España sigue a la cola de los países donantes en ayuda al desarrollo, lejos del objetivo del 0,7%

España no consigue ganar puestos en el ranking de ayuda oficial al desarrollo (AOD). De acuerdo a los datos de 2022 confirmados recientemente por la OCDE, se encuentra en el puesto 22 de 32 Estados donantes y está por debajo de la media de aportaciones del club de países ricos que destinan fondos de cooperación, situada en el 0,37% de la Renta Nacional Bruta (RNB).

Nuestro país destinó ese año un 0,3% de su riqueza a la cooperación, una cifra que está a más de medio camino del histórico objetivo del 0,7% que se ha fijado el Gobierno para 2030, plasmado en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Las entidades sociales insisten en que no es imposible alcanzar el 0,7% que llevan décadas reclamando. Cuatro países europeos han conseguido llegar a esa meta (Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suecia) y Estados mucho más pequeños que España, como Países Bajos, ya superan nuestra aportación en datos absolutos. 

Para alcanzar el objetivo marcado por ley, esta legislatura tendría que terminar con una subida hasta el 0,55% y a final de año haber superado el 0,4%, para lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendría que destinar unos 6.000 millones de euros en los presupuestos de 2024, según calcula la Coordinadora de ONG para el desarrollo, que agrupa a decenas de organizaciones de España. 

“Nos preocupa que realmente se cumpla con lo prometido. Tenemos que llegar al 0,55% antes de las elecciones generales de 2027 y siempre parece haber una excusa para no apostar por la cooperación. Si no es una guerra, es una subida de precios o cualquier otro argumento, pero siempre parece haber algo más importante”, lamenta Arturo Angulo, responsable de incidencia política en la Coordinadora de ONGD, en conversación con este medio.

Ya en 2019, durante el anterior Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a alcanzar el 0,5% antes del final de la legislatura. Por el momento se han quedado a medio camino, aunque reconocen desde la coordinadora que el esfuerzo que se ha hecho en el último año y medio es significativo: “Hay un interés, pero la situación es muy frágil aún. Tenemos una nueva ley que reconoce la figura del cooperante y que ha fijado algunas bases, pero hay que seguir avanzando. Necesitamos un nuevo plan director que aplique una planificación presupuestaria plurianual. Esto debe llegar”.

Uno de los factores que explican esta situación es la acumulación de años de recortes desde el estallido de la crisis financiera de 2008, ya que durante la legislatura presidida por Mariano Rajoy se alcanzaron mínimos históricos en el presupuesto destinado a esta partida. El momento de mayor desmantelamiento fue en 2015, cuando se redujo al 0,12% de la RNB. 

El reto es aún mayor en el caso de las comunidades autónomas. Aunque la ley de cooperación fue aprobada prácticamente por consenso, con el único voto en contra de Vox, este año se han seguido reduciendo algunas partidas presupuestarias. De acuerdo con el Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo de las Comunidades Autónomas de 2023, la media regional se sitúa en el 0,13% (del presupuesto autonómico), aunque hay gran disparidad entre unas comunidades y otras. Mientras que las más comprometidas destinan más del 0,32% (Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Euskadi), las más rezagadas se mueven entre el 0,02% y el 0,03% (Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid). 

Los Estados “hinchan” sus cifras con la acogida de refugiados

Si se observa la cifra global de donaciones recogida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la ayuda oficial al desarrollo de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) –que agrupa a los países donantes de AOD que, a su vez, son miembros de la OCDE, entre ellos España– ascendió a 211.000 millones de dólares en 2022, un récord en términos absolutos, pero estos resultados tienen matices.

Las organizaciones sociales llevan años denunciando “un dopaje” en los datos de ayuda a la cooperación internacional que aportan los países emisores, ya que incluyen sistemáticamente la partida destinada a atender a las personas refugiadas que se encuentran en sus propios territorios. “La premisa es que hay países empobrecidos y que tiene que haber una transferencia de rentas. Nos parece positivo que se invierta en atención a los refugiados, pero no hay que mezclar los conceptos”, dice Angulo. 

El gasto en tramitación y acogida de refugiados en los países donantes de la OCDE aumentó sustancialmente un 147% de 2021 a 2022, lo que explica gran parte del impulso de las cifras de ayuda junto con el apoyo a Ucrania, el país que más fondos recibió, con un total de 28.700 millones de dólares.

En el caso de España, la cantidad destinada a atender a refugiados y contabilizada como AOD ha aumentado del 6% de 2021 al 21% en 2022. No es el Estado que más hincha sus estadísticas. República Checa ha aumentado en tan solo un año un 60% el dinero que destina a esta causa, una cifra similar a la de Polonia, que se explica por la guerra en Ucrania. Ese dato también se dispara en otros lugares menos afectados por el conflicto, como Reino Unido, que ha pasado de un ya elevado 9,21% a un 28,86%, cerca del porcentaje de Suecia, aunque lejos del de Irlanda, que de toda la ayuda que destina a la cooperación, la mitad se queda en su territorio. 

Las donaciones tampoco se reparten equitativamente. Aunque cada año es mayor la ayuda al desarrollo, el dinero que se envía a África Subsahariana y a los países más empobrecidos (los llamados PMA) se redujo en 2022. De toda la AOD que aporta Europa, se queda casi tres veces más en su territorio de la que se envía a América Latina y el Caribe. “Después de todo lo que ha pasado con la pandemia, deberíamos de haber entendido que hay cuestiones que son globales. No podemos mirar a nuestro propio ombligo. Deberíamos de dar espacio suficiente a estas temáticas en los medios de comunicación, en los parlamentos…. Es necesario que mostremos más interés para que se vea reflejado en las decisiones políticas”, concluye el responsable de la Coordinadora de ONG.

Las miradas, en los próximos PGE

Estos días se están negociando los presupuestos generales de 2024, que serán cruciales para determinar la evolución de la AOD española en el futuro. Estos presupuestos llegan en un momento global muy delicado, con el recrudecimiento de algunos conflictos armados como el de Gaza.

Este lunes, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado, sin detallar cifras exactas, un incremento de la partida de cooperación en el próximo proyecto de presupuestos. “Vamos a seguir reforzando el presupuesto destinado a cooperación y seguiremos completando la reforma del sistema de cooperación que se puso en marcha el año pasado por la aprobación de la actual ley”, ha dicho en la comisión de Asuntos Exteriores. “Este año seguiremos incrementando la cooperación para estar donde más falta hace”.

“España defiende un discurso a favor de la cooperación incoherente con las decisiones que luego adopta en términos presupuestarios”, dice Angulo. “No se trata sólo de porcentajes. Si no se llega, al menos que se haya intentado con un plan coordinado y con vista a largo plazo”. Asegura que todavía están a la expectativa porque “no han visto ninguna propuesta” sobre los nuevos presupuestos: “No sabemos por dónde van a ir y estamos preocupados, aunque queremos confiar. Estamos aún a medio camino y este 2024 será decisivo”.