La cúpula de Santalucía deja el consejo de su filial Ballesol en plena ofensiva penal contra las residencias

Varios miembros de la cúpula de Santalucía, dos de ellos pertenecientes a las familias que controlan la aseguradora, acaban de salir del consejo de administración de Ballesol, su filial de residencias para la tercera edad. Según Ballesol, es "un movimiento de consejeros habitual", que se ha producido en plena ofensiva de denuncias e investigaciones penales a este sector tras la tragedia del coronavirus, con miles de ancianos fallecidos en estos centros. 

El 8 de julio se inscribió en el Registro Mercantil el cese de cuatro consejeros de esa filial, Intercentros Ballesol SA, entre los que están dos hijos de las dos familias que controlan el 66,66% de Santalucía. Fuentes del consejo de la aseguradora dicen que esos ceses no tienen "nada que ver" con las investigaciones que actualmente tiene abiertas la Fiscalía sobre el sector. Las mismas fuentes aseguran que esos ceses "no obedecen a nada especial" y que se trata de un proceso "habitual" de renovación de cargos.

Entre las salidas destaca la de Clotilde Álvarez, hasta ahora vicepresidenta de Ballesol y representante de una de las familias que controlan el 33,3% de Santalucía. Consejera de Santalucía desde el año pasado y secretaria de su consejo, Clotilde Álvarez era consejera de Ballesol desde 2012. Es una de las hijas de Modesto Álvarez, ex consejero delegado de Santalucía y una de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado en 450 millones según Forbes, que en noviembre le ubicaba en el puesto 59 de la clasificación de ricos españoles. 

También ha dimitido del consejo de Ballesol Carlos Álvarez Fernández, que era consejero de la filial de residencias de la aseguradora desde 2015 y es hijo del actual presidente de Santalucía, Carlos Javier Álvarez Navarro. Este último, a su vez primo de Modesto Álvarez, es otra de las grandes fortunas españolas y el cabeza visible de la rama que controla otro 33,3% de Santalucía.

Asimismo, han salido del consejo de Ballesol el actual consejero director general de la aseguradora, Andrés Romero, que era consejero desde febrero de 2012, y Jesús Priego, histórico directivo de Santalucía y aún consejero de la aseguradora, de la que fue director general durante 18 años, hasta 2014. 

Esas cuatro vacantes se han cubierto con los nombramientos de dos consejeros "que conocen perfectamente la compañía y con la que tienen relación laboral desde hace años", destaca Ballesol. Se trata de dos directivos de Santalucía que no pertenecen al consejo de la aseguradora: su director general de Desarrollo Corporativo e Internacional, José Luis Ruiz Bellew, y Alejandro Pérez Lafuente Suárez, director de Asesoría jurídica Corporativa y de Negocio.

Cinco requerimientos

Actualmente hay más de un centenar de investigaciones abiertas por la Fiscalía por muertes en residencias durante la crisis del coronavirus. Dos de los centros de Ballesol en la Comunidad de Madrid figuraban en la querella criminal que presentó la plataforma Marea Residencias en mayo y hay constancia de al menos una denuncia de la asociación Defensor del Paciente por la gestión de una residencia en Valladolid. Fuentes oficiales de la filial de Santalucía indican que la empresa no ha recibido "ninguna" denuncia, pero sí "cinco requerimientos de información de los cuales uno ya se ha archivado".

Santalucía entró en el capital de Ballesol en 2006 al comprar un 40% que ha ido aumentando hasta alcanzar el 75,5% actual. Actualmente gestiona más de 7.400 plazas residenciales, distribuidas en más de 50 Centros. Además de en España, donde es el principal operador de capital nacional, está presente en México, con un centro, y prepara su desembarco en Colombia. 

La empresa todavía no ha remitido al Registro Mercantil sus cuentas anuales de 2019. Las que ha colgado recientemente en su web Santalucía reflejan que los dividendos que cobró la aseguradora el año pasado de su filial de residencias se multiplicaron, al superar los 4 millones de euros, frente a 1,5 millones de 2018, tras un aumento del beneficio del 14%. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Ballesol señalan que "en ningún caso" el reparto de dividendo "es o ha sido nunca mayor que el resultado del ejercicio".

Tras los recientes cambios en el máximo órgano de gestión de Ballesol, como primer ejecutivo se mantiene José Ignacio Vivas, hijo de los fundadores del grupo y a su vez presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Hace un mes, Vivas participó en el foro empresarial de la CEOE como representante del sector para reclamar un incremento de los precios públicos que cobran en los centros que tienen adjudicados por las comunidades autónomas para conseguir "salarios más dignos" para el personal de las residencias.

"La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero", sino asegurar a sus trabajadores "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no están pagados como deberían", dijo. Vivas afirmó que todavía es pronto para hacer balance de lo ocurrido en las residencias tras la crisis del coronavirus. "No hay que buscar culpables" porque "todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios sanitarios".

El de las residencias de ancianos es uno de los sectores económicos bajo el foco tras la crisis del coronavirus, que también ha puesto en el disparadero a las funerarias. En este negocio Santalucía también está muy presente a través de su filial Albia, que hace más de un año anunció su fusión con Funespaña, de Mapfre. La operación está siendo analizada con lupa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y lleva meses en el congelador, aunque Santalucía confía en que salga adelante este año. Tendrá el 75% de la empresa resultante.

Varios miembros de la cúpula de Santalucía, dos de ellos pertenecientes a las familias que controlan la aseguradora, acaban de salir del consejo de administración de Ballesol, su filial de residencias para la tercera edad. Según Ballesol, es "un movimiento de consejeros habitual", que se ha producido en plena ofensiva de denuncias e investigaciones penales a este sector tras la tragedia del coronavirus, con miles de ancianos fallecidos en estos centros. 

El 8 de julio se inscribió en el Registro Mercantil el cese de cuatro consejeros de esa filial, Intercentros Ballesol SA, entre los que están dos hijos de las dos familias que controlan el 66,66% de Santalucía. Fuentes del consejo de la aseguradora dicen que esos ceses no tienen "nada que ver" con las investigaciones que actualmente tiene abiertas la Fiscalía sobre el sector. Las mismas fuentes aseguran que esos ceses "no obedecen a nada especial" y que se trata de un proceso "habitual" de renovación de cargos.

Entre las salidas destaca la de Clotilde Álvarez, hasta ahora vicepresidenta de Ballesol y representante de una de las familias que controlan el 33,3% de Santalucía. Consejera de Santalucía desde el año pasado y secretaria de su consejo, Clotilde Álvarez era consejera de Ballesol desde 2012. Es una de las hijas de Modesto Álvarez, ex consejero delegado de Santalucía y una de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado en 450 millones según Forbes, que en noviembre le ubicaba en el puesto 59 de la clasificación de ricos españoles. 

También ha dimitido del consejo de Ballesol Carlos Álvarez Fernández, que era consejero de la filial de residencias de la aseguradora desde 2015 y es hijo del actual presidente de Santalucía, Carlos Javier Álvarez Navarro. Este último, a su vez primo de Modesto Álvarez, es otra de las grandes fortunas españolas y el cabeza visible de la rama que controla otro 33,3% de Santalucía.

Asimismo, han salido del consejo de Ballesol el actual consejero director general de la aseguradora, Andrés Romero, que era consejero desde febrero de 2012, y Jesús Priego, histórico directivo de Santalucía y aún consejero de la aseguradora, de la que fue director general durante 18 años, hasta 2014. 

Esas cuatro vacantes se han cubierto con los nombramientos de dos consejeros "que conocen perfectamente la compañía y con la que tienen relación laboral desde hace años", destaca Ballesol. Se trata de dos directivos de Santalucía que no pertenecen al consejo de la aseguradora: su director general de Desarrollo Corporativo e Internacional, José Luis Ruiz Bellew, y Alejandro Pérez Lafuente Suárez, director de Asesoría jurídica Corporativa y de Negocio.

Cinco requerimientos

Actualmente hay más de un centenar de investigaciones abiertas por la Fiscalía por muertes en residencias durante la crisis del coronavirus. Dos de los centros de Ballesol en la Comunidad de Madrid figuraban en la querella criminal que presentó la plataforma Marea Residencias en mayo y hay constancia de al menos una denuncia de la asociación Defensor del Paciente por la gestión de una residencia en Valladolid. Fuentes oficiales de la filial de Santalucía indican que la empresa no ha recibido "ninguna" denuncia, pero sí "cinco requerimientos de información de los cuales uno ya se ha archivado".

Santalucía entró en el capital de Ballesol en 2006 al comprar un 40% que ha ido aumentando hasta alcanzar el 75,5% actual. Actualmente gestiona más de 7.400 plazas residenciales, distribuidas en más de 50 Centros. Además de en España, donde es el principal operador de capital nacional, está presente en México, con un centro, y prepara su desembarco en Colombia. 

La empresa todavía no ha remitido al Registro Mercantil sus cuentas anuales de 2019. Las que ha colgado recientemente en su web Santalucía reflejan que los dividendos que cobró la aseguradora el año pasado de su filial de residencias se multiplicaron, al superar los 4 millones de euros, frente a 1,5 millones de 2018, tras un aumento del beneficio del 14%. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Ballesol señalan que "en ningún caso" el reparto de dividendo "es o ha sido nunca mayor que el resultado del ejercicio".

Tras los recientes cambios en el máximo órgano de gestión de Ballesol, como primer ejecutivo se mantiene José Ignacio Vivas, hijo de los fundadores del grupo y a su vez presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Hace un mes, Vivas participó en el foro empresarial de la CEOE como representante del sector para reclamar un incremento de los precios públicos que cobran en los centros que tienen adjudicados por las comunidades autónomas para conseguir "salarios más dignos" para el personal de las residencias.

"La intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero", sino asegurar a sus trabajadores "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no están pagados como deberían", dijo. Vivas afirmó que todavía es pronto para hacer balance de lo ocurrido en las residencias tras la crisis del coronavirus. "No hay que buscar culpables" porque "todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. Cuando las cuestiones pasan, los que tomamos decisiones siempre cometemos aciertos y errores, pero es muy fácil opinar sobre todo desde el exterior sobre las situaciones que se han vivido, realmente duras. Ningún país está preparado para una pandemia, ni sus servicios sociales, ni sus servicios sanitarios".

El de las residencias de ancianos es uno de los sectores económicos bajo el foco tras la crisis del coronavirus, que también ha puesto en el disparadero a las funerarias. En este negocio Santalucía también está muy presente a través de su filial Albia, que hace más de un año anunció su fusión con Funespaña, de Mapfre. La operación está siendo analizada con lupa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y lleva meses en el congelador, aunque Santalucía confía en que salga adelante este año. Tendrá el 75% de la empresa resultante.

Varios miembros de la cúpula de Santalucía, dos de ellos pertenecientes a las familias que controlan la aseguradora, acaban de salir del consejo de administración de Ballesol, su filial de residencias para la tercera edad. Según Ballesol, es "un movimiento de consejeros habitual", que se ha producido en plena ofensiva de denuncias e investigaciones penales a este sector tras la tragedia del coronavirus, con miles de ancianos fallecidos en estos centros. 

El 8 de julio se inscribió en el Registro Mercantil el cese de cuatro consejeros de esa filial, Intercentros Ballesol SA, entre los que están dos hijos de las dos familias que controlan el 66,66% de Santalucía. Fuentes del consejo de la aseguradora dicen que esos ceses no tienen "nada que ver" con las investigaciones que actualmente tiene abiertas la Fiscalía sobre el sector. Las mismas fuentes aseguran que esos ceses "no obedecen a nada especial" y que se trata de un proceso "habitual" de renovación de cargos.

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16 de julio de 2020 - 21:58 h