El PP y sus barones utilizan los impuestos y la vivienda para redoblar su ofensiva contra el Gobierno de coalición

Las polémicas entre el Gobierno central y los distintos ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular a cuenta de cuestiones presupuestarias e impositivas se recrudece a medida que se van desvelando los planes legislativos del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. 

El último episodio ha sido la polémica entre la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la futura reforma de la financiación autonómica. Pendiente desde 2014, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar un “esqueleto” de lo que pretende ser un sistema más equitativo y transparente de financiar las competencias y políticas transferidas a las autonomías.

Entre las medidas apuntadas por la ministra Montero se encuentra la armonización de los impuestos transferidos. La carrera a la baja iniciada por Esperanza Aguirre en 2002 ha provocado que en la Comunidad de Madrid prácticamente no se pague ni por impuesto de Sucesiones ni por Donaciones ni por Patrimonio. Para la propia comunidad provoca una merma anual de ingresos de unos 1.800 millones anuales (según cálculos de Podemos) y para Comunidades como la Valenciana la fuga de fortunas que se empadronan fraudulentamente en Madrid para eludir el pago de impuestos.

Este dumping fiscal es el que se evitaría, según algunos de los componentes del comité de expertos sobre la reforma fiscal, si se establecieran tipos mínimos y máximos de estos tributos. Aunque Hacienda no ha presentado una propuesta propia aún, Montero sí ha señalado que acabar con esta competencia desleal es uno de los objetivos de su reforma, para la que pide apertura de miras en diálogo entre comunidades y partidos.

La reacción de Ayuso ha llegado en forma de carta a un medio de comunicación (El Mundo), en la que acusa a la Hacienda central de querer “intervenir” la Comunidad e incluso hace uso de datos falsos como que “la última vez que se produjo una subida de impuestos en España perdimos 300.000 contribuyentes y casi 20.000 millones de recaudación por IRPF”.

La respuesta de la ministra, en ese mismo medio, ha sido recordar que “la última vez que se subió el IRPF fue en 2012, cuando el Gobierno del PP acometió el mayor incremento de la historia. Esa medida, a diferencia de lo que dice Ayuso, no se tradujo en una caída de recaudación”. Lo que sucedió es que los ingresos por IRPF en 2012 aumentaron un 1,2%, a pesar de que el PIB nominal retrocedió un 3,1%.

Contra los límites a los precios del alquiler

Al igual que con los impuestos, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid se han apresurado a afirmar que no harán uso de la competencia de limitar las subidas de precios del alquiler en zonas tensionadas cuando el Gobierno central les faculte para ello. A pesar de liderar el ranking de regiones más caras, el gobierno de estas dos administraciones afirma que no aplicará esta medida con la que el ejecutivo central busca frenar las subidas excesivas de rentas en las zonas más afectadas.

En cuanto a los impuestos, el Ejecutivo murciano, también gobernado por el PP con apoyo de Ciudadanos y Vox, mantiene una postura similar a la de Ayuso. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, ha advertido que si “Pedro Sánchez pretende imponer de nuevo el Impuesto de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones en la Región de Murcia, el PP no lo va a permitir, por lo que haremos una oposición contundente ante esta posible subida de impuestos a los murcianos”.

También Andalucía se ha mostrado contraria a que le obliguen a elevar estos impuestos (en su caso el actual gobierno prácticamente copió la política de bonificaciones a los más pudientes que se aplica en Madrid). En su caso estos días ha salido a relucir un caso de conflicto bastante llamativo con el departamento que dirige la antigua consejera de Hacienda y ahora ministra: han reclamado que se rebaje el IVA del alquiler de las sillas de Semana Santa. En este caso, también el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha expresado su desacuerdo con que las cofradías costeen el 21% de IVA en los abonos de sillas y palcos.

Más cuantioso, y también relacionado con el IVA, es el expediente por el que incluso algunas comunidades han amenazado con acudir a los tribunales: la liquidación de este impuesto correspondiente a diciembre de 2017. Se trata de 2.500 millones de euros que las comunidades no recibieron por un cambio en el cómputo de la recaudación que aprobó el ministro Cristóbal Montoro y la ausencia de gobierno cuando tocaba liquidar en 2019. Finalmente Hacienda ha encontrado una solución que no convenció del todo a las comunidades: no computarles como déficit los gastos en los que dicen que las autonomías incurrieron el año pasado a cuenta de estas cantidades que esperaban recibir. Hay otros 750 millones de euros en liza por esta cuestión, en este caso en los grandes ayuntamientos. El presidente gallego, Alberto Núñez–Feijóo ha sido especialmente activo en las denuncia por esta situación momentos antes de anunciar elecciones anticipadas en Galicia.

Las tasas “Google” y “Tobin” que iba a aplicar el PP

El Gobierno del PP se planteó, ya en 2012, el establecimiento de un impuesto a los movimientos financieros que sirviera para frenar la especulación, Mariano Rajoy llegó a defender su aplicación por parte de la Francia que presidía Nicolás Sarkozy, mientras que Cristóbal Montoro planeaba aprobar cuando antes un impuesto a las grandes tecnológicas que sirviera para sufragar el déficit de las pensiones. “Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente”, explicaba el ministro de Economía Román Escolano.

Sin embargo, la reacción del PP a la aprobación del proyecto de ley con estos dos nuevos impuestos, el pasado martes, fue advertir de que su entrada en vigor provocará una inmediata falta de competitividad de la economía española. El coordinador económico del grupo popular en el Congreso, Mario Garcés, afirmó que con el PSOE es “fiel a su tradición” de subir los impuestos, aseguró que dichos tributos tendrán un “perjuicio inmediato en términos de competitividad” y pronosticó que las empresas repercutirán el aumento de la presión fiscal a los usuarios de servicios digitales y a los clientes de entidades financieras.

En una reciente comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, y ante las críticas y advertencias sobre las reacciones de EEUU de la portavoz del PP, Carolina España, Montero preguntó: “¿por qué le conceden esa capacidad al señor Trump? ¿Usted qué cree, que nos tenemos que arrodillar o que lo que tenemos que hacer es liderar Europa para que sea un impuesto armonizado?”.