Los funcionarios y empleados públicos desean que el teletrabajo sea una opción laboral en la Administración. El sindicato CSIF ha trasladado ya al Gobierno una propuesta para que los trabajadores del sector público accedan a esta modalidad de trabajo a distancia, elaborada junto a la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios en España (Arhoe). La organización asegura que “existe realmente esa demanda” y lo sustenta con una encuesta realizada entre 8.400 trabajadores públicos: el 85% afirma que se acogería al teletrabajo si tuviera esa opción y el 95% cree que es una medida útil para formentar la conciliación.
A pesar de que está aumentando, el teletrabajo en España sigue siendo prácticamente una anécdota. Se trata de una manera de organización del trabajo que se lleva a cabo fuera del centro laboral, desde el domicilio o algún otro lugar, y que generalmente implica la utilización de “las tecnologías de la información”, según recoge el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002.
Aunque no existe una estadística oficial que mida el teletrabajo, la Encuesta de Población Activa (EPA) arroja un dato que ayuda a medir su magnitud: en 2017, un 95,4% de los asalariados aseguró no trabajar “ningún día” desde casa.
Desde CSIF defienden que la implantación del teletrabajo solo aportaría “ventajas”, como favorecer la conciliación, el desarrollo sostenible (por la menor movilidad de trabajadores y lo que esto supone en emisiones de vehículos), la integración de personas con discapacidad, el retorno progresivo al trabajo de las personas que han sufrido una enfermedad grave y la reducción del absentismo laboral, entre otros.
El presidente de Arhoe, José Luis Casero, ha defendido que el teletrabajo permite un aumento de la productividad “del 19% y una reducción del absentismo laboral del 30%”, según un estudio que elaboró su asociación junto a Asepeyo. Mª Ángeles Mur ha explicado que la falta de flexibilidad provoca que haya trabajadores que pidan bajas para ausentarse del trabajo “cuando en realidad lo que tienen es un problema de conciliación”.
Contra “la cultura del presentismo”
Con esta lista de beneficios, los funcionarios piden al Gobierno de Pedro Sánchez que la Administración sirva de ejemplo a las empresas privadas en la puesta en práctica del teletrabajo. Mª Ángeles Mur ha sostenido que hay que combatir la “cultura del presentismo” por la cual “se paga más por estar ahí que por lo que hagas”.
El personal al servicio de las administraciones públicas alcanzó en enero la cifra de 2.553.505 empleados públicos, según el último boletín estadístico publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Desde el sindicato de funcionarios defienden que un “montante enorme de trabajadores” podría en la práctica acogerse a esta fórmula de trabajo a distancia.
CSIF propone una fórmula mixta de teletrabajo, ni puramente presecial ni con horarios totalmente teletrabajados. El sindicato apuesta por modalidades de tres días presenciales y dos teletrabajados o que sigan una relación de 4/1, “como el modelo alemán”, ha explicado Mur.
Su intención es facilitar la conciliación sin desvincular al trabajador de sus compañeros ni de sus superiores. En cualquier caso, el teletrabajo debería ser “voluntario y reversible”, ha añadido la portavoz de CSIF, para que se acoja el empleado que quiera y pueda anular esta opción cuando deje de necesitarla.
El sindicato defiende que la Administración cuenta con ya con las herramientas para aplicar un control a distancia sobre sus empleados y que el teletrabajo sea una opción laboral “con todas las garantías”. Con este sistema, “no hay posibilidades de escaqueo, hay que acabar con la leyenda negra del teletrabajo”, ha defendido Mur. El sindicato no ha elaborado un cálculo del coste de esta medida, aunque considera que sería beneficioso en términos económicos.
Dificultades en la atención al público
Aunque CSIF no aporta una cifra concreta de potenciales beneficiarios, reconoce que los trabajadores públicos que atienden de cara al público tendrían más dificultades para sumarse, “aunque estos puestos están en vías de extinción”, ha sostenido la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Mª Ángeles Mur, por el aumento de los trámites telemáticos en la Administración.
El sindicato propone al Ejecutivo de Pedro Sánchez que regule esta modalidad de trabajo para que se pueda desarrollar en las diferentes escalas de la Administración pública, desde la estatal a la regional y municipal.
En opinión de CSIF, esta medida debería incluirse en las condiciones laborales que va a abordar la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, con los sindicatos a primeros de octubre. En la mesa está desarrollar el acuerdo de marzo que firmó el anterior Gobierno, y que incluye la convocatoria de oposiciones a principios de 2019 en el plan para la estabilidad del empleo en la Administración.