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Cifuentes tarda ocho meses en expulsar a Ausbanc del Consejo de Consumo de Madrid

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

Antonio M. Vélez

Ocho meses después del estallido del escándalo Ausbanc y de la entrada en prisión de su presidente, Luis Pineda, la Comunidad de Madrid ha hecho oficial por fin el cese de la esposa de Pineda, María Teresa Cuadrado, como representante de la falsa asociación de consumidores en el Consejo de Consumo de Madrid, un órgano consultivo para la defensa, tutela y promoción de los derechos de los consumidores en el que participan las instituciones y organizaciones sociales madrileñas.

El cese de Cuadrado y de su suplente, Hermenegildo García, se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a través de una orden de la consejera de Economía madrileña, Engracia Hidalgo, con fecha 23 de diciembre, “por incumplimiento sobrevenido de los requisitos que determinaron su designación”.

Fuentes de su departamento atribuyen el retraso a “una cuestión de procedimiento”. En abril, tras estallar el escándalo, el Gobierno de Cristina Cifuentes ya expulsó cautelarmente a Ausbanc del Registro de Asociaciones de la comunidad y del Consejo de Consumo, pero la decisión no se había hecho oficial hasta ahora. Según Economía, había que dar tiempo a Ausbanc para formular alegaciones. No las presentaron.

En el Consejo de Consumo, Teresa Cuadrado coincidía con la actual directora general de Consumo del Gobierno de Cristina Cifuentes, María José Pérez-Cejuela, que administró una sociedad junto a Pineda entre 2000 y 2005, según reveló en abril El País. Teresa Cuadrado, un personaje fundamental en la turbia historia de Ausbanc, era el puente entre la asociación de consumidores de su marido y el poder político. Incluso llegó a ser directora general de Consumo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente. 

Fernando Herrero, secretario general de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) y su representante en el Consejo de Consumo madrileño, considera un “descrédito” y “un cierto despropósito para el Consejo de Consumo” que Ausbanc, imputada en abril como organización criminal, siguiera siendo miembro del mismo, siquiera “formalmente”.

No ha habido daños añadidos “más allá de la imagen”, señala Herrero, porque el Consejo no se ha reunido desde abril y Ausbanc no formaba parte de ninguna de sus comisiones. La pertenencia al Consejo de Consumo no conlleva el cobro de ningún tipo de dieta.

Manuel Rodríguez, secretario de política institucional de CCOO Madrid, cree que la demora “demuestra la lentitud con la que va la Administración” y cree que “hubiera venido muy bien que hubieran dado ejemplo con un cese fulminante” que no se ha producido hasta ahora.

Sólo entre 2001 y 2012, los tres últimos años de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente y todo el periodo de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico, la Comunidad de Madrid concedió a Ausbanc 6,2 millones de euros en subvenciones, según datos remitidos a Podemos en agosto por la presidencia de la Asamblea de Madrid. El Gobierno madrileño decidió en julio pasado resolver de manera “unilateral” los convenios que todavía tenía suscritos con Ausbanc.

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