El Gobierno aprueba una estrategia nacional contra la pobreza hasta 2023 con su apuesta del ingreso mínimo vital
El Gobierno ha aprobado este viernes la 'Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023', una hoja de ruta para combatir la pobreza y desigualdad desde diferentes ámbitos que venían exigiendo desde hace casi una década las organizaciones de la sociedad civil, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España). Entre las medidas que plantea, la estrategia apuesta por implantar de manera progresiva una renta mínima a nivel estatal para personas desfavorecidas, que denomina Ingreso Mínimo Vital, como la propuesta del PSOE en esta cuestión.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presentado este viernes la estrategia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta planificación de cara a los próximos cinco años deberá ir acompañada a partir de ahora por planes operativos anuales, en los que se concreten las medidas específicas que se pondrán en marcha durante esos años, así como la dotación presupuestaria con la que contarán.
Carcedo ha subrayado que la estrategia da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y también contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Desde la EAPN España han celebrado la aprobación de la estrategia. “Es una buena noticia que exista, llevamos nueve años pidiéndola”, afirma a eldiario.es su presidente, Carlos Susías, que destaca que se aborde la hoja de ruta desde un enfoque holístico, que afecta a políticas de empleo, de sanidad, de educación, de vivienda...“.
Una de las apuestas concretas que contempla la estrategia 2019-2023 es el desarrollo progresivo de un ingreso mínimo vital estatal “sin menoscabo de que ese ingreso pueda complementarse con otros programas de garantía de rentas que establezcan las CCAA”, recoge el documento.
La implantación de esta renta mínima se plantea de manera progresiva, comenzando en un primer momento por el aumento de prestación por hijo a cargo para familias vulnerables. La ministra Carcedo ha destacado que este primer paso, al menos el inicio de esta subida, ha sido plasmado en un real decreto por el Gobierno hace unas semanas, que elevó estas ayudas contra la pobreza infantil un 17% de manera general (hasta los 341 euros euros al año) y un 102% para las familias en situación de pobreza severa (hasta los 588 euros al año).
La estrategia indica que, tras esta primera fase, se debería implantar “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos”. Carlos Susías insiste en que la medida de ingresos mínimos en todo el Estado es una de las más relevantes y exige concreción en números más allá del papel para los próximos años.
La estrategia también subraya como “esencial” la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que lleva prácticamente congelado desde hace una década. Este indicador es clave en el acceso y cuantía de numerosos subsidios y ayudas. Se utiliza, por ejemplo, para establecer la cuantía de varios subsidios de desempleo y marca el acceso a la asistencia jurídica gratuita y la renta mínima de inserción de varias comunidades, como Andalucía.
El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó una subida del 2% en sus Presupuestos para 2019 que no salieron adelante. Aunque el Ejecutivo socialista a aprobado varias medidas sociales de los presupuestos a través de reales decretos, el aumento del IPREM por el momento no ha quedado incluido en ninguno.
Otra meta de la estrategia se refiere a “la inversión social en las personas” y se desglosa en dos objetivos: una educación equitativa e inclusiva y la atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables.
Carcedo ha mencionado además la vivienda como una de las áreas en las que debe aplicarse esta estrategia, que marca como objetivo que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas.
