaciones del derecho a un juicio justo como las “detenciones arbitrarias”. “Meterlos en procesos judiciales muy complejos que desgastan su energía y recursos es otra forma de silenciarlos. Pueden acabar en la cárcel y, si no acaban, van a ser estigmatizadas. Esto está ocurriendo en países como Arabia Saudí, Irán o Emiratos Árabes”, explica Tellado. La ONG recuerda también el caso de Edward Snowden, que “podría ser condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público”.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que la vigilancia de los activistas, tanto en Internet como fuera de la red, continúa aumentando como forma de disuasión y menciona el caso de Reino Unido, donde la policía “ha sometido a vigilancia a periodistas para identificar sus fuentes”. El documento también profundiza en la censura y las restricciones al uso de Internet y las redes sociales.

El periodista Dessale Berkhet abandonó en 2010 su país, Eritrea, después de que varios de sus colegas fueran encarcelados. Desde Uganda, fundó una web desde donde denunciaba la campaña de represión de las autoridades eritreas. La página fue hackeada varias veces. Ahora vive en Noruega, donde continua su labor.

“Se puede luchar desde cualquier lugar el mundo, el problema es que en mi país no tenemos Internet. La idea de la web no era tanto cambiar el régimen, sino cambiar la mentalidad de las personas, porque no tiene sentido el uno sin el otro”, puntualiza el reportero. “En Eritrea no reina un Estado de derecho, sino un 'Estado de miedo”, sentencia. 

Otra de las grandes preocupaciones de la ONG son los ataques y las amenazas en la red y su consecuencia: la autocensura. Para los defensores, recalca AI, los 'trols' son “mucho más que una molestia online, pues trabajan dentro de sofisticadas redes organizadas y a veces incluso financiadas por gobiernos o empresas privadas para buscar activistas en Internet, desprestigiarlos e intimidarlos, incluso con el envío de amenazas de muerte”.

“Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los 'trols' generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar”, apunta Alberto Escorcia, activista mexicano, en un testimonio que recoge el documento. Escorcia sostiene que ha llegado a ver, en un día cualquiera, “dos o tres trending topics generados” por estas personas. “Puede haber entre 1.000 y 3.000 tuits al día. Muchos operan en 'bandas de trols' organizadas, que cobran por hacer que un tema se vuelva viral o por lanzar campañas de difamación o de ataques contra periodistas”, critica.

“Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo”

Amnistía Internacional recalca que las normas internacionales amparan el derecho a defender los derechos humanos, por lo que recuerda que los Estados tienen el “deber” de proteger a los defensores, aunque también insta a las empresas a tomar medidas como fomentar la comunicación con los activistas y adoptar políticas de “tolerancia cero” con los actos de violencia, amenazas o intimidación.

“Desde Frederick Douglass hasta Emily Pankhurst (...) la historia está llena de personas comunes que se negaron a aceptar la situación establecida y dieron la cara por lo que era justo”, asegura Salil Shetty, secretario general de AI en un comunicado. “Hay muchas personas aquí y ahora, como Malala Yousafzai o Chelsea Manning, que están asumiendo muchos riesgos por nosotros. Sin su valentía, nuestro mundo es menos justo y menos igualitario. Por esta razón pedimos a todos y a todas —no solo a los líderes mundiales— que apoyen a quienes defienden los derechos humanos y protejan a los y las valientes”.