La denuncia por los 3.400 millones 'regalados' a las eléctricas llegará hasta la Comisión Europea
La asamblea de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético votará el próximo lunes llevar hasta la Comisión Europea su denuncia por los 3.400 millones de euros no reclamados por el Estado español a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC). Consideran que Bruselas podría considerar esas “sobrerretribuciones” como ayudas de Estado ilegales que, a diferencia de lo ocurrido en España, no habrían prescrito todavía y podrían ser devueltas a los consumidores por parte de las empresas.
Además, los promotores de la denuncia creen que la responsabilidad de ese 'perdón', atribuible en primera instancia al socialista Miguel Sebastián (ministro de Industria entre 2008 y 2011) y a sus secretarios de Energía (Pedro Marín y Fabrizio Hernández), también podría recaer en el actual Gobierno del PP, ya que la liquidación definitiva de los CTC de 2006 no se produjo hasta el año 2010, por los que los cuatro años a los que se refiere la Ley General Presupuestaria para la prescripción de estos actos habrían concluido hace apenas unos meses, el pasado 27 de julio.
Por ello, en la asamblea del próximo lunes los miembros de la plataforma también votarán la ampliación de la denuncia que presentaron en el verano de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción para que analice la posible responsabilidad del actual ministro de Industria, José Manuel Soria, y su equipo.
El pasado domingo, El País adelantó que Anticorrupción investiga por qué el Gobierno del PSOE, en concreto sus responsables de Industria, perdonaron a las compañías eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en el periodo entre 2007 y 2010.
De momento, han sido llamados a declarar tres abogados del Estado y un exdirector general de Energía, para dilucidar por qué no se reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los CTC, pese a que un informe de la Abogacía del Estado encargado en 2008 por el entonces secretario de Energía Ignasi Nieto dictaminó que sí procedía la liquidación y que podía llevarse a cabo hasta junio de 2010.
Según El País, Joaquín de Fuentes, Fernando Calancha, José Ramón Mourenza (abogados del Estado) y Jorge Sanz (exdirector general de Política Energética) ya han declarado ante el fiscal Luis Rodríguez Sol.
En rueda de prensa en Madrid, la portavoz estatal de la Plataforma, Cote Romero, ha dicho este jueves que con esos 3.400 millones que el Estado olvidó reclamar a las eléctricas, una “enorme estafa a todos los consumidores” por una “indecente inacción de la Administración”, permitirían salvar de la pobreza energética durante más de cuatro años a los 1,2 millones de familias vulnerables a las que las eléctricas cortaron la luz en 2012 por falta de pago.
Por su parte, Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma, ha asegurado que, de haberse liquidado correctamente los CTC, un mecanismo concebido en 1996 para compensar a las eléctricas de los perjuicios que, supuestamente, les iba a acarrear la libre competencia, los consumidores se habrían ahorrado cerca de 30.000 millones de euros, equivalente al famoso déficit de tarifa.
Morales ha pedido al actual Gobierno “que aplique la misma medicina” que ha dispensado a las renovables para las centrales beneficiadas por los CTC que todavía están funcionando y cobrando “como si fueran nuevas”, porque tienen el mismo sistema retributivo que el resto.
