La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a los cambios al Plan de Recuperación presentados por el Gobierno de España para facilitar la llegada de 27.000 millones de euros en transferencias, flexibilizando algunos hitos y eliminando algunas de las reformas legales a las que se había comprometido el Ejecutivo a cambio de los fondos europeos.
“Este 'sí' de la Comisión Europea avala la buena marcha del Plan de Recuperación y marca el inicio de la recta final del despliegue de los fondos europeos, fondos que modernizan nuestra economía y consolidan la credibilidad y gestión del Gobierno de España en el escenario internacional”, trasladan fuentes del Ministerio de Economía.
Hasta 160 medidas ha revisado el Gobierno para conseguir el visto bueno final al despliegue completo del Plan de Recuperación. Con el decaímiento de algunas de las propuestas, España ha rebajado la cuantía de préstamos que podría recibir por parte de bruselas a 22.700 millones de euros de los 83.000 millones que tenía a su disposición inicialmente.
Los cambios solicitados van desde 35 medidas definidas como “parcialmente inalcanzables, debido a la falta de demanda”, pasando por el abandono de otras 23 medidas, que ya no son parcialmente alcanzables debido a las restricciones de la cadena de suministro y a dificultades técnicas inesperadas“, además de la modificación de 72 medidas para ”implementar mejores alternativas que permitan reducir la carga administrativa y simplificar“ la ejecución o la transformación de otras 21 ”para implementar mejores alternativas con el fin de alcanzar su ambición original“.
Bruselas apunta que “el alcance limitado de las enmiendas permiten concluir que se espera que el plan modificado garantice que ninguna medida cause un daño significativo” a los objetivos del Plan de Recuperación.
Entre los cambios, la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la del suelo, el estatuto marco que regula el personal sanitario o la ley de diversidad familiar no se vinculan con la llegada de fondos europeos y se cambian por otras iniciativas ya aprobadas o por medidas que se aprobarán en breve.
Sin embargo, otro grupo normativo se mantiene debido al caracter fundamental que le ha atribuído la Comisión Europea por su impacto medioambiental o económico. Aquí estarían la subida de la fiscalidad del diésel par equipararlo con la gasolina además de la ley de movilidad sostenible, el nueva norma que gestionará a los lobbys y los grupos de interés o la regulación para evitar el desperdicio alimentario.
El propio ministro, Carlos Cuerpo, ya había esta misma mañana que Bruselas iba a emitir una valoración que, esperaba, fuera favorable. “Esperamos, además, tener en las próximas horas una valoración ya por parte de la Comisión Europea, esperemos que positiva, de nuestra Adenda al Plan de Recuperación con la que encararemos la recta final del despliegue de los fondos”, ha dicho Cuerpo en una comparencia ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión Europea, a la que ha acudido para dar cuenta de la actualización del programa acordado con Bruselas.
El Gobierno llevaba semanas trabajando con el Ejecutivo comunitario en una Adenda de Simplificación al Plan inicial, de tal manera que se rebajen algunos de los hitos y objetivos vinculados a las inversiones, pero manteniendo la ambición del mismo. Las negociaciones con Bruselas han permitido rebajar algunas de las exigencias, como algunas de las reformas legales pendientes, para acelerar las transferencias pendientes antes de que termine el proyecto, en agosto del año que viene.
Las leyes de “menor impacto económico”, fuera de la Adenda
Cuerpo ha detallado que de la Adenda se han eliminado algunas “reformas de menor impacto económico”, entre las que se encuentran algunas de las leyes que el Gobierno se había comprometido a cambiar para recibir el 'maná europeo'. Algunas de las que se han caído son la reforma de la Ley del Suelo, la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero o la del control pesquero, como ya avanzó este periódico.
En total, se han reformulado 160 medidas y se han eliminado hitos intermedios, para rebajar las exigencias administrativas a la hora de probar su cumplimiento y acelerar los desembolsos del Plan.
En el documento, cuyo detalle aún no se conoce, Cuerpo ha avanzado que se han incluido cambios para reforzar algunas de las prioridades estratégicas, aumentando la dotación de algunas inversiones. Por ejemplo, con 300 millones de euros más para el Programa europeo de Supercomputación o 13.000 millones de euros adicionales para el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El banco público será el encargado de crear una “red de seguridad nacional” con la que suplir la renuncia a 60.000 millones de los préstamos blandos que había asignado la Comisión.
Esta decisión, que deja el total del Plan de Recuperación en 102.000 millones de euros (en torno al 6% del PIB), la ha explicado el ministro porque evita un mayor endeudamiento de la economía española y, a la vez, facilita el cumplimiento de muchas de esas inversiones previstas, que ya no tendrán que justificarse ante Bruselas ni tendrán que hacerse antes de que termine el Plan el 31 de agosto de 2026.
“La Adenda aprende de la experiencia que hemos adquirido en los últimos años, que responde a la petición de simplificación y que aprovecha el buen desempeño de la economía española para minimizar el coste en materia de endeudamiento, maximizando el impacto en materia de modernización”, ha asegurado el titular de Economía.