La Solidaridad y la Cooperación al Desarrollo también deben ser política municipal
La llegada de nuevas autoridades a las alcaldías de las corporaciones municipales de A Coruña, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Madrid o Barcelona ha despertado muchas esperanzas en todas aquellas personas que desde hace muchos años trabajamos en solidaridad y cooperación internacional. No podemos olvidar aquellas palabras pronunciadas por Ada Colau el 06/02/2013 en el Congreso de los Diputados cuando dijo que “Los Derechos Humanos no se negocian” o las de Manuela Carmena cuando apelaba al “principio de humanidad”, y a “la empatía ciudadana” para luchar contra la pobreza, los desahucios y la desigualdad y lograr así la “felicidad”. Para ambas “el derecho a la ciudad” es un derecho emergente, “un lugar para todos con una convivencia más igualitaria y justa”.
Estas alcaldesas tienen bien presente que los Derechos Humanos son universales y son para todos y todas o no lo son y es bueno recordarlo en estos tiempos, cuando en mayo nos despertábamos con 4.215.031 parados (217.795 en la ciudad de Madrid y 93.617 en la de Barcelona), o cuando nos enterábamos de que, según el estudio El Estado de la Pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), el 27,3% de la población española –más de 12,8 millones de personas– están en riesgo de pobreza o exclusión o cuando Ayuda en Acción nos recordaba que 700.000 familias no tienen ingresos mensuales y muchas más son las que viven con menos de 600€ al mes.
A ello debemos sumar que España, entre los países de la Unión Europea, ocupa el puesto 21 en cuanto a Justicia Social, revelando así que nuestro país es uno de los más desiguales de Europa. Con estas cifras y los problemas que generan la falta de recursos en educación, sanidad o empleo, muchas personas ven descabellado plantearse políticas públicas que vayan más allá del ámbito de nuestras ciudades y de nuestra ciudadanía, de ahí que apuesten por suprimir programas para reducir la pobreza o fortalecer los Derechos Humanos en otros lugares del mundo, dado que aquí mismo tenemos una pobreza en ascenso que es necesario atender.
Sin embargo, no sería tan ilógico si pensáramos en otros términos, ya que el planeta es uno y la humanidad es una y sólo actuando localmente se consigue transformar globalmente. Lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos afecta también dentro, y si hoy damos la espalda a esa otra realidad, mañana nos golpeará de frente. La crisis ecológica, las migraciones y las guerras nos lo recuerdan cotidianamente. Apelar a la solidaridad no es cuestión de tener que elegir entre una pobreza u otra, sino tener en cuenta que ambas son caras de una misma moneda. Carece de sentido contraponer la solidaridad interna y la solidaridad internacional, pues ambas van de la mano. Por ello, los nuevos ayuntamientos progresistas deben ser los abanderados de la lucha por la Solidaridad internacional y la Cooperación al Desarrollo, como parte de la defensa de los Derechos Humanos y poner en el centro de sus políticas al ser humano de aquí y del resto del planeta.
Las movilizaciones del 15M nos recordaron que “ningún ser humano es ilegal” y “lo que le pase a cualquier ser humano me importa”. Por ello, se debe establecer que, en los programas de actuación municipal, las políticas de solidaridad y cooperación para el desarrollo formen parte del cuerpo central de los mismos y no que, una vez más, se les relegue a políticas de marketing o a escenarios irrelevantes. La salida de la crisis o es global o no es una salida. No se alivia la pobreza dando lo que nos sobra, sino contribuyendo a un mundo más justo y equitativo.
En este sentido las corporaciones locales no pueden actuar como entidades cerradas en su término municipal, sino que deberían convertirse en ventanas abiertas al mundo que colaboren a crear una cosmovisión global y para ello el compromiso con la Solidaridad y la Cooperación al Desarrollo pasa a convertirse en una herramienta poderosa.
Las políticas de ajuste presupuestario que la UE impuso a España fueron el pretexto, desde el gobierno central, para el ataque a las corporaciones locales, teniendo como foco el Pacto de Estabilidad firmado por el PP y el PSOE, que generó la Reforma del Artículo 135 de la Constitución Española y motivó la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Algunas de las víctimas de dichos acuerdos fueron las políticas de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo llevadas a cabo desde los Ayuntamientos y que tenían una larga tradición. Sin embargo, las corporaciones locales pueden y deben generar instrumentos legítimos para revertir esta situación y para ello es fundamental desarrollar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y dichas corporaciones y así avanzar hacia un modelo de desarrollo global más justo, más equitativo, menos desigual y más ecológico. En este sentido es necesario colocar al ser humano como centro de las políticas municipales y que la Solidaridad y la Cooperación al Desarrollo sean consideradas como políticas públicas.
Es necesario ser coherentes con los valores de justicia y solidaridad y generar puentes y no muros entre las personas y los pueblos. No es congruente que en un mundo tan interdependiente gracias al avance tecnológico, la realidad de la gente más vulnerable sea invisible. Con la llegada de opciones progresistas a los ayuntamientos esta debe reflejarse y para ello es necesario mejorar el modelo, dotándole de mejores herramientas que ayuden a permear nuestros barrios y la sociedad en su conjunto, junto con unas prácticas de gestión más eficaces y eficientes.
¿Nos importa que el equipamiento deportivo de nuestros hijos esté hecho por niños bajo una terrible explotación, que nuestro agua embotellada venga de empresas que reprimen a los palestinos en los territorios ocupados, que bombardeen Gaza? ¿Nos incomoda que muchos de nuestros productos se elaboren con materias primas conseguidas a base de muertos en otros países? ¿Cuántas guerras están en la base de nuestro bienestar?
Mucho que hacer
Si es cierto que a las nuevas corporaciones locales les importa, hay medidas que pueden llevar a cabo más allá de su presupuesto y que tienen que ver con la voluntad política de ejecutarlas. Algunas son tan simples como publicar bandos municipales condenado la violación de Derechos Humanos y llamando a la movilización, o negarse a recibir a autoridades acusadas de violar dichos Derechos, o rechazar el viajar a países o eventos presididos por personas acusadas de genocidio, o cambiar de nombre a calles o plazas que hoy lucen nombres de personajes de la dictadura por otros de personas que lucharon o murieron en la defensa de la humanidad (ejemplo Las Trece Rosas, José Couso o a las víctimas de las políticas de impunidad en el mundo), o por nombres de países a los que se les ha negado un Estado, como Palestina o El Sahara.
Las medidas a tomar son infinitas y no requieren de grandes esfuerzos económicos: emprender políticas de contratación que prohíban la compra de material a proveedores que utilizan la explotación infantil, o primar los productos de comercio justo; facilitar locales municipales gratuitos para la realización de actividades al tejido asociativo; formar parte de delegaciones internacionales que supervisen la vulneración de los Derechos Humanos; generar canales efectivos de participación ciudadana; coordinar con otras entidades programas permanentes de formación y sensibilización sobre Derechos Humanos y Solidaridad o generar un proceso participativo con todas las entidades involucradas para evaluar las anteriores políticas de Cooperación al Desarrollo, generando un modelo nuevo con un presupuesto adecuado.
El futuro de las políticas locales es responsabilidad de todos y todas. Concebir la política como un servicio público pasa por entender que para ejercer un cargo público hay que saber ponerse en la piel del otro. Así se genera la empatía y sensibilidad necesarias para mover a la ciudadanía hacia políticas de cambio. Espero que las nuevas personas que hoy ejercen la representación municipal así lo entiendan, marquen la diferencia y no nos defrauden.
