Europa se prepara para los efectos “graves” de una guerra que prevé larga
En la respuesta europea a los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio, desatada por los ataques unilaterales de Estados Unidos e Israel contra Irán, hay más de “todos a una” que de “uno para todos”. Los Veintisiete estados miembros fueron incapaces de cerrar, este jueves, una solución urgente a los precios disparados que ya están mordiendo los bolsillos de los ciudadanos desde Lisboa a Varsovia. Pero prácticamente todos, por su cuenta, han dado luz verde a medidas que ponen el foco en el precio de los carburantes y en las gasolineras.
Y España no ha sido la excepción. El Consejo de Ministros aprobó este viernes, en una reunión extraordinaria, lo que La Moncloa ha llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un compendio de 80 medidas por valor de 5.000 millones de euros, que se equilibra entre medidas coyunturales para dar respuesta a la subida de los precios y otras estructurales (que recuperan el grueso de aquellas que decayeron en respuesta al apagón) para reforzar la autonomía estratégica de la red energética española.
“Cuando el plan que hemos aprobado hoy entre en vigor el día de mañana, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos”, dijo el presidente Pedro Sánchez con solemnidad en su comparecencia tras la reunión extraordinaria. Un paquete que acabó dividido en dos normas, tras una cita del gabinete que arrancó con mucho retraso por la negativa de los ministros de Sumar a sentarse a la mesa a menos que se adoptaran medidas en materia de vivienda.
La respuesta española, en la que el grueso de ayudas (2.500 millones, según fuentes del Gobierno) corresponden a rebajas fiscales, no dista demasiado de la que está dando el resto de Europa. En nuestro caso, con rebajas fiscales focalizadas en el combustible (la del IVA al 10% para las gasolinas, por ejemplo) y con ayudas específicas para los sectores más afectados, como el campo, el transporte o las industrias electrointensivas.
Pero sigue la estela de Alemania, que ha decretado que las gasolineras solo podrán subir los precios una vez al día y ha establecido un refuerzo de la vigilancia de las prácticas abusivas. Incluso se plantea un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, como el que estuvo en vigor en nuestro país hasta 2024. O Francia, que ha impuesto mayores controles administrativos en cuanto a los precios de las estaciones de servicio. Italia ha introducido un mecanismo sancionador contra la especulación.
Son solo algunos ejemplos de estas medidas independientes que cada uno de los Estados Miembros están adoptando para hacer frente a una crisis que, según el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, se ha convertido en “la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya hay alteraciones significativas a escala mundial que anticipan un frenazo en la economía. En el caso de España, la institución ha recortado sus previsiones de crecimiento en dos décimas para 2026 (hasta el 2,1%) y al 1,8% en 2027 (una décima menos) solo por los efectos de tres semanas de guerra en Oriente Medio. Y el Banco Central Europeo ya anticipa que se dispare la inflación y ha elevado el tono en relación con los tipos de interés, aunque sin un escenario de cambios en la política monetaria a la vista.
Las medidas comunitarias tendrán que esperar
Una respuesta unitaria por parte de la Unión Europea es otro cantar. Había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo de este jueves, ya que se preveía la aprobación de medidas para luchar contra el alza de precios energéticos causados por la guerra de Irán. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegó a la reunión con el discurso de que “los elevados precios de la energía son uno de los mayores desafíos para la competitividad de la Unión Europea. Debemos ser más autónomos utilizando nuestras fuentes de energía limpias y propias. Necesitamos tomar medidas inmediatas para proteger a nuestros ciudadanos”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya había mandado una carta previa a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que ibas a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, de manera que propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.
Tras 12 horas de reunión, una vez más, la UE consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. En las conclusiones de la cumbre se especifica que “dado que el conflicto en Oriente Medio tiene un impacto inmediato en los precios de la energía para los ciudadanos y empresas europeas” se insta a la Comisión “a presentar sin demora un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de los precios de los combustibles fósiles importados derivados de la crisis en Oriente Medio”.
Es decir, se propone una reunión para aprobar medidas para solventar con urgencia un problema, pero en dicha cumbre solo se aprueba una petición para diseñar medidas para las que será necesario otra reunión para su aprobación. En teoría, la UE está siguiendo un proceso de simplificación de normas y procesos para agilizar trámites como impulso de la competitividad. De momento, parece que está fracasando.
Sí se volvieron a marcar las líneas (que ya estaban en la carta de Von der Leyen) con palabras grandilocuentes sobre los objetivos para reducir precios energéticos que van desde “la intención de aumentar la reserva de estabilidad del mercado” a “abordar la volatilidad excesiva a corto plazo, incluso para los sectores intensivos en energía, teniendo en cuenta las diferentes situaciones entre los Estados miembros” pasando por “trabajar estrechamente con los Estados miembros para diseñar medidas nacionales temporales y específicas destinadas a mitigar los impactos significativos de los combustibles” y siempre preservando “las señales de inversión a largo plazo, apoyando la aceleración de la producción de energía renovable y de baja emisión de carbono, y garantizando la igualdad de condiciones en el mercado interior”.
Impulso a las renovables, la receta española
Como nota positiva, se propone la misma estrategia que España ha mantenido en los últimos años de impulso de las energías renovables para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Los 27 países de la UE convergieron en que “los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados demuestran que la transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa” y “reducir estructuralmente los precios de la energía”, de manera que “acelerar el despliegue e integración de fuentes de energía renovables y de baja emisión de carbono, así como del almacenamiento energético, es esencial para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro”. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en la cumbre a España como modelo a la vanguardia energética en Europa gracias a la apuesta del Gobierno por el despliegue de las energías renovables que “está haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, y nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas”.
Uno de los motivos de esta parálisis en el seno de la UE se debió a que buena parte de la discusión sobre medidas energéticas estuvo copada por el grupo de países, liderado por Italia y Austria, que pretenden la suspensión temporal del mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono, conocido como ETS. Esta herramienta, que España junto a otro grupo de Estados miembros defiende porque reduce las emisiones contaminantes e incrementa ingresos, está siendo cuestionado porque países consideran que los precios al CO2 perjudican la competitividad de sus industrias.
En esta discusión entre lo urgente y lo importante, no se hizo ni una cosa ni la otra. Von der Leyen propuso incrementar las inversiones en el ETS con 30.000 millones de euros, financiado con 400 millones de permisos mediante un esquema de asignación por orden de llegada donde tendrán prevalencia los países europeos con menos ingresos. También se hará una actualización de los parámetros que determinan cuántos permisos gratuitos recibe cada sector industrial y una propuesta para la oferta de permisos. El sistema se va a revisar, pero en ningún caso se va a suspender. En las conclusiones de la cumbre, los líderes pidieron a la Comisión que realizara la revisión del ETS “a más tardar en julio de 2026, para reducir la volatilidad del precio del carbono y mitigar su impacto en los precios de la electricidad… al mismo tiempo que se preserva su papel esencial”.
La Cumbre europea empezó con una clara declaración: “Se necesitan soluciones específicas a corto plazo para garantizar una energía asequible, teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica y las situaciones particulares de los Estados miembros, la exposición especial de ciertos sectores industriales al riesgo de deslocalización y la necesidad de mejorar las condiciones para los sectores innovadores intensivos en energía, sin socavar la previsibilidad ni la igualdad de condiciones”. Sin medidas aún que todavía se tienen que concretar a nivel europeo, sí se acordó que “el Consejo Europeo volverá a tratar estos asuntos en junio de 2026 para revisar los avances”. Mientras, Estados Unidos e Israel bombardean yacimientos de gas iraníes e Irán responde con ataques a infraestructuras petrolíferas del Golfo incrementando la espiral de precios. El corto plazo de la UE.