El Gobierno aplaza la renovación de la cúpula de Competencia y seguirá negociando los relevos
La renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidencia incluida, va a tener que esperar. El Consejo de Ministros de este martes no tomó ninguna decisión sobre los nombramientos que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, debe proponer el Gobierno al Congreso. Fuentes gubernamentales no precisan qué plazos maneja el Ejecutivo para abordar este proceso, que llega en un momento de máxima debilidad parlamentaria del Gobierno.
Este 16 de junio vencía el mandato de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y los vocales Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos). En el pleno del organismo (que por ley debe estar formado por diez miembros, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia) está vacante además desde enero un puesto tras la dimisión de Pilar Sánchez, que poco después de su cese fichó como consejera independiente de Cajamar.
Los mandatos en la CNMC tienen una duración de seis años. Las propuestas de nombramiento las puede vetar la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja. La obligada renovación de este organismo, que vigila el funcionamiento de los mercados y supervisa los sectores de energía, telecomunicaciones o transportes, entre otros, llega con el Ejecutivo en una situación muy complicada por la sucesión de escándalos en el entorno del Gobierno y el PSOE, del caso Leire Díez al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre los partidos que deben dar el plácet a la renovación de la autoridad de la Competencia está Junts, que este martes elevaba la presión sobre Pedro Sánchez con una moción junto al PP para que el Congreso vote si exige un adelanto electoral. Esta formación colocó en enero de 2025 como consejero de la Comisión de la Competencia a Pere Soler, ex concejal de CiU que fue director de los Mossos de Escuadra hasta el referéndum independentista de 2017.
Por su parte, el PP se ha quedado nuevamente fuera de esta negociación, como viene ocurriendo desde 2020, cuando Fernández fue nombrada presidenta del organismo. Este martes, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares, Alberto Nadal, lamentaba en la red social X (antes Twitter) que en este proceso de renovación “el Gobierno no ha mantenido contacto alguno con el PP. Sanchismo en estado puro”.
Cuando creó la CNMC aplicando el rodillo de su mayoría absoluta de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a meter en el consejo del organismo a un miembro de la ejecutiva del PP, el ex juez Fernando Torremocha.
Está previsto que la próxima semana la presidenta de la CNMC participe en la jornada de clausura del tradicional curso de verano que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso versará sobre “La Inteligencia Artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía”. Lo inaugurará el próximo lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
“Mi último día no sé cuándo será”, dijo la semana pasada la todavía presidenta de la CNMC, que se despidió en su último acto público antes de vencer su mandato pidiendo que su sucesor o sucesora “mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas”, porque la competencia para captar talento es “durísima”.
“Capacidad técnica” y “sentido común”
Fernández, que en los últimos meses ha impulsado una inédita investigación contra el entorno de uno de los consejeros salientes (Josep María Salas, uno de los vocales díscolos en asuntos como la retribución de las redes eléctricas), reclamó que la persona elegida para sustituirla tenga “capacidad técnica”, “sentido común” y que, como ella (que fue socia del área de Competencia del bufete Cuatrecasas durante casi 30 años), acredite “conocimiento de competencia”, porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC).
El perfil que reclama la todavía presidenta de la CNMC no encajaría con el de uno de los candidatos cuyo nombre para presidir el organismo ha sonado en las quinielas en las últimas semanas, el de Mariano Bacigalupo, marido de la ex vicepresidenta y actual comisaria europea, Teresa Ribera, y en la actualidad consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Gran experto en energía, Bacigalupo, doctor en Derecho, fue consejero de la CNMC hasta septiembre de 2022 y trabajó durante seis años en la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), el regulador energético que fulminó el PP al crear la CNMC, del que fue secretario y director del Servicio Jurídico.
Otro nombre que circula es el de Inmaculada Gutiérrez, técnico comercial del Estado (como el vicepresidente Cuerpo) que fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), donde permaneció seis años, además de ejercer como jefa de gabinete de Cani Fernández antes de fichar por Renfe.
En su intervención de la semana pasada, Fernández concedió cierto espacio a la autocrítica al hacer un balance “con aciertos y con errores [no dijo cuáles] porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta” al organismo.
El papel de la CNMC ha quedado muy cuestionado tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, por su inédito retraso de casi cinco años en aprobar un procedimiento para permitir a las energías renovables controlar la tensión eléctrica que, según muchos expertos, habría evitado ese cero energético. Esa inacción no equivale a un “vacío normativo”, según dijo Fernández en el Congreso el pasado 21 de abril, en una intervención que ya tuvo sabor a despedida: “Les deseo mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, dijo a los diputados, que le recordaron que esa comparecencia podría no ser la última. “Si me llaman, aquí estaré”, afirmó.
Fernández y los otros dos vocales con el mandato caducado seguirán por ahora en funciones. Esta situación ya se prolongó durante meses con el anterior presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El catedrático y ex directivo de Cepsa (actual Moeve) estuvo casi un año en funciones junto a la mitad del consejo de entonces tras caducar su mandato, hasta que el Gobierno de Sánchez pudo pactar la renovación del pleno tras las elecciones generales de noviembre de 2019.
Marín había sido nombrado cuando el PP creó la CNMC en 2013 al fulminar el anterior modelo de reguladores sectoriales y la extinta autoridad de la Competencia, basándose en un informe encargado por Telefónica y con la excusa de un muy discutible “ahorro de costes”. Un modelo polémico y prácticamente único en el mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó revertir con un proyecto de ley para recuperar la CNE que ha encallado en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Los mismos que ahora dificultan la renovación de este organismo clave para la economía española.
Este mismo martes, la CNMC anunciaba un expediente sancionador a los seis bancos del Ibex 35 (Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell) por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas a tipo fijo. El organismo también anunció la actualización de su guía de programas de cumplimiento en materia de competencia y su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y por el que se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión.