La Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social del Congreso dio este lunes el visto bueno para que la reforma de las pensiones llegue al pleno del Congreso para su tramitación definitiva. Esta norma impulsada por el ministro José Luis Escrivá y pactada con los sindicatos y, en parte, con la patronal, supone incorporar la actualización de las pensiones con el IPC e incluye el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un aumento de las cotizaciones sociales para cuadrar las cuentas con las pensiones de los baby boomers. Pero también incorpora, tras su tramitación parlamentaria, cambios para algunos colectivos en la letra pequeña.
Es el caso de los notarios y de los registradores. La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones —el nombre completo de esta norma— ha incluido a última hora un cambio para la jubilación de estos dos grupos de funcionarios. A partir de la aprobación de la ley, la edad de jubilación forzosa de estos trabajadores se incrementará de los 70 años actuales hasta los 72.
Se trata de una disposición final en la ley que modifica otra norma donde se especificaban las condiciones de jubilación de los notarios y, por extensión, de los registradores. Se trata de una de las enmiendas que había presentado Genís Boadella, diputado del PDeCAT, al texto inicial. Finalmente se ha incluido en el dictamen que llegará al pleno del Congreso para su aprobación definitiva. La medida fue apoyada casi por la totalidad de los grupos de la comisión, con 36 votos a favor, una única abstención y sin ningún voto en contra.
El cambio afecta a la edad forzosa. Es decir, la jubilación se mantiene en los 65 años, que se pueden prolongar voluntariamente. Si actualmente el límite son los 70 años, con la modificación de la norma los trabajadores afectados podrán llevarla, siempre voluntariamente, hasta los 72. El texto del nuevo artículo incluido señala que estos trabajadores, si quieren seguir trabajando dos años más, tendrán que avisarlo previamente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dos meses antes de cumplir los 70 años. La prórroga solo podrá denegarse si no se cumple con el plazo de esta petición, según reza el artículo.
El PDeCAT justificaba esta reforma en su enmienda en que “la óptima situación física y mental y el aumento de la esperanza de vida, hace que prácticamente todos sus integrantes lleguen a la edad de setenta años en plenitud de facultades para el ejercicio de su función y en el cenit de su experiencia profesional”. “Es un colectivo susceptible de prolongar su actividad profesional tal y como se realiza en otras profesiones asimilables”, señala la enmienda. “Además de la racionalización del gasto del sistema de pensiones, esta medida no supone ningún obstáculo en el acceso a la carrera notarial y registral, manteniéndose un ritmo elevado y constante de reposición de notarios y registradores de nuevo ingreso durante los próximos años”, zanja el texto.
José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, recalca en conversación con este medio que se trata de una medida “voluntaria” y que “ya se había ido produciendo entre diferentes colectivos de funcionarios”. Así, explica que la aprobación de esta enmienda era “esperada” puesto que era algo que se venía aplicando ya entre otros grupos de trabajadores públicos como los jueces, los fiscales y los letrados, que desde hace años podían prolongar su vida laboral hasta los 72 años. “Diría que éramos los únicos que quedábamos por hacer esta ampliación”, subraya.
Como detalle, recordar que entre el colectivo de los registradores se encuentra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien volvió a su plaza del registro mercantil tras dejar la Moncloa por la moción de censura de 2018 que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia. A sus 66 años, el político gallego, actualmente destinado en el Registro Mercantil 5 de Madrid, podría ampliar su carrera como registrador otros seis años más.
Tabarés, coincidiendo con la argumentación del PDeCAT en su enmienda, apunta que este cambio obedece al aumento de la esperanza de vida y a la capacidad de los registradores de seguir trabajando unos años más. Además, recuerda que en el caso de los notarios, hasta una reforma en los años ochenta, se permitía que la edad de jubilación forzosa fuera de 75 años, aunque posteriormente se redujo a los 70. El Consejo General del Notariado, consultado por este medio, ha evitado hacer valoraciones de este cambio al tratarse por ahora de una tramitación parlamentaria previa a la aprobación definitiva de la norma.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso avaló el lunes el dictamen definitivo de la reforma de las pensiones, que tendrá que llegar ahora al pleno para su aprobación definitiva. Los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, lograron finalmente el apoyo de ERC, el PNV o Compromís y los votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y la CUP. EH Bildu se abstuvo. El PDeCAT, además de la prolongación de la edad de jubilación forzosa de notarios y registradores, logró incluir otras dos enmiendas referidas a la protección social de los trabajadores con discapacidad o la jubilación anticipada de trabajadores con una larga carrera cotizada.
Primer aval del Congreso a la reforma de las pensiones
La enmienda del PDeCAT es solo uno de los aspectos incluidos en la reforma de las pensiones, que ha centrado la actividad del Ministerio de Seguridad Social en los últimos meses. Esta nueva ley incluye los aspectos que se han ido aprobando entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, aunque estos solo en parte, para intentar reforzar el sostenimiento del sistema de pensiones y la derogación de las reformas que aplicó el Gobierno del Partido Popular.
Esta reforma se ha hecho en dos fases. La primera incluía como principal aspecto la derogación del mecanismo de revalorización del PP, que se fijaba en el 0,25% anual. A partir de la aprobación de esta norma, se actualizarán por ley en base a la evolución del IPC. Otras medidas de este primer bloque iban encaminadas a desincentivar la jubilación anticipada. La segunda fase, cerrada la semana pasada, supone la creación de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que sustituye al factor de sostenibilidad que aprobó el PP y que, sobre el papel, iba a provocar una merma en las pensiones futuras.
El nuevo sistema incluye una subida temporal del 0,6% —0,5% por parte de la empresa y un 0,1% del trabajador— de las cotizaciones sociales durante una década para intentar sostener las pensiones públicas con la llegada de la generación del baby-boom a la edad de jubilación. Este último aspecto, que se ha incorporado al dictamen final de la reforma para su voto en el pleno, no cuenta con el aval de la patronal, que se levantó de la mesa de negociación. Otros aspectos quedarán pendientes de las negociaciones futuras del diálogo social.
De manera paralela a esta reforma, que encamina ya sus últimos pasos en el Congreso, el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para crear un fondo público de pensiones vinculadas al empleo. Con este sistema, Escrivá pretende impulsar el ahorro privado de los trabajadores como complemento a la pensión pública, intentando que esta vía, poco desarrollada en España más allá de las grandes empresas, llegue a las pymes, los autónomos y los funcionarios. El Ejecutivo aspira a que este fondo, que tendrá gestión privada pero control público, esté aprobado definitivamente antes del próximo verano.