La gran distribución pide que se ponga orden en los impuestos autonómicos

La patronal de la gran distribución Anged considera imprescindible que se ponga “orden” en materia de impuestos autonómicos para proporcionar cierta seguridad jurídica a las empresas del sector, que reclaman un marco fiscal “previsible, razonable, justo y equitativo”.

“Aparte de que tenemos regulados los horarios comerciales de manera muy restrictiva y de que prácticamente no nos dejan abrir nuevos establecimientos para crecer, hay comunidades que han puesto un impuesto sólo a los grandes que es una auténtica barbaridad”, lamentó en declaraciones a Efe el director general de Anged, Javier Millán-Astray.

Actualmente, gravan con un impuesto específico a las grandes superficies (aquellas que suman más de 2.500 metros cuadrados) Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias.

Estas tasas “medioambientales” gravan los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta ellos.

En el caso de Cataluña, donde el gravamen es de 17 euros por metro cuadrado y la normativa impide abrir a nuevas grandes superficies, este impuesto se come entre el 30 y el 35 % del beneficio de un establecimiento, según Anged, que califica este tipo de tasas de injustificadas, discriminatorias e insostenibles.

A modo de ejemplo, explicó que mientras un gran establecimiento de la Diagonal está sometido al pago de 600.000 euros por este gravamen, el centro comercial que está ubicado a cien metros está exento.

La patronal advierte de que la generalización de este tipo de gravámenes a otras comunidades podría suponer la destrucción de 18.000 empleos y recortar un 10 % la inversión del sector, que se ha visto muy afectado por la caída del consumo.

Tal y como está actualmente redactada la Ley de Ordenación de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) “se puede poner un impuesto prácticamente sobre todo”, denunció Millán-Astray, quien subrayó que, según datos de la CEOE, actualmente coexisten cien impuestos autonómicos diferentes.

“Esto genera una situación auténticamente caótica y una incertidumbre extraordinaria sobre el sector”, aseveró el director general de Anged.

Por ello, considera fundamental que la comisión de expertos creada en el marco de la reforma de la LOFCA ordene de forma “razonable y objetiva” el sistema fiscal español, “estatal, autonómico y local”.

Dicha normativa permite actualmente poner varios impuestos sobre un mismo hecho imponible, como es el caso de la superficie, que también se tiene en cuenta, por ejemplo, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Según Millán-Astray, parece que hay “buena voluntad” por parte del Gobierno, aunque entiende que, dada la actual situación, es difícil decirle a una autonomía que quite un impuesto y al mismo tiempo que reduzca su déficit.

Respecto a la liberalización de horarios, consideró que los pasos dados hasta ahora son insuficientes y dijo que no tiene sentido que el sector, a diferencia de la mayoría de los servicios, no tenga libertad para gestionar su negocio conforme a lo que demandan sus clientes.

“Si entiendo que mis consumidores quieren comprar en domingo, déjeme abrir. Si creo que instalándome en una zona voy a tener clientes, voy a ser rentable y cumplo todas las normas lógicas y razonables, urbanísticas y medioambientales déjeme hacerlo”, añadió.

En su opinión, no tiene sentido seguir manteniendo una legislación que pretende proteger al pequeño comercio restando competitividad al gran formato, al que se le obliga a competir “con una mano atada a la espalda”.