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El Gobierno prepara una fusión de ayudas a parados que perjudica a la mayoría de beneficiarios

Mariano Rajoy y Fátima Báñez.

Ana Requena Aguilar

El Gobierno ultima un cambio en las prestaciones de paro asistenciales, empujado, entre otras cosas, por varias sentencias del Tribunal Constitucional que anularon la gestión de dos de estos programas por invadir competencias autonómicas. Pero también por su compromiso con los sindicatos de unificar y ampliar una asistencia que resulta liosa. Sin embargo, según el borrador del texto con el que trabaja el Ejecutivo y al que ha accedido eldiario.es, Empleo plantea fusionar tres ayudas (el plan Prepara, el PAE, y la Renta Activa de Inserción) en una sola, la Renta complementaria de Desempleo (RED). Los criterios que introduce esta nueva ayuda perjudicaría a la mayoría de posibles beneficiarios, entorno al 60%, según cálculos técnicos.

Fuentes de Empleo aseguraban hace unos días que la negociación con los sindicatos para aprobar esta fusión de ayudas estaba avanzada. Las centrales, sin embargo, rechazan que así sea y, aunque aún están haciendo cálculos, señalan que el borrador del Gobierno en ningún caso mejora el sistema actual y que adolece de, como mínimo, las mismas lagunas.

El documento que Empleo ha entregado a los sindicatos habla de unificar el nivel asistencial de protección, es decir, los tres programas complementarios actuales (PAE, PREPARA y RAI) en uno solo: la Renta Complementaria de Desempleo (RED). El texto detalla cómo afectaría esta fusión a los potenciales beneficiarios en función de su edad, el tiempo que hayan cotizado y si tienen o no cargas familiares, pero lo hace en una maraña de situaciones que no aclara cómo los perceptores de las anteriores ayudas se pueden beneficiar de la nueva medida.

Los cálculos más detallados señalan que el 59% de beneficiarios saldría perdiendo. Estas estimaciones se hacen tomando como referencia los datos de 2017. El año pasado se produjeron 336.640 altas iniciales de beneficiarios que accedían a ayudas asistenciales porque no tenían un periodo cotizado suficiente para cobrar una prestación contributiva, esto es, el 56% de todos los beneficiarios asistenciales. Otras 241.677 altas (el 41% del total) se produjeron por agotamiento de las prestaciones y 18.188 (el 3%) correspondían a “otros colectivos”, es decir, a colectivos vulnerables que pueden solicitar esta ayuda.

En función de los nuevos criterios, tanto los beneficiarios con periodos insuficientes de cotización como los de otros colectivos saldrían perdiendo. Entre unos y otros suman 354.800 personas, el 59% de los beneficiarios que cobran alguna ayuda asistencial. ¿Por qué se verían perjudicados? Porque con el nuevo sistema el periodo de tiempo que cobrarían una ayuda sería inferior al que existe actualmente, es decir, la percibirían durante menos meses que si se mantuvieran los programas vigentes y pudieran transitar de unos a otros.

430 euros para todos

Lo que está claro es que la cuantía de la ayuda será igual para todos los perceptores, independientemente de su situación personal: unos 430 euros, sin tener en cuenta si tienen cargas familiares o no.

Otros cálculos consultados por este periódico muestran que el grupo de parados que agotan sus prestaciones contributivas, tiene responsabilidades familiares y más de 45 años salen ganando con el nuevo sistema. También lo hacen los desempleados sin cargas familiares que tengan más de esa edad. Sin embargo, empeora la situación de las personas que apenas tienen periodos de cotización y la de la mayoría de jóvenes. En el caso de los mayores de 55 años, la nueva ayuda no les supone mejora alguna.

En conclusión, la propuesta del Gobierno ofrece un sistema de protección “desigual e insuficiente” de ciertos grupos de parados de larga y muy larga duración y en ningún caso supone una mejora. Otras fuentes expertas consultadas asegura que en ningún caso esta nuevo diseño de las ayudas supondrá un aumento de la cobertura social y que sigue siendo “confuso” y “desigual”.

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