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El PSOE lleva al Congreso una ley para extender el bono social eléctrico al gas

Presenta una proposición de ley para que los descuentos en la tarifa eléctrica se extiendan al gas y otros combustibles gaseosos por canalización

Para esquivar el posible veto del Gobierno, lo financiarían las comercializadoras y las Comunidades Autónomas

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio.

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para extender los descuentos para determinados colectivos del bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización. Para esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario, lo financiarían las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas.

"Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad", ha dicho la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que ha recordado que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. "El coste para el Gobierno es cero", ha zanjado.

Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que se recoge la prohibición de cortar el suministro de gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados 'esenciales', para personas consideradas como personas 'vulnerables severos'.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque la diputada socialista ha señalado que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa regulada de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como 'vulnerables', pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Lucio, que cree que "seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa", ha instado al Gobierno a apoyar una iniciativa que convierte "en ley unas recomendaciones de una directiva europea".

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