La antigua cúpula del grupo Pescanova será juzgada por ocho delitos

El antiguo presidente del grupo Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y el resto de su cúpula directiva serán juzgados por ocho delitos acusados de maquillar las cuentas de la empresa para ocultar millonarias deudas y estafar así a inversores y clientes.

Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, José de la Mata, quien ha dictado auto de procedimiento abreviado tras cerrar una fase de instrucción que se ha prolongado desde 2013, cuando la compañía entró en concurso de acreedores.

El magistrado considera que existen indicios de los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

En el auto figura que en total serán juzgadas por estos hechos 19 personas y 12 sociedades -entre ellas la propia Pescanova-, mientras que se archiva la causa para el que fuera por aquel entonces el secretario del consejo de administración, César Mata.

De la Mata también ha optado por abrir una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, así como a dos de sus hijos por unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra cuyos fondos no habían sido declarados ante la Hacienda española.

El magistrado señala que la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, holding con más de cuarenta sociedades participadas, motivó que en lugar de presentar la situación real, decidiera alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la CNMV.

“Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova –constituida prácticamente por deuda con entidades de crédito- en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios”, afirma De la Mata.

En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, el magistrado afirma que en el espacio de tiempo indicado (2009-2012) en que se produjo el flujo de información presuntamente falseada se produjo la operación de aumento de capital de Pescanova  que tuvo lugar en los meses de julio y agosto de 2012 mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.740,80 euros.

El folleto emitido para los inversores, según el juez, no reflejaba ni la información de solvencia publicitada y divulgada ni la situación económica financiera real de la sociedad. “De lo actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”, apunta el juez en el auto.

En el punto relativo al delito de estafa, señala el juez que “muchos bancos y entidades financieras accedieron en ese período a financiar a Pescanoa SA y su grupo de sociedades plenamente confiados en su solvencia reflejada en la información económica consignada en sus cuentas anuales y demás documentos publicados, así como en la realidad de las operaciones comerciales ‒ficticias‒ en las que se generaban las facturas y los efectos mercantiles que les presentaban para su descuento y cuyos datos se hacían constar en las remesas que se les remitían periódicamente, operativa controlada desde Pescanova SA por sus altos ejecutivos con el auxilio de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera”.

Las personas anteriormente indicadas se concertaron para utilizar una red de sociedades instrumentales en España, sin vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante, para emitir facturas falsas que posteriormente eran presentadas al descuento en entidades financieras, previa contrapartida de dejar en cuenta depósitos en efectivo.

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.