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Más de 700 ayuntamientos contratan electricidad 100% renovable para dar servicios a 12 millones de españoles

Una instalación fotovoltaica.

Antonio M. Vélez

Mientras Holanda (con menos de un 5% de su electricidad de origen eólico, frente al 19,2% en España) acaba de anunciar que su red de ferrocarriles funciona ya con electricidad procedente de aerogeneradores, en España, a falta de un mayor impulso del Gobierno central, la transición energética se extiende por los municipios. Cada vez más y mayores ayuntamientos españoles apuestan por contratar electricidad de origen 100% renovable para su alumbrado público y sus edificios.

Más de 700 municipios españoles con una población estimada que supera de largo los 12 millones de habitantes (más de una cuarta parte del total de toda España) han contratado a comercializadoras certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de un sistema de garantía de origen que acredita la procedencia 'verde' de la energía que compran esas empresas en el mercado para venderla a sus clientes.

Madrid, la ciudad más poblada de España, acaba de anunciarlo, al igual que Cádiz. La segunda, Barcelona, está a punto de hacerlo. En Galicia, el Ayuntamiento de Santiago ultima la adjudicación del suministro en media y baja tensión a Gas Natural Fenosa e Iberdrola, que también le suministrarán energía 100% verde.

La tendencia ha ido al alza en los últimos meses y con ciudades cada vez mayores como protagonistas. Cádiz empezó a consumir energía 100% verde hace un año (aunque lo ha dado a conocer ahora) a través de Eléctrica de Cádiz, que tiene la mayoría de sus acciones (55%) en manos del Ayuntamiento. Alicante lo anunció en septiembre, con un contrato de 11,6 millones adjudicado a la comercializadora Nexus. En octubre lo hizo Zaragoza, que adjudicó el servicio a Gas Natural Fenosa por 44,88 millones. 

Catalunya va muy por delante en esta tendencia, en virtud de un acuerdo marco que la Asociación Catalana de Municipios (ACM) acaba de renovar con Endesa y que ha pasado desapercibido pese a que incluye a más de medio millar de municipios. Desde abril de 2015, esta eléctrica (que tiene el monopolio de la distribución en esa comunidad autónoma) suministra a los asociados que se adhieren a ese acuerdo energía 100% renovable.

Actualmente hay adheridos 557 consistorios catalanes con una población de 3,4 millones de habitantes, según datos de la ACM, que no los detalla, pero sí indica que entre las ciudades más representativas están Tarragona, Sabadell, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallés, Gavà, Esplugues de Llobregat, Figueres, Sant Feliu de Llobregat y Vic.

Fuera de ese acuerdo marco, la ACM (organismo municipalista tradicionalmente vinculado a CiU) tiene identificados más de 20 ayuntamientos catalanes que también se proveen de energía 100% verde. Entre ellos están Girona, Sant Cugat del Vallès y Rubí, que fue pionera en España en este aspecto. La ACM estima que un 62% de los municipios catalanes, que representan a más del 77% de la población de esa comunidad autónoma, contratan electricidad 100% verde. En ese cómputo se incluye el contrato que va a licitar el Ayuntamiento de Barcelona en breve.

La compañía que da servicio a más municipios con este tipo de contratos es Endesa, seguida de Iberdrola, que tiene contabilizados 129 ayuntamientos y entidades locales que tienen contratada energía verde. Están en las Comunidades Autónomas de Euskadi (la mayoría), Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia y Madrid. Entre esos municipios están las tres capitales vascas, Irún, Gijón, Toledo y Ávila.

La situación catalana contrasta con la de otras regiones cuyos municipios no se anunciado iniciativas de este tipo, como Baleares o Canarias. No obstante, en Canarias Endesa lidera un proyecto pionero en el mundo para que la isla de El Hierro logre una energía 100% renovable para sus 10.000 habitantes. La eléctrica también acaba de anunciar un acuerdo para proporcionar energía 100% renovable al Cabildo de Gran Canaria para sus suministros de más de 10 kilovatios de potencia.

En otras provincias, el suministro municipal con sello verde se limita todavía a pequeñas localidades como Zurgena (Almería), Limpias (Cantabria) o el diminuto municipio de San Pelayo (Valladolid, 44 habitantes), que en noviembre de 2015 fue pionero en Castilla y León al adherirse a una cooperativa energética sostenible.

Efecto arrastre

Hay quien cuestiona estos anuncios ante la imposibilidad de discriminar el origen de los electrones que llegan al cliente y la obviedad de que la producción de las renovables no cubre toda la demanda. Fernando Ferrando, de la Fundación Renovables, considera no obstante que estas medidas, aunque insuficientes, son positivas.

Este experto, que fue directivo de Endesa, cree que “si todos los ayuntamientos lo exigieran”, se produciría un efecto arrastre en la demanda de renovables, ya que las comercializadoras certificadas por la CNMC se comprometen a adquirir la electricidad contratada a instalaciones de energía renovable.

Ferrando recuerda que gracias al poder de negociación de los consistorios, estos contratos (que se tienen que suscribir en el mercado libre) se están firmando “sin un sobrecoste para los consumidores”, muchas veces a través de prórrogas de contratos anteriores que incorporan la exigencia de que un determinado porcentaje de energía verde, como ha ocurrido en Madrid. Muchas veces, a igualdad de precio, el sello verde inclina la balanza a favor de estas comercializadoras.

Aprobación de mociones

En varias ciudades, la compra de electricidad 100% renovable todavía no está en marcha, pero sí se ha puesto sobre la mesa, al haberse aprobado mociones para hacerlo “de forma progresiva”, impulsadas por las marcas locales de Podemos. En Valladolid se aprobó por unanimidad una iniciativa de ese tipo en septiembre; y en Murcia, en noviembre, también por unanimidad y con un alcalde popular.

En otros municipios también gobernados por el PP se han aprobado mociones sin el apoyo de este partido. Es el caso de Albacete, donde se aprobó una moción en septiembre con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. En Salamanca, gobernada por el popular Alfonso Fernández Mañueco, ocurrió otro tanto en noviembre. 

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