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El Gobierno prepara un decreto para facilitar la salida exprés de empresas de Catalunya

De Guindos asegura que las empresas "no tienen nada que temer" en Cataluña

B.C.B. / EP

MADRID —

El Gobierno estudia aprobar mañana un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan hacerlo sin necesidad de que la decisión requiera la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía. El decreto facilitaría el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.

Caixabank convoca al consejo el viernes para analizar el traslado de su domicilio fuera de Catalunya

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El cambio se ha negociado con el PSOE, según confirman fuentes socialistas, que esperan a dar su apoyo definitivo a conocer el texto de mañana. En principio en la votación para la convalidación del Decreto Ley se abstendrían y se aprobaría con mayoría simple. Las fuentes socialistas consultadas explican que entienden la necesidad de permitir acelerar este cambio por el sufrimiento de los depositantes de los bancos catalanes que estos días viven con preocupación la situación de la banca. Las fuentes reconocen que la situación se ha conducido muy mal por parte del Ejecutivo, pero que deben ayudar a que la tensión económica no se prolongue.

Consultado por este diario, el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero, asegura que "apoyaremos y defenderemos los intereses de los trabajadores y consumidores catalanes en caso de deslocalizaciones por la huida insensata hacia adelante que supone una DUI".

Todo apunta a que el cambio se introduciría en la Ley de Sociedades de Capital, en el capítulo VIII. A partir del artículo 285 y siguientes se define cómo debe cambiarse el domicilio social, para lo que se solicita la autorización de la Junta General de Accionistas. En 2015 se realizó una modificación para que se aligerara este cambio en el territorio, pero si los estatutos indican lo contrario, como en el caso de laCaixa, se mantiene el criterio de consultar a la Junta.

Otras compañías y entidades no obligan en cambio a este requisito, como es el caso de Banco Sabadell, cuyo consejo de administración ha aprobado este mismo jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante ante la incertidumbre política y económica que ha originado la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el pasado domingo.

La medida sería estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad declinaron hacer comentarios al respecto, al igual que fuentes de Caixabank.

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