El Consejo de Economistas estima que el número de insolvencias se dispare en 2021 por la COVID a niveles de la anterior crisis

Más de 7.000 autónomos y pequeños negocios han solicitado medidas de apoyo para intentar salvar sus negocios.

El impasse en el que viven buena parte de las empresas españolas durante la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del coronavirus gracias a las ayudas públicas y las moratorias, puede concluir en 2021 con un gran número de insolvencias. Así lo ven en el Consejo General de Economistas, que cuentan con estimaciones que apuntan a que el número de concursos de acreedores se disparen el próximo año a unos niveles que no se veían desde 2009.

En concreto, entienden que al existir una moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de este año, los problemas de algunas compañías, en especial micropymes del sector servicios y turístico, no se comenzará a apreciar hasta el próximo año. Así, apuntando a datos de la consultora Euler, el incremento de concursos de acreedores previsto para el próximo año sería de entorno a un 41% en España y de un 35% en todo el mundo. Entre los países que señala esta consultora, España sería de los más afectados, aunque estaría en línea con otros países del entorno como Portugal, Reino Unido o Países Bajos.

Así, estos economistas advierten que el próximo año pueden comenzar a verse los efectos de insolvencia en las empresas provocadas por el cese de actividad o el freno de la economía que se ha producido debido a la crisis del coronavirus. Alfred Albiol, codirector del informe presentado este jueves, apunta que el grueso de estos concursos de acreedores comenzarán a verse a partir del segundo trimestre del año, debido a que es cuando empezaron a solicitarse los préstamos ICO que tenían un año de carencia. Una vez venza ese plazo, entiende este economista forense que se puede producir el pico de las nuevas insolvencias en el país.

Albiol asume que es complicado dar un número concreto de empresas que pueden verse en esta situación en los próximos meses, pero advierte que una cantidad elevada puede provocar un colapso en las vías judiciales concursales. Por ello, llama a hacer un intento legislativo para encontrar otras vías como las refinanciaciones o reestructuraciones que eviten un número elevado. Además, asegura que hay una parte de estos concursos que se realizan "dentro de la economía sumergida" para evitar entrar en un procedimiento concursal que obligaría a que el nombre del empresario pudiera ser señalado. "La gente aún se siente estigmatizada por el hecho que puedan decir que alguien es un quebrado", ha apuntado.

El pasado ejercicio, 2019, se realizaron en España 4.464 concursos de acreedores, lo que suponía ya un incremento del 3% respecto al dato de 2018. Sin embargo, apuntan estos economistas que hay algo que no encaja, puesto que la cifra es notablemente inferior a la de otros países europeos, algo que les hace sospechar que se acuden a vías que no son concursales. "Algo falla o hay una economía sumergida concursal. El numero de concursos real es mucho mayor, pero no van por la vía del concurso de acreedores", apunta Alberto Velasco, uno de los autores el informe.

Isaías González, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses, anima a que, a pesar de que la moratoria no obliga a ello, las empresas que se encuentren en situación de concurso, acudan a ello "cuanto antes". Si no, advierte que cuando acabe el año "nos vamos a encontrar con compañías sin patrimonio, sin actividad y que irán directamente a liquidación".

El Consejo General de Economistas apuesta por que en la futura transposición de la directiva europea sobre la ley concursal se establezcan una serie de alternativas que impulsen a las compañías a acudir a otras vías que no sean el concurso de acreedores. Además, solicitan que estas vías alternativas se adapten al tamaño de las empresas, debido al incremento que está teniendo especialmente en el segmento de las de menor tamaño. Así, apuntan a métodos como la refinanciación un una reforma de la ley de segunda oportunidad que incentive que las empresas puedan acogerse a ello.

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