Financiación verde: el boom de la inversión en renovables

La financiación de las masivas inversiones que va a requerir el proceso de transición ecológica protagoniza el arranque de esta segunda semana de la COP25, en sendas jornadas que este lunes se centraron en el papel de los bancos públicos de desarrollo y en la imprescindible participación del sector privado en este proceso.

El debate se cerró con una reunión de la coalición de ministros de Finanzas para la acción climática integrada por 50 países (España entre ellos) en la que participaron la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, Jeffrey Sachs, director de la Red de soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o el economista británico Nicholas Stern.

La discusión continuará este martes con la intervención de, entre otros, el multimillonario y ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, actual candidato a las primarias del Partido Demócrata estadounidense, y la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín.

Como señaló Calviño el lunes ante la prensa antes de esa reunión de ministros de Finanzas, es el momento de “reflexionar sobre cómo garantizar” la financiación que va a requerir el proceso de descarbonización en sectores como el eléctrico, la eficiencia energética, el impulso de la movilidad sostenible o el de tratamiento de aguas, entre otros. 

El proceso, como explicó el director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Luis Martí, puede atraer “significativos flujos de inversión desde el punto de vista macroeconómico” hacia activos en su mayoría de naturaleza física (plantas de energías renovables, estaciones de recarga, vehículos eléctricos…) que por su efecto multiplicador en el empleo tienen “el potencial de cambiar las expectativas de los mercados financieros” e “inducir una gradual normalización de los tipos de interés” y una “estabilización” de la economía.

A escala global, y solo este año, el Institute of International Finance (IIF) estima que a finales de 2018 se habrán destinado 350.000 millones de dólares en bonos y préstamos corporativos sostenibles en todo el mundo, un 30% más, tal y como recuerda el Foro Español de Inversión Sostenible (Spainsif). En el caso de España, la hoja de ruta hasta 2030 está plasmada en el Plan Nacional de Energía y Clima remitido en febrero a Bruselas, que contempla movilizar 236.000 millones en inversiones sostenibles en la próxima década de los que el 80% corresponderá al sector privado.

Este documento contempla una reducción del 21% de los gases de efecto invernadero respecto a 1990 y una cuota del 42% de las renovables en el consumo final de energía que en el caso de la generación eléctrica se apoyará en un aumento de la cuota de las renovables hasta el 74% (frente al actual 40%) mediante la instalación de 57 GW en nuevas renovables, 6 GW de almacenamiento, cierre de las centrales de carbón y nucleares y la expectativa de alcanzar 5 millones de vehículos eléctrico para reducir los gases del sector del transporte un 30%. 

Para movilizar las inversiones necesarias, sobre la mesa hay abiertas a escala internacional discusiones que abarcan aspectos como la fiscalidad medioambiental, los presupuestos verdes, los bonos verdes, el papel que puede jugar el sector financiero, cómo puede canalizar el Banco Central Europeo (BCE) el ahorro hacia la inversión sostenible y cómo se define qué es y qué no es una inversión verde. 

Temas “tremendamente complejos” cuyo debate “no hace sino iniciarse en este momento”, dijo Calviño, que confió en que el Tesoro público pueda lanzar en 2020 la primera inversión en bonos verdes de su historia, en línea con la que ya ha realizado este año el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 500 millones, o las que se han llevado a cabo en países como Chile, organizador de esta COP25. Su ministro de Finanzas, Ignacio Briones, explicó este lunes que en 2018 Chile ha emitido este año por primera vez 2.400 millones en bonos de este tipo y para el próximo ejercicio prepara una nueva emisión “cuyo monto está por precisar”.

Bancos públicos

El cambio climático, como señaló el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, durante su participación en un evento en el pabellón de España en la zona azul de la COP25, es un “desafío global” en el que deben trabajar “juntos” gobiernos, sector privado, bancos de desarrollo, inversores institucionales y compañías de todos los sectores (industrial, servicios, tecnológico) para abordar “la acción climática con los mercados y no contra los mercados” y lograr una transición “justa”.

Un importante paso lo dio el mes pasado el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el mayor banco público del mundo, al anunciar que dejará de financiar inversiones en combustibles fósiles en 2021, una decisión que España ha apoyado “de forma clara e inequívoca”, destacó Calviño. “Somos el primer banco multilateral que ha adoptado esta práctica”, destacó el lunes la vicepresidenta del BEI, la española Emma Navarro, en un evento junto a responsables de bancos públicos europeos y latinoamericanos en el que destacó el “rol clave” que deben tener este tipo de organismos en el proceso de transición ecológica como “catalizadores” de inversión sostenible.

Acuerdo de la banca

El pabellón de España en la COP25 fue también el escenario para la firma de un acuerdo entre los principales bancos españoles para reducir la huella de carbono de sus carteras de crédito con el objetivo de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. El acuerdo ha sido suscrito por una veintena de entidades que, de forma conjunta, representan al 95% del sector, y fue saludado como “muy positivo” por Calviño, que celebró que “los operadores del sector privado y en particular el sector financiero sean conscientes de que tienen que jugar un papel importante en la canalización del ahorro y los recursos financieros hacia esas inversiones sostenibles”.

El presidente de la patronal banaria AEB, José María Roldán, instó tras la firma de ese acuerdo a que se defina ya la taxonomía para las inversiones verdes en la UE e insistió en que ante el cambio climático “esperar no es una opción” y este proceso está avanzando “muy rápido”, pero reclamó que los nuevos criterios de inversión climática se introduzcan “con prudencia” para que no exista una “contradicción” con los requisitos de solvencia del sector. 

“No puede ser que cada inversor institucional mida de forma diferente las cuestiones de sostenibilidad y lo explique de forma diferente”, dijo Roldán, que reclamó al sector público “que ponga orden en esto” sin ser “demasiado rígido” para reducir la “incertidumbre estructural” que afronta el sector financiero en la actualidad.

Roldán subrayó que el personal que trabaja en el área de Inversión Socialmente Responsable de las entidades del sector hoy “tiene un rol central en las organizaciones financieras” del que hace solo un año carecían. Y se refirió al término “greenwashing”, tan en boga en esta cumbre para referirse al lavado de imagen verde por parte de empresas e instituciones que en realidad no son sostenibles.

“El 'greenwashing' está en todas partes: en el sector privado y en el público, en las compañías financieras y en las no financieras”, dijo el presidente de la patronal bancaria, que no obstante quiso ver algo “positivo” en ese concepto: “Si te embarcas en el 'greenwashing' es porque te das cuenta de que no ser verde no es aceptable. Y eso es un primer paso. No para seguir haciendo greenwashing, sino para empezar la acción verde”.