La Audiencia de Madrid mantiene al secretario de Telefónica en el caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener como investigado al secretario general de Teléfonica, Ramiro Sánchez de Lerín, en la pieza separada del caso Rato sobre la posible corrupción a consecuencia de la contratación del exministro como asesor de la compañía.

En un auto conocido hoy, la sala entiende que Sánchez de Lerín “pudo actuar a sabiendas de que el contrato era en realidad una simulación que tenía por objeto eludir la carga fiscal de Rodrigo Rato”, una conducta por la que podría llegar a ser considerado cooperador necesario en los delitos fiscales presuntamente cometidos por el ex director gerente del FMI.

Los magistrados consideran que en este momento, “no se puede afirmar con una certeza razonable” que el investigado “actuó con pleno conocimiento” en estos hechos “sin que tampoco pueda descartarse lo contrario”, razón por la que desestima el recurso de sobreseimiento y le mantiene dentro de la pieza Lazard-Telefónica que investiga el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

En su escrito, al que alude el auto, Sánchez de Lerín alegaba la “inexistencia” de indicios racionales de criminalidad dado que “comprobó que Kradonara 2001 (sociedad que facturaba el sueldo que Rato percibía de Telefónica) estaba válidamente constituida y sometida a tributación en España”.

Asimismo, exponía que “todos los pagos se han hecho con normalidad a través de transferencias bancarias, que incluso figuran en los contratos celebrados en la declaración de operaciones con terceros de Telefónica”, y apuntaba que si bien “la ley permite la utilización de personas físicas (...) la decisión de tributar a través de ésta era una decisión del señor Rato” y no propia.

Sobre la cuantía presuntamente defraudada por el exvicepresidente del Gobierno, el secretario general de la compañía señalaba que en el auto previo no cuantificaba la cuota defraudada, pero que “si lo hiciese se vería que es inferior a 120.000 euros”.

La sala discrepa de esta última afirmación puesto que “si se hubiera acreditado que no se llegaba a la citada cuantía, no existiría delito contra la Hacienda Pública”, lo que conllevaría el sobreseimiento de la causa.

De hecho, “desde el inicio de la pieza figuran cuotas defraudadas en el IRPF de 2013 y 2014 de 162.000 y 160.311 euros, respectivamente”, aunque matiza que “el deudor a quien es imputable la totalidad de la cuota” no es Sánchez de Lerín, que de probarse la comisión del delito sería solo en calidad de cooperador necesario.

En relación a su participación, la Audiencia de Madrid considera que fue “activa” como se desprende de los correos electrónicos cruzados por el abogado Domingo Plazas, como representante de Kradonara y, “en definitiva de Rato, que es quien indica que el contrato debe celebrarse entre Telefónica” y la sociedad.

Un relato que puede constituir indicios de ser “un contrato simulado”.

La causa fue abierta en enero de 2016 después de que la Agencia Tributaria, en un informe de avance, pusiera el foco en el contrato por el que el exministro percibía su remuneración en Telefónica y subrayara la existencia de unos riesgos cuyo “objetivo principal” era evitar la tributación de dichos importes.

El fisco propuso entonces la imputación de Sánchez de Lerín, que firmó los acuerdos entre la multinacional española y Kradonara, a fin de aclarar cuáles fueron los servicios realizados por Rato, quién ordenó su contratación y cuáles fueron los criterios que llevaron a su elección.