Primera reunión en la mesa de negociación salarial de los funcionarios y termina con novedades. El Gobierno se ha abierto a negociar una actualización salarial de los trabajadores públicos para este año del 1,5%, para cubrir una parte de la pérdida de poder adquisitivo del colectivo por la inflación, según han informado fuentes sindicales. Además, se ha planteado una cifra del 2,5% para los salarios del próximo año. Las partes volverán a encontrarse este jueves para avanzar hacia un entendimiento. También se ha avanzado la cifra del 2% para 2024.
Los sindicatos tuvieron una mejora salarial del 2% para este 2022, frente a una inflación que ha acabado siendo muy superior a la que se esperaba al arranque del ejercicio, que en agosto alcanzó el 10,5%. Ahora tendrán un añadido del 1,5% retroactivo, una novedad que ha planteado el Ejecutivo y que reclamaban los sindicatos. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública han evitado valorar los avances en la negociación hasta que se cierre.
Desde UGT se ha señalado como insuficiente el incremento del 2,5% para el próximo año y se confía en que pueda elevarse en la segunda reunión, este jueves. En CCOO se entiende igualmente que es una cifra inferior a la esperada y apuesta por llegar al 10% en el conjunto de este año y los dos próximos. Los sindicatos esperan una nueva propuesta por parte del Gobierno para la siguiente reunión tras coincidir los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) que las cifras no eran aceptables.
“Para el 2023, el Gobierno sí sabe que la inflación va a estar alta. Nos parece muy lógico pensar que si el Gobierno reacciona para el 2022, tiene que contemplar que no es una coyuntura (...). Estaríamos más satisfachos si el 2023 tuviera el mismo tratamiento que el 2022. Tampoco estaría tan lejos”, ha asegurado Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos. CCOO también espera “un esfuerzo adicional” por parte del Gobierno para “compensar el poder de compra” que han perdido los funcionarios en los últimos años. El coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, ha recalcado que la inflación subyacente terminará el año en el entorno del 8% y del 6% en 2023, por lo que piden una subida salarial acorde.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha hecho una “valoración positiva” de este encuentro, en declaraciones recogidas por Europa Press, aunque como el resto de negociadores sindicales considera que la propuesta del Gobierno es “insuficiente” ya que “no corrige la pérdida de poder adquisitivo”. Además de una subida salarial, CSIF exige al Gobierno equiparación salarial, promoción interna, supresión de las tasas de reposición jubilación parcial anticipada para el conjunto de los empleados públicos. “Estamos muy alejados de llegar a un acuerdo. Mañana esperamos una propuesta más cerrada y más concreta”, ha agregado.
El Gobierno no precisa del acuerdo con los sindicatos para sacar adelante la subida salarial de los funcionarios. En el pasado, los distintos Gobiernos han informado a estas organizaciones de sus propuestas para las actualizaciones de la retribución de los trabajadores públicos, sin abrirse a negociar, algo que ha generado un malestar recurrente entre sindicatos. Se trata de un trámite necesario cuando se están redactando los Presupuestos Generales del Estado, la ley en la que se incluye la subida salarial de este colectivo, que engloba a más de 2,7 millones de trabajadores en España.
Desde UGT se asume que puede no haber acuerdo por las cifras, pero reconocen los avances al incluir una actualización para este ejercicio. Las organizaciones sindicales acudían a esta reunión con un objetivo múltiple. El primero, es que se reconociera que la subida salarial del 2% que se aprobó para el 2022. El segundo, que se negociara un marco plurianual que no tuviera el foco en el próximo año.
Paralelamente a la negociación salarial, los sindicatos aspiran a que un acuerdo global con el Gobierno sirva para abordar otras cuestiones que afectan a estos trabajadores. Esto incluye avanzar en una jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o el final de las tasas de reposición, que limitan la incorporación de trabajadores públicos. También otras cuestiones como la mejora de complementos de residencia, el precio del kilometraje o el reconocimiento de la situación del personal laboral en el exterior.