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El Congreso da un paso para computar el servicio femenino franquista en el acceso a la jubilación parcial

Desfile de la 'Sección Femenina', ente organizador del Servicio Social Femenino del franquismo.

Laura Olías

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Un paso menos para que el “servicio social” franquista de las mujeres compute para el acceso a la jubilación parcial, como ya lo hace la mili y la prestación social sustitutoria que realizaron los hombres. Todos los grupos políticos han mostrado este martes en el Congreso su apoyo a tramitar la proposición de ley del PSOE para regular esta cuestión, casi “simbólica” por lo “tarde” que llega, como han reconocido varios partidos. El Gobierno equiparó el cómputo de este “servicio” femenino de la época del franquismo de cara a la jubilación anticipada y ahora el Parlamento tramitará también que se tenga en cuenta para acceder a la jubilación parcial.

La proposición de ley ha sido defendida por la diputada socialista Mercè Perea, que ha destacado el cómputo del “servicio social” femenino como “una cuestión de justicia y de reparación histórica”. Perea ha recordado que el primer bloque de la reforma de pensiones del ministro José Luis Escrivá ya equiparó este servicio femenino a los masculinos en el acceso a la jubilación anticipada, “lo que ya por vía jurisprudencial se estaba aceptando”.

Después de varias sentencias de tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo reconoció en 2020 este derecho. Falló a favor del cómputo del periodo que una mujer pasó en el “Servicio Social de la Mujer” franquista para acceder a la jubilación anticipada. No hacerlo, decía la sentencia, supondría violar el principio de igualdad de la Constitución e incurrir en una discriminación por razón de sexo.

“Con la proposición de ley llevamos esa misma equiparación a la jubilación parcial y damos cumplimiento a la recomendación 17 del Pacto de Toledo”, ha argumentado la diputada Mercè Perea.

La parlamentaria ha sostenido que “427 mujeres” se han beneficiado del cómputo de este “servicio social” para acceder a la jubilación anticipada desde la sentencia del Supremo.

Una cuestión “de justicia” que llega “tarde”

Todos los grupos parlamentarios que han tomado la palabra en el debate de la proposición de ley en el Pleno del Congreso han mostrado su apoyo a la iniciativa. De manera generalizada, los diputados de las distintas formaciones han considerado que la equiparación es una cuestión “de justicia”, que elimina la discriminación de trato de las mujeres respecto a la mili y el servicio sustiturio de los hombres. Pero también han destacado que la medida llega “tarde”.

“Esta ley hoy es más bien una ley simbólica, ya que las mujeres más jóvenes que hicieron el 'servicio social' tienen a día de hoy 62 años. Muchas de ellas ya están jubiladas, tienen una pensión de viudedad o, por desgracia, han fallecido sin esta equiparación”, ha sostenido Isabel Franco, de Unidas Podemos, que ha considerado que el momento para la equipación era la Transición.

Algunas formaciones políticas, como PNV y Compromís, han lamentado que la medida se tramite como proposición de ley cuando podía haberse aprobado a través de un real decreto presentado por el Gobierno. Esa vía habría sido mucho más rápida e inmediata para las potenciales beneficiarias de la medida, ha recordado Iñigo Barandiaran (PNV).

Vox ha sido el único partido que, pese a anunciar su voto a favor, ha criticado los discursos del resto de formaciones sobre la desigualdad de género que afecta a las mujeres, con muchas menciones a la discriminación imperante en la disctadura franquista. La diputada del partido de extrema derecha Lourdes Méndez ha afirmado que el resto de partidos ha “insultado a un montón de mujeres que hicieron un servicio a su país”. “No voy a entrar en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la administración franquista”, ha añadido. 

En el debate parlamentario también se ha destacado que la medida puede que alcance a pocas mujeres por la dificultad de muchas de ellas de contar con los certidicados que demuestran sus “servicios”. Por reducido que sea el número de beneficiarias, los partidos han coincidido en acabar con esta diferenciación en la legislación. “Da igual, porque esta reforma es necesaria”, ha resumido Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. 

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